Elentir muestra la carta enviada por los colombianos al Parlamento Europeo ante la ola de violencia izquierdista destada en su país, aprovechando unas iniciales legítimas protestas (que fueron escuchadas y aceptadas).
Artículo de Contando Estrelas:
La extrema izquierda está repitiendo en Colombia la estrategia de utilizar el terrorismo callejero para conseguir por la violencia lo que no logra por las urnas.
Colombia lleva muchos años resistiéndose a la violencia comunista, manifestada en dos bandas terroristas, las FARC y el ELN, que han provocado miles de muertos en el país. Hace unos días, miembros del exilio cubano y venezolano alertaban que “los tentáculos del comunismo se han extendido a Colombia”, una maniobra alentada y apoyada por los gobiernos comunistas de Cuba y Venezuela para desestabilizar a un país democrático.
Lo alarmante, una vez más, es comprobar que esta maniobra de desestabilización está recibiendo apoyo exterior más allá de Cuba y Venezuela, entre otros sitios desde la Unión Europea. Ante ello, un grupo de ciudadanos colombianos residentes en Francia, Alemania y el Reino Unido han tomado la iniciativa de redactar una carta abierta al Parlamento Europeo. “Está abierta a la firma de todos los colombianos, venezolanos, españoles, franceses, alemanes, etc que la quieran firmar”, señalan. En el texto piden al Parlamento Europeo “renunciar al apoyo que cándidamente otorgan a veces a fuerzas que trabajan para destruir el sistema democrático de Colombia”.
Podéis leer el texto íntegro de la carta a continuación, una carta que -por supuesto- suscribo íntegramente (las negritas son mías):
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Carta abierta al Parlamento Europeo
Respetados señores,
Ante la grave situación que está viviendo Colombia nosotros, ciudadanos colombianos de diversos sectores de la sociedad civil y algunos residentes en Europa, solicitamos a la Unión Europea solidaridad auténtica ante los hechos dramáticos de estos días. Grupos violentos y armados que han infiltrado las marchas pacíficas programadas por jóvenes y trabajadores, ejecutan un asalto contra la sociedad civil y el Estado colombiano.
Los colombianos, en su historia de más de 200 años de vida republicana, jamás se han dejado imponer la voluntad de los violentos.
La Constitución Política impone a las ramas y órganos del poder público el deber de proteger la vida, honra y bienes de todos los habitantes del país y garantiza el ejercicio de sus derechos y libertades, al mismo tiempo que hacer cumplir los deberes de todos ante el Estado y la sociedad.
Según nuestro ordenamiento jurídico, toda conducta criminal debe ser investigada y sancionada judicialmente por las autoridades competentes.
Como ciudadanos de bien, urgimos a los organismos internacionales y, en particular, al Parlamento Europeo, a adquirir un conocimiento exacto de lo que está sucediendo en Colombia, en vista de que circulan mentiras enormes en redes sociales y en cierta prensa que publica, sin verificar, las informaciones que recibe de fuentes heterogéneas.
Exhortamos a la Unión Europea y, en particular, al Parlamento Europeo, a visitar las ciudades y regiones más afectadas, como Bogotá, Cali, Medellín y otras, que están sitiada por fuerzas irregulares y armadas.
Rechazamos categóricamente los hechos violentos que desde hace más de trece días azotan a Colombia. Rechazamos, así mismo, todo intento de derrocar a las autoridades elegidas democráticamente y cualquier intento de cambiar el régimen político y social del país mediante golpes de mano y asonadas sangrientas.
Estamos convencidos de que la fuerza pública colombiana está cumpliendo con el deber que le dicta la Constitución política y está defendiendo al Estado de derecho ante la amenaza subversiva que se cierne sobre las ciudades y la población.
Reconocemos la importancia de escuchar las voces de los jóvenes que salieron a expresar su descontento. Sin embargo, el gobierno nacional retiró la reforma tributaria, inoportuna y excesiva, que creó angustia y malos entendidos entre ellos y en varias capas de la sociedad. El gobierno invitó al diálogo a los distintos sectores de ésta para estudiar las medidas que permitan contener la crisis económica.
Las marchas de protesta desde ese momento perdieron su objetivo. Sin embargo, las manifestaciones callejeras continuaron y degeneraron rápidamente en actos masivos e ilegales de destrucción que provocaron más de 1.500 heridos y una veintena de muertos. La mayoría de esas víctimas son miembros de la fuerza pública y civiles.
El resultado de esas violencias es que, en estos momentos, lo que está en juego no es la retirada de una reforma fiscal sino la continuidad misma de la institucionalidad democrática de un país que ha podido sortear todos los embates contra la democracia sin necesidad de acudir a los sistemas dictatoriales que han padecido otros países de América Latina.
