martes, 1 de diciembre de 2020

Preparando la Constitución de 1931: la cuestión religiosa

Fortunata y Jacinta analiza, de manera muy amena, en su FORJA 044 el cuarto capítulo dedicado a la Segunda República española (quinto tras el capítulo de Introducción en FORJA 040), analizando algunos de los sucesos entre el 14 de abril de 1931 (fecha de proclamación de la II República) y el 9 de diciembre de 1931, fecha de aprobación de la Constitución del mismo régimen, dedicándole dos capítulos y centrándose en este capítulo en la cuestión religiosa y la masonería (lo que bullía justo antes de comenzar los debates sobre la constitución) y en exponer los primeros problemas (o enemigos) a los que hizo frente la II República.



Segunda República española. Preparando la Constitución

 de 1931: la cuestión religiosa

Buenos días, sus Señorías, mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es “¡Qué m… de país!” y hoy revisaremos algunos de los sucesos que tuvieron lugar en España entre el 14 de abril de 1931, día en que se proclama la Segunda República y el 9 de diciembre del mismo año, fecha en que se aprueba la Constitución del nuevo régimen.

Nosotros trataremos de ordenarnos de tal manera que, al final, logremos comprender –por ejemplo– tanto la preocupación como la profunda desilusión manifestadas por Ortega y Gasset el día 6 de diciembre, es decir, nueve meses después de proclamarse la República: “¡No es esto, no es esto! La República es una cosa. El radicalismo es otra. Si no, al tiempo”.

Cinco años más tarde, el 3 de julio de 1936, Miguel de Unamuno escribía en su artículo Justicia y bienestar: «Cada vez que oigo que hay que republicanizar algo me pongo a temblar, esperando alguna estupidez inmensa. No injusticia, no, sino estupidez. Alguna estupidez auténtica, y esencial, y sustancial, y posterior al 14 de abril. Porque el 14 de abril no lo produjeron semejantes estupideces. Entonces, los más de los que votaron la República ni sabían lo que es ella ni sabían lo que iba a ser ‘esta’ República. ¡Que si lo hubiesen sabido...!»

Y no olvidemos que Gregorio Marañón, uno de los “padres espirituales de la República”, terminó por considerarla un “fracaso trágico”, y a sus políticos como “desalmados mentecatos”, lamentando doloridamente haber sido amigo de tales “escarabajos”. Y cuando estalló la guerra apoyó a Franco.

Incluso personalidades relevantes del socialismo como Andrés Saborit, Besteiro y Lucio Martínez Gil, vieron desde el principio los peligros de poner en marcha una república antes de que la organización laboral hubiera adquirido la suficiente madurez. Porque en gran medida lo que advino fue una República prematura en la que la mayoría de los partidos políticos estaban mal organizados y contaban con muy pocos afiliados. La situación se agravó, además, porque el cambio de régimen vino acompañado de un fuerte cambio generacional que llenó el hemiciclo de políticos ingenuamente ilusionados con la utopía republicana pero que asumían el cargo de diputado por primera vez.

Y luego estaba, por supuesto, la cuestión masónica que tantísima influencia tuvo en la redacción de la Constitución de 1931 a propósito de las nuevas relaciones que, desde la república, interesaba establecer entre la Iglesia y el Estado. La cuestión religiosa: el tema estrella de todo este periodo. Es importante resaltar el enorme número de políticos masones que formaron parte del gobierno de la Segunda República. Según Gómez Molleda, de los 470 diputados en las primera Cortes, eran masones nada menos que 151, una cifra absolutamente desproporcionada si tenemos en cuenta que en todo el país no habría más que unos miles de miembros de la masonería.

Un dato para abrir boca: el 20 de abril de 1931 (fíjense ustedes en las fechas) se celebró la Asamblea nacional de la Gran Logia española en la que, acorde al modelo masónico, se planteaba un esquema laicista de Estado. Y en este punto es obligado subrayar las diferencias entre laicismo y laicidad: laicidad es Estado aconfesional, es separación entre Iglesia y Estado. Laicismo, en cambio, “es el intento de despojar al hombre del sentido religioso en la vertiente social; es condenar lo religioso a arresto domiciliario, recluirlo al foro privado de la conciencia individual”. ¿Recuerdan ustedes lo que comentamos en el capítulo 43 acerca de la conciencia subjetiva? Pues aquí vemos esa doctrina funcionando a matacaballo. Es decir, el laicismo es pura ideología, esto es, conciencia falsa; porque toda conciencia entendida como subjetiva es sinónimo de conciencia falsa.

Ya veremos en otra ocasión –y con más detalle– por qué la masonería defiende el laicismo. De momento queremos subrayar el interés que había en apartar de la enseñanza a la Iglesia católica y, de forma más concreta, en hacer desaparecer a los jesuitas de la vida nacional. El propio Vidarte —masón y socialista— nos recuerda en sus memorias cómo “antes de empezar la discusión, los diputados masones recibimos, a manera de recordatorio, una carta del Gran Oriente en la que marcaba las aspiraciones de la Masonería española y nos pedía el más cuidadoso estudio de la Constitución”. De hecho, durante el mes de agosto de 1931 se celebraron una serie de reuniones entre diputados masones, sin hacer distinciones de carácter partidista, para fijar criterios unitarios de acción política contra la Iglesia. En estas reuniones los masones no se comportaron como una totalidad distribuida en los diferentes partidos sino como una totalidad atributiva solidaria contra la Iglesia.

