Luca Constantini expone la baja eficacia del gasto por parte de las comunidades autónomas para la violencia de género (con datos oficiales del 2019), y cómo el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE y Unidas Podemos) vuelve a dar otros 100 millones (con el objetivo de dar ayudas sin supeditarlas a la judicialización del caso) saltándose la ley presupuestaria, que indica que el Estado solo puede entregar subvenciones en función de lo que las Comunidades Autónomas han ejecutado el año anterior, una situación de ausencia de búsqueda de eficacia todavía más alarmante ante el estado de escasez de recursos y objetivos de gasto alternativos y excluyentes dada la magnitud de la crisis del coronavirus.
Una muestra donde lo importante son las promesas a lobbies por delante de garantizar su eficacia y por delante de la racionalización del escaso dinero, incluso en situación de recesión y con duras previsiones de pérdida de empleo.
Artículo de Voz Pópuli:
Sánchez pretende sortear la ley presupuestaria para dar 100 millones contra la violencia de género
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia de este sábado en Moncloa. EFE
El Gobierno de Pedro Sánchez quiere sortear un artículo de la ley presupuestaria para asegurar que este año las comunidades autónomas reciban otros 100 millones de euros para la lucha contra la violencia de género. La ley presupuestaria obliga el Estado a entregar subvenciones en función de lo que las regiones pueden ejecutar. En el caso de las medidas contra la violencia de género, esa cifra el año pasado fue del 30% de lo entregado, según datos oficiales. El decreto del Gobierno al que ha tenido acceso Vozpópuli plantea la "urgencia" de la crisis de la Covid-19 para ignorar las normas de racionalización del gasto público.
La entrega de esos 100 millones de euros se enmarca en la estrategia lanzada hace un año por Carmen Calvo, exministra de Igualdad, para mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso. El crédito tiene que ser destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad, campañas de sensibilización y prevención, entre otras iniciativas.
No obstante, a lo largo del año pasado, el Gobierno ha recibido datos contradictorios por parte de las comunidades autónomas. Las regiones solo ejecutaron, según la memoria del nuevo decreto ley, poco más del 30% de los 100 millones presupuestados. Al tratarse de una subvención, el dinero no ejecutado se queda en las arcas de las comunidades, y por ello la Ley presupuestaria (47/2003, en su artículo 86) establece que el año siguiente el Ejecutivo solo entregue una suma correspondiente a la ejecutada el año anterior.
Pero el Ejecutivo no está dispuesto a que esa cifra se reduzca, incluso en la situación actual de casi recesión y con duras previsiones de pérdida de empleo.
Racionalización del gasto en la crisis
La filosofía de la ley presupuestaria atañe a la racionalización del gasto público, vinculado a la capacidad efectiva de cada Comunidad de ejecutar lo que recibe por el Estado en el marco de sus finalidades. Ahora, sin embargo, el Gobierno de Sánchez habla de "urgencia" y "extraordinaria necesidad" para sortear la normativa, y evitar traicionar el espíritu feminista que ha defendido en sus campañas electorales hasta la manifestación del 8-M celebrada en plena escalada del contagio.
El decreto ley sobre la violencia de género así lo declara: “Con la finalidad de evitar tal descuento, que sería tan perjudicial para la lucha contra la violencia de género, facilitar la ejecución de los fondos transferidos en los últimos trimestres del año, y la propia necesidad de celebrar cuanto antes la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que se formalice la distribución de los fondos para 2020, quedan suficientemente acreditadas las razones de urgente y extraordinaria necesidad que justifican la medida adoptada mediante el presente real decreto-ley”.
Según la memoria económica del decreto establece que en 2019 al menos diez Comunidades Autónomas dejaron sin ejecutar más de la mitad de los fondos recibidos. Se trata por ejemplo de Galicia, Andalucía, Madrid, Cataluña y Canarias, entre otras. La más cumplidora fue Castilla y León (100% del gasto), y aunque Castilla-La Mancha aparezca con un desembolso nulo, fuentes del gobierno de Emiliano García-Page sostienen que ejecutaron el 97% del dinero recibido pero que el Gobierno todavía no lo ha registrado.
La urgencia planteada por el Ejecutivo de Sánchez, además de evitar el cálculo moldeado sobre el gasto real de las Comunidades, no incluye menciones sobre la crisis económica derivada del parón de la economía en las más de 30 páginas del informe. Cabe señalar que cuando una Comunidad Autónoma no se gasta todo el monto recibido, al tratarse de una subvención, puede guardar su dinero en sus arcas. Es decir que entre asegurar la inyección de dinero y garantizar su eficacia, el Gobierno ha apostado por el primer criterio, incluso en la crisis del coronavirus.
