¿Pacto de Estado contra la violencia de género o contra los hombres?

Carla Toscano analiza las funestas consecuencias del "Pacto de Estado contra la violencia de género", que "liquida garantías constitucionales y acaba con algunos derechos civiles básicos para la mitad de la población"
"Una funesta consecuencia de un proceso ideologizado que, con la connivencia del miedo a ser señalado con la estrella amarilla del machismo, suprime garantías judiciales que son las que al fin y al cabo dan seguridad jurídica al individuo y fundamentan el Estado de Derecho."

Artículo de El Debate Hoy:

Desde hace unos años el tema de la violencia doméstica se nos presenta en todos los ámbitos de nuestra vida de forma ubicua, obsesionante. Este tipo de violencia no es nueva, ya que el maltrato entre hombre y mujer ha existido siempre, como consecuencia que es del mal y de ciertas patologías humanas, pero se puso de moda hace unos años en gran parte gracias a la especial debilidad que la izquierda española ha mostrado por el tema, ya que al desmoronarse sus bases ideológicas tras la caída de la URSS, ha necesitado rellenarse de los contenidos más variopintos (ecologismo, feminismo, etc) para no quedar vacía de discurso.

Quien más ha abrazado la causa de la violencia doméstica ha sido el feminismo radical, que dice luchar por los derechos de la mujer, percibiendo a ésta como a una víctima del machismo secular de la sociedad en que vivimos, ergo el hombre es la bestia negra que hay que combatir por todos los medios. Para culminar este proceso en el que hay que resarcir a la mujer de todos los agravios recibidos a lo largo de la historia, se impone el castigo sistemático del hombre, sea inocente o no -aunque para el feminismo el hombre nunca es inocente; nació con la marca de Caín por el mero hecho de ser hombre- a través de una fuerte e incansable campaña de demonización, y a través de leyes que favorezcan o privilegien a la mujer. El Pacto de Estado contra la Violencia de Género es una de las consecuencias más relevantes de esta nueva forma de entender las relaciones humanas, que plasma de forma perfecta el espíritu de venganza contra el sexo masculino, al tiempo que no soluciona el problema de las mujeres maltratadas, pero que en cambio llena los bolsillos de muchos.

Firmado el día 27 de diciembre de 2017, el Pacto incluye alrededor de 200 medidas y un presupuesto de 1000 millones de euros para los primeros cinco años.

Entre estas medidas se incluyen prevención y formación en los centros escolares, prevención sanitaria, protección de los huérfanos, supresión de la custodia compartida, revisión del derecho de dispensa para declarar, creación de unidades de apoyo y refuerzo de la seguridad. Hasta ahí lo podemos comprar.

Pero además el Pacto incluye unos puntos oscuros que hay que señalar por las consecuencias que traerán en el futuro:

1) La ampliación de la condición de víctima a las mujeres que no han denunciado. Esto puede ser un coladero para cobrar prestaciones, por no hablar del daño moral que implica para el supuesto maltratador: si hay una víctima hay un verdugo, y en este caso, en el momento en que a una mujer se le da la condición de víctima, sin pruebas, el hombre pasa a ser culpable sin juicio previo. Repetimos, sin pruebas.

Sobre este punto ya hemos visto diferentes iniciativas, como dar a los ayuntamientos el poder de retirar la custodia de los hijos sin denuncia previa o el acceso a viviendas públicas por parte de mujeres supuestamente maltratadas que no hayan denunciado.

2) Otro punto peligroso del Pacto es la implementación en los colegios y en todos los niveles educativos de programas para prevenir el machismo, que en la práctica implicará continuar con el adoctrinamiento ideológico y con la transmisión a los menores de la imagen deformada del hombre que difunde el feminismo.

3) La vigilancia de los medios de comunicación. Con la excusa de evitar la transmisión de una imagen estereotipada (?) de la mujer, se impondrá la censura de determinados contenidos y se limitará el derecho a la libertad de expresión.

4) Introduce el agravante por género: se castiga al hombre por el mero hecho de ser hombre, asumiendo que vivimos en una sociedad patriarcal, y se viola el principio de igualdad contemplado en el artículo 14 de la Constitución española: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

5) Se viola el principio de presunción de inocencia del hombre: la Constitución dice expresamente que toda persona contra la que se dirija un proceso será considerada inocente hasta que no se le declare culpable mediante sentencia judicial firme. Con este Pacto, si una mujer denuncia a un hombre, su palabra es suficiente para que a él se le considere culpable, o por lo menos, se activen medidas contra él.

6) No se contempla la violencia y maltrato contra el hombre. Todas las medidas del Pacto son aplicables exclusivamente a la violencia contra la mujer, vulnerando de nuevo el principio de igualdad contemplado en el artículo 14 de la CE que antes mencionábamos, y el 9.2, que obliga a los poderes públicos a velar para que esa igualdad sea real. El hecho de que todas las medidas protejan sólo a la mujer implica por parte del legislador el desprecio hacia la violencia de la mujer contra el hombre, situando a éste como un ciudadano de segunda, en una clara discriminación por razón de sexo.

7) La mayor parte de las subvenciones no llega a las víctimas, sino a políticos, sindicatos, observatorios creados al efecto y asociaciones varias, que se lucran en muchos casos cobrando ayudas públicas por presentar denuncias falsas.

8) Y la consecuencia más importante: la mujer que realmente ha sido maltratada sigue sin estar protegida, ya que al maltratador en la mayoría de los casos se salta la orden de alejamiento, y las penas por maltrato habitual o lesiones son muy leves; el maltratador en poco tiempo vuelve a estar en libertad. No hay medidas realmente eficaces y efectivas para proteger a la mujer; tantos millones de euros, ¿para qué?

En resumen, el sobrevalorado Pacto contra la Violencia de Género, alabado y reivindicado por todos los partidos políticos -menos Vox, el teniente Martín Cerezo del sentido común en el maremágnum feminista- liquida garantías constitucionales y acaba con algunos derechos civiles básicos para la mitad de la población. Es una funesta consecuencia de un proceso ideologizado que, con la connivencia del miedo a ser señalado con la estrella amarilla del machismo, suprime garantías judiciales que son las que al fin y al cabo dan seguridad jurídica al individuo y fundamentan el Estado de Derecho.