En definitiva, la Gran Asamblea de la Gran Logia Española propuso a la izquierda una serie de medidas como la “expulsión de las órdenes religiosas extranjeras” y “la escuela única, neutra”, así como “Trabajo obligatorio controlado por el Estado y repartido a medida de las fuerzas y aptitudes de cada uno”, dando a los políticos la potestad de determinar las fuerzas y aptitudes de cada cual. Asimismo, pedía un “Estado federal” (aunque cuando decía esto no sabía muy bien lo que decían).

Pues bien, justo un mes después, la Gran Logia española acordó enviar una carta a Marcelino Domingo, ministro de Instrucción pública y hermano masón, en la que se comentaba con satisfacción cómo “algunos de los puntos acordados en dicha Gran Asamblea han sido ya recogidos en el Proyecto de Constitución pendiente de aprobación”, añadiendo: “celebraríamos que usted se interesase para que fuesen incorporados a las nuevas leyes que ha de dictar el Primer Parlamento de la República los demás extremos de nuestra Declaración que aún no han sido aceptados”. En fin, más claro agua: Marcelino es el ministro de instrucción pública… y lo que interesa es ocupar el ministerio de Educación, igual que en Francia los masones ocuparon de forma continuada el ministerio de Instrucción pública.

En cualquier caso, frente a teorías conspiranoicas que con calzador hacen que todo esté conectado con todo, no hay que olvidar que la masonería es solo una manifestación de otras tendencias sociales, no la única ni forzosamente la principal. A este respecto, el historiador Gabriel Jackson retrata muy bien las distintas corrientes ideológicas que circulaban en el momento: “La República era identificada con la lucha contra la Inquisición, con los erasmistas del siglo XVI, los afrancesados del XVIII y los krausistas del XIX y XX. La defensa de la Iglesia era identificada con la misión nacional de España en la Reconquista y contra los pecados del liberalismo y del materialismo”. Se parece bastante a lo que sostienen hoy día nuestros lechuzos, los ideólogos de la memoria histórica, que se han comido la leyenda negra con patatas: la república es el Bien y es de izquierdas. Todo lo demás es esa España frailuna y oscurantista que es necesario aniquilar. ¡Mani vive!

No queremos cerrar esta introducción sin recordar que Don Niceto Alcalá-Zamora escribió en 1936 Los defectos de la Constitución de 1931 donde, en relación a la Constitución de 1931, escribía que “no fue siempre el parecer de la mayoría de ésta (se refiere a la Comisión) el que con meditación se impuso”. Y que fue redactada “de espaldas a la realidad nacional (…) Se procuró legislar obedeciendo a las teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España”.

Los primeros disturbios

Como comentamos en el capítulo 42, en la tarde del 14 de abril el Comité Revolucionario, presidido por el exministro de la Corona Alcalá-Zamora, tomó el poder en el caserón de Gobernación en la Puerta del Sol y lo hizo sin ningún tipo de oposición. De acuerdo con el Pacto de San Sebastián, el Gobierno provisional pensó en celebrar elecciones lo antes posible para elegir unas Cortes Constituyentes.

Muy pronto la frágil situación social se haría evidente frente a dos problemas institucionales básicos: el Ejército y la Iglesia. Otra cuestión urgente era emprender la reforma agraria, la ordenación del campo, pero parece que los del nuevo gobierno republicano prefirieron dedicar sus energías a despojar de toda influencia a la Iglesia y dejar al gobierno de Franco lo de la reforma agraria, esto es, la parte difícil (ups).

En fin, la pregunta sería ¿qué motivó la tremenda inestabilidad que azotó al nuevo régimen prácticamente desde el primer día? Pues bien, el historiador Pío Moa nos recuerda que “los primeros enemigos de la República no fueron las derechas ni los católicos, sino los comunistas, que llamaron desde el primer día a derrocarla (más tarde cambiarían de táctica), y sobre todo los anarquistas, mucho más poderosos entonces, que organizaron varias insurrecciones sangrientas”. Comunistas y anarquistas decían enfrentarse a una república burguesa, por lo que sus ataques eran coherentes con sus respectivas ideologías.