Artículo de Voz Pópuli:
Las autonomías sólo gastan el 30% de los fondos que reciben para la violencia de género
La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo Europa Press
Las Comunidades Autónomas se gastaron el año pasado solo el 30% de los fondos recibidos para atajar la violencia de género. El Gobierno entregó en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género un total de 100 millones de euros como subvención directa divididos proporcionalmente por cada Comunidad. La memoria económica incluida en el borrador del nuevo decreto ley de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género revela que los gobiernos regionales no han dado cobertura a todos los fondos recibidos, tal y como desvela este viernes Vozpópuli.
De acuerdo con los datos recogidos en la memoria económica del decreto, que lleva la fecha del 1 de abril, se detecta que solo una Comunidad Autónoma cumplió con creces su compromiso. Se trata de Castilla y León, del presidente Alfonso Fernández Mañueco (PP), que ha dado eficacia a todos los 7,5 millones de euros entregados en 2019 por el Gobierno para frenar la violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual.
Entre las Comunidades más cumplidoras según los datos oficiales se encuentran Aragón, Asturias y Extremadura. En esas tres regiones, la ejecución de las inversiones planteadas por el Gobierno se mueve en el horquilla del 60% y 70%. Concretamente, Aragón es la segunda región más cumplidora, con 3,7 millones de euros gastados de 4,7 recibidos. Asturias y Extremadura destinaron a la lucha contra la violencia de género 1,8 millones y 3,4, respectivamente.
Castilla-La Mancha representa por otro lado un caso atípico, puesto que el informe ministerial recoge un gasto nulo de los fondos establecidos, aunque fuentes del gobierno de Emiliano García-Page (PSOE) aseguran haber comprometido el 97% de los más de seis millones de euros recibidos por el Estado. El desfase entre los datos regiones y los gubernamental atañe, según esas fuentes, a que el ministerio todavía no ha incluido los últimos datos definitivos, que se remitieron en los últimos días.
10 Comunidades se gastan menos del 50%
Cantabria y La Rioja lograron ejecutar más del 50% de los fondos recibidos: 854.000 euros y 816.000, respectivamente. Todas las demás Comunidades están por debajo de esa cota. La Comunitat Valenciana, por ejemplo, se gastó 3, 5 millones de euros (40%); Cataluña entregó 4,6 millones (36%), Madrid, 1, 7 millones (17%) y Baleares y Murcia, 752.00 euros (18%) y 359.000 euros (10%). Galicia, Melilla, Ceuta, Canarias, Andalucía no han ejecutado más del 10% del dinero recibido.
En el texto del decreto ley, el Gobierno admite que la ejecución de los fondos públicos se ha dificultado por los procesos electorales del año pasado. "La ejecución de los fondos durante 2019 se ha visto afectada por la celebración de elecciones en varias Comunidades Autónomas y la consiguiente constitución de los gobiernos autonómicos, proceso durante el cual se ha suspendido o paralizado la ejecución de algunas medidas, o se han replantado otras, lo que ha devenido en una reducción del tiempo real para su ejecución"
Cabe destacar, por otro lado, que el dinero público no suele llegar a las Comunidades Autónomas con la eficacia con la que ellas desearían. Fuentes del Gobierno reconocen que este es uno de los problemas a los que se enfrentan los gobiernos regionales para ser más eficaces. De hecho, en el caso de los fondos contra la violencia de género, el Ejecutivo de Pedro Sánchez definió el reparto regional solo en marzo de 2019.
Plan liderado por Carmen Calvo
La entrega de esos 100 millones de euros se enmarcó en la estrategia lanzada por Carmen Calvo, ex ministra de Igualdad, para mejorar la respuesta institucional y permitir el acceso a los beneficios y derechos sociolaborales de las víctimas sin supeditarlo a la judicialización del caso. El crédito tenía que ser destinado al mantenimiento y mejora de las redes de recursos y servicios sociales de atención a las víctimas, en particular a las mujeres en situación de vulnerabilidad, campañas de sensibilización y prevención, entre otras iniciativas.
Al prometer la entrega de esos fondos y de otros 40 millones para los Ayuntamiento, Calvo dijo que desde 2003, cuando se comenzaron a elaborar estadísticas, 947 mujeres han sido asesinadas y 202 menores han quedado huérfanos, y calificó esa realidad de “terrible” y necesaria de erradicar.
Las subvenciones recibidas en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género obligan los ejecutivos locales a destinar esos fondos en el plazo de un año. No obstante, todo el dinero que no se han gastado seguirá almacenado en sus cajas, lo que en la antesala de una recesión por el coronavirus puede llevar a generar polémicas por la falta de eficacia del desembolso público.
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