La paradoja de los riders que no quieren ser fijos

Otra idea pésima para el empleo y los consumidores de las que el gobierno del paro y el "bienestar de la gente" se vanagloria. 

Como bien se expone en este tuit y otro artículo enlazado, la prohibición de los riders autónomos tiene consecuencias obvias para el empleo (eliminación de muchos riders que no serán contratados por las empresas obviamente), los restaurantes (el único salvavidas que han tenido muchos) y el propio servicio al cliente (menos servicios, menos horas de servicios al cliente, fin del servicio según la población), la libertad de los autónomos (contratos y horarios fijos en lugar de poder elegir como hasta ahora según sus necesidades) y salarios (si bien algunos pueden salir beneficiados, los más recientes, otros desde luego saldrán muy perjudicados, los que llevaban más tiempo). En muchos casos pasarán de cobrar más de 2.000€ y horarios flexibles a cobrar el salario mínimo con horario fijo, contrato temporal y muchos otros directamente al paro (bien porque no serán contratados, bien, porque no pueden cubrir por necesidades personales los horarios rígidos que les serán impuestos). 

El Gobierno prohíbe los riders autónomos. Muy bien, veamos las consecuencias... Riders que cobraban 2.500 euros al mes y elegían su horario pasarán a cobrar salario mínimo con horario fijo y contrato temporal o directamente se irán a la calle. Genios! https://t.co/DF3UYaP4MA

— manuel llamas (@manuel_llamas) May 12, 2021

Un exitazo del gobierno, sin duda, que sigue legislando en el siglo XXI los nuevos y flexibles trabajos y modelos con la rigidez de sus esquemas del siglo XX. 

Modelo del mundo, dice la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz...

Artículo de El Español: 

España se ha convertido en el primer país del mundo en tener una regulación específica para los trabajadores de las plataformas digitales. Son los conocidos como riders, que prestan servicio de forma principal a las plataformas de comida rápida, como Glovo o Deliveroo. 

El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros en línea con lo fijado por el Tribunal Supremo (que reconoce la relación laboral entre estos repartidores y las plataformas) modifica el Estatuto de los Trabajadores y obliga a estas empresas a contratarlos en un plazo de tres meses.

Dicho de otra manera. Estos trabajadores pasarán de ser autónomos (según varias sentencias judiciales que los consideran falsos autónomos y, por lo tanto, trabajadores por cuenta ajena) a asalariados de las distintas compañías.

Pero a pesar de que la ministra de trabajo, Yolanda Díaz, ha afirmado que la norma "va a cambiar el signo de los tiempos porque ningún país se ha atrevido a legislar en esta materia", no parece que el Gobierno vaya a conseguir el objetivo deseado.

Más bien lo contrario. 

Subcontratación de trabajadores

Las plataformas, que se consideran abandonadas por la patronal, consideran que la ya conocida como Ley Rider acabará con un 70% de los actuales puestos de trabajo y generará 250 millones de euros en pérdidas a los restaurantes que ya no podrán contar con estos trabajadores.

Restaurantes que, en muchos casos, han visto como el servicio a domicilio se convertía en su única fuente de ingresos durante la pandemia debido a los cierres a los que han sido obligados por los gobiernos central y autonómicos. 

Las plataformas también consideran que deberán dejar de prestar servicio en aquellas pequeñas y medianas ciudades donde el servicio de entrega a domicilio dejará de ser rentable por la nueva normativa. 

Es muy probable, además, que estas empresas acaben subcontratando los servicios de rider a otras empresas. Empresas que podrían ser en realidad cooperativas de autónomos. O empresas que concentren los horarios de trabajo para limitar al máximo el número de efectivos requeridos.

En cualquier caso, y sea cual sea la salida que busquen las plataformas de entrega a domicilio, parece obvio que se perderán puestos de trabajo respecto al modelo actual, basado en los autónomos. 

Picaresca disparada

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Bien está buscar una regulación que proteja a los trabajadores. Pero también es cierto que en un mercado como el actual (y en una economía digitalizada y globalizada) no se pueden tratar las relaciones laborales como si estas fueran las mismas que en 1980. El mundo ha cambiado y las relaciones laborales también. La Ley Rider no nos lleva por tanto al futuro, sino que nos devuelve al pasado. 

La norma ha sido, en fin, una ocasión perdida para mirar al futuro y legislar de modo que los empleados puedan gozar de protección social sin perder esa flexibilidad que les permite poder elegir en cada momento para quién y cómo trabajan.

También ha sido una oportunidad perdida de buscar nuevas figuras laborales que actualicen el Estatuto de los Trabajadores y lo adapten a las necesidades de los trabajadores y las empresas del siglo XXI, y no a los del siglo XX.

Y es que no se trata sólo de los riders. Hay numerosas profesiones nuevas que no están encuadradas en los estándares actuales y que habrá que regular durante los próximos años. Y eso requiere luces largas, no cortas. 

Empleos poco remunerados

La ley ha sido también una oportunidad perdida para buscar la manera de que estas nuevas plataformas paguen impuestos como cualquier otra. No le falta razón al Gobierno cuando intenta evitar que estas empresas construyan sus negocios sobre empleos poco remunerados y sin pagar cotizaciones sociales. Algo a lo que suma el hecho de que muchas de ellas tampoco pagan sus impuestos en España. 

Es una cuestión polémica. Tanto, que la propia Glovo ha abandonado la CEOE después de que la patronal firmara el acuerdo con el Gobierno y los sindicatos. La plataforma considera que no se han defendido sus posiciones y de ahí que haya optado por salir de la asociación.  

Es necesario un debate serio de la normativa fiscal para que a una misma actividad le corresponda también el pago de los mismos impuestos. La nueva Ley Rider es una ocasión perdida para avanzar en este campo. Esperemos que durante su último trámite parlamentario se corrijan estas imperfecciones.