Cuenta el historiador Eladio Romero García que el día 15 de abril, esto es, un día después de proclamarse la Segunda República Española, regresaba a España Buenaventura Durruti, uno de los dirigentes de la nueva organización anarquista, quien expresó: «La República apenas si nos interesa; la aceptamos como punto de partida de un proceso de democratización social...» Inmediatamente la FAI –la Federación Anarquista Ibérica, sociedad secreta terrorista formada en la clandestinidad en el seno de la CNT durante la Dictadura de Primo de Ribera– se consideró en guerra contra la República burguesa y el 1 de mayo lanzó su primer aviso serio. En el Palacio de Bellas Artes de Barcelona se celebró un gran mitin en el que se elaboró una lista de reivindicaciones obreras: disolución de la Guardia Civil, expropiación de las pertenencias a órdenes religiosas, desaparición de los monopolios, reparto de los cotos de caza, etc. El cierre del mitin causó heridos y muertos y, después de eso, los conflictos y las huelgas se sucedieron por todo el país. En Madrid, Sevilla y Málaga los conventos comenzaron a arder y esta anarquía incendiaria fue el arranque de otros desórdenes públicos en los que participaban las masas del sindicato anarquista CNT, cuyo control quedó en manos de la FAI hasta vísperas de la Guerra Civil.

Salvador de Madariaga atribuyó a la irresponsabilidad de estas organizaciones obreras parte de la culpa de que la esperanza republicana se convirtiera, ya en 1931, en república imposible.

La espinosa cuestión religiosa

Como ya hemos adelantado, los republicanos anunciaron inmediatamente su determinación de crear un sistema de escuelas laicas según el modelo laicista de Estado, introducir el divorcio y el matrimonio civil, secularizar los cementerios y reducir, si no eliminar, el número de órdenes religiosas. La Iglesia recomendó respeto por las nuevas autoridades constituidas pero la situación generó un intensísimo debate público entre la prensa católica: el diario El Debate y el ABC, ambos monárquicos. El primero defendía que los principios fundamentales católicos de la familia, propiedad y orden social podían ser garantizados por las distintas formas de gobierno. El ABC los acusó de cobardía, afirmó que en España sólo la monarquía podía garantizar el orden social católico y anunció la creación del Círculo Monárquico.

El 6 de mayo el Gobierno decretó que la enseñanza católica dejaba de ser obligatoria en las escuelas públicas. Al día siguiente se publicó la famosa Pastoral del cardenal Segura, arzobispo de Toledo, primado de la jerarquía eclesiástica en España, mientras oradores callejeros pedían la expulsión de las órdenes religiosas.

El 10 de mayo se produjo una trifulca frente al Círculo Monárquico a lo que siguió una amenaza de huelga general para el 11 de mayo. A mediodía de ese día 11 empezaron a arder los primeros conventos. Miguel Maura, entonces ministro de la Gobernación, amenazó con dimitir si no se utilizaba de inmediato a la Guardia Civil, pero el Gobierno se negó y no aceptó la dimisión de Maura.

Si atendemos a las cifras que entonces publicaron el diario El Sol y el New York Times, en total fueron atacados 6 conventos en Madrid y 15 entre Málaga, Sevilla, Cádiz y Alicante. Estos son los datos que maneja Gabriel Jackson en su libro “La República española y la Guerra Civil” y a este respecto merece la pena señalar una interesante nota a pie de página que el hispanista estadounidense introduce para justificar por qué no da validez a las cifras ofrecidas por Antonio Moreno Moreno, el historiador que denuncia, no 21 ataques, sino 119. Dice así Jackson: “Los sacerdotes sufren del exagerado complejo de persecución”. Y añade: “El Sol y el New York Times son periódicos celosos de su reputación de fidelidad y juego limpio”. Después se pregunta –con un punto de malicia que no disimula– por qué no reaccionó la población católica, si tan católica era: “Si un puñado de republicanos, sabiendo lo fácil que era descreditar a la República, disuadieron o avergonzaron a los posibles incendiarios, ¿dónde estaban los millones de católicos que pudieron evitar todos los ataques, excepto los primeros que se produjeron por sorpresa?” Y de alguna manera justifica la inacción por parte del Gobierno durante 48 horas: no querían desacreditar al nuevo régimen disparando contra españoles pues consideraban que la República debía dirigir al pueblo tan solo por la persuasión.

El Gobierno calificó la Pastoral del cardenal Segura como una “velada belicosidad” y le reprochó el haber provocado la violencia anticlerical, lo declararon persona non grata y lo expulsaron de España. Como respuesta, el Gobierno proclamó la completa libertad religiosa, prohibió las imágenes religiosas en las aulas, emitió decretos que prohibían a los altos funcionarios civiles y militares participar en las ceremonias religiosas públicas y, de paso, ordenó el cierre temporal de los diarios ABC y Debate. Asimismo, surgieron amenazas por parte de los ayuntamientos republicanos para confiscar las escuelas católicas. El 3 de junio, los obispos españoles enviaron una Carta al gobierno denunciando la violación del Concordato y de las leyes fundamentales de España.

La fecha de las elecciones a Cortes Constituyentes quedó fijada para el 28 de junio, dándose inicio a una campaña muy apasionada y movidita. Pero este tema lo dejaremos ya para el próximo capítulo porque aquí hay tea marinera.

Y hasta aquí este capítulo de “¡Qué m… de país!”. Damos las gracias a nuestros mecenas y colaboradores y recuerda “Si no conoces a tu enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla”.

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