El preocupante balance de destrucción y caos generados por las fuerzas que infiltraron las marchas pacíficas nos obliga a pedir al Parlamento Europeo el envío de una misión de observación. Esta podrá constatar que hasta las misiones médicas que han tratado de ayudar a las víctimas han sido atacadas y obligadas a la inmovilidad.
De los graves disturbios de estos días podemos hacer un breve resumen:
- Más de 703 civiles fueron heridos y 18 murieron en siete ciudades del país.
- Más de 835 policías (782 hombres y 53 mujeres) fueron heridos y uno fue asesinado: el Capitán Jesús Alberto Solano Beltrán, de 34 años, quien falleció tras ser apuñaleado por haber intentado impedir el saqueo de un cajero automático en Soacha.
- 979 buses urbanos y zonales fueron vandalizados; 5 de ellos fueron incendiados.
- 63 vehículos oficiales han sido incinerados y atacados.
- 69 estaciones de transporte urbano han sido vandalizadas.
- 407 cajeros automáticos han sido atacados.
- 313 tiendas y establecimientos de comerciales han sido saqueados.
- 90 estaciones de Policía han sido atacadas.
- 21 centros de atención inmediata (Cai) de la Policía fueron incendiados.
- 421 oficinas bancarias fueron vandalizadas.
- 29 semáforos fueron destruidos.
- 4 estatuas fueron derribadas, 3 instalaciones artísticas fueron destruidas y 7 monumentos culturales fueron deteriorados.
- 2 edificios de gobernaciones fueron atacados.
Por otra parte, tres de las principales ciudades del país tienen ahora graves problemas de abastecimiento alimentario, humano y animal, y de medicinas (como vacunas y balones de oxígeno para los hospitalizados por Covid-19), por la obstrucción que ejercen brutalmente los piquetes de “huelguistas”, algunos armados, en las carreteras de acceso a las ciudades y amenazando incluso las vidas de quienes intentan buscar alimento para sus familias.
De las 1.708 empresas en Cali, el 41% está cerrado, un 47% está trabajando a media máquina y el 86% de los trabajadores no puede producir, según la Cámara de Comercio de esa ciudad. Durante 13 días, los retenes de los irregulares impidieron que Cali recibiera alimentos.
La pandemia del Covid ha llevado a la muerte a 77.359 personas en Colombia. Ha deprimido la economía nacional y ha generado, en particular, un déficit presupuestal enorme. El Producto Interno Bruto (PIB) del país cayó un 6,8% en 2020.
Otro factor que agrava el déficit presupuestal es el permanente y desmedido flujo de refugiados venezolanos a quienes el gobierno de Colombia les ha tendido la mano. Cerca de medio centenar de venezolanos han sido capturados durante la realización de actos violentos en Colombia. Una decena ha sido expulsada del país. También fue expulsado de Colombia, la semana pasada, Omar Rafael García Lazo, el primer secretario de la Embajada de Cuba en Bogotá, por “actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena”.
Colombia sufre, además, las consecuencias de un aumento exponencial de los cultivos de coca y otras plantas ilegales, sobre todo desde la firma del pretendido “acuerdo de paz” de 2016 entre el presidente Juan Manuel Santos y la jefatura de las FARC que busca disculpar el crimen de narcotráfico dándole el estatuto de “delito conexo al delito político”. Sobra anotar que las enormes exportaciones ilegales de cocaína (algunos decomisos realizados en los tres últimos años por Colombia y países aliados en los océanos Pacifico y Atlántico involucran toneladas de esa substancia) son el mayor, pero no el único, combustible para la violencia subversiva en Colombia.
Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia, ha dicho que los hechos de violencia “son premeditados, organizados y financiados por grupos de disidentes de las FARC”. Ese grupo “disidente” no firmó el citado “acuerdo de paz”. Otros violentos tienen nexos con la otra guerrilla marxista, el ELN. El presidente de Ecuador, Lenin Moreno, declaró la semana pasada que Nicolás Maduro hace parte de quienes incitan la violencia en estos momentos en Colombia.
Colombia necesita que la comunidad internacional y, en especial, el Parlamento Europeo, estudien de manera urgente y con gran seriedad los pormenores de la situación de Colombia y respalden, firme y consecuentemente, las instituciones democráticas y la sociedad civil colombiana, repudiando enérgicamente, la violencia de los grupos que están ensangrentando el país.
La comunidad internacional y, en especial, el Parlamento Europeo, deben renunciar al apoyo que cándidamente otorgan a veces a fuerzas que trabajan para destruir el sistema democrático de Colombia.
Como colombianos pedimos al Parlamento Europeo y a la comunidad internacional manifestar su solidaridad plena con un país libre y soberano que corre el riesgo en estos momentos de ser devastado por el terrorismo mediante fuerzas ubicadas dentro y fuera de su propio territorio.
12 de mayo de 2021
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