Un nuevo atentado contra la libertad se produce hoy con la aprobación de la ley Sinde, que permitirá el cierre de páginas web y blogs con la creación de una importante inseguridad jurídica.
Y es que con esta ley, se aprobará hoy la 'policía' cultural de Internet, con representación de las sociedades de gestión de derechos de autor que tendría la capacidad de cerrar y bloquear páginas web que, en su opinión y sin el concurso previo de un juez, ayuden de alguna manera a la descarga o intercambio de archivos. Pero es que además, la ley incorpora nuevos conceptos, yendo más allá del ánimo de lucro, como el "ánimo de lucro indirecto" o "pretensión de causar daño" lo que implica un importante componente subjetivo.
Un ejemplo podría ser un blog sin lucro alguno, que publica un artículo de opinión contra la SGAE y que incluyera algún enlace a otra página, y que ésta sí que tuviera algún tipo de descargas.
En cuanto al tipo de páginas que perseguiría la nueva ley, figuran en primer lugar las que facilitan la descarga gratuita de archivos, "especialmente películas y música", pero el texto permite más interpretaciones, ya que con la ley en la mano, una web que incluye un enlace a un sitio de intercambio de archivos tipo P2P podría ser cerrado, o un blog donde se ha subido una foto de la que no se tiene derechos.
Además, como la decisión no la toma el juez, sino la parte interesada y política, podemos volver a situaciones de la dictadura, donde se cerraba un medio, y se le daba la oportunidad de recurrir por la vía contencioso-administrativa, dándoles la razón los tribunales hasta tres años después de la ejecución de la medida, pero habiéndose producido ya un daño irreparable.
También con este ley, el Gobierno deberá llegar a un acuerdo con operadores y proveedores de Internet. Serán éstos agentes los encargados de facilitar a la comisión los datos de los propietarios de las páginas que consideran que atentan contra la ley, vulnerándose de esta manera "derechos fundamentales como el derecho a la privacidad de las comunicaciones".
Si el anteproyecto prospera, que un proveedor revele detalles personales de un usuario dejará de ser infracción.
Además, y como indica el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno no ha tenido en cuenta la saturación que puede provocar la participación de la Audiencia Nacional en el proceso posterior a la decisión de bloqueo o cierreo cierre de la web, y si tenemos en cuenta como va de lenta la justicia y los pocos medios y personal para temas en algunos casos tan importantes, es agravar aún más el problema.
El aluvión de fallos judiciales favorables a páginas P2P está dejando en evidencia a la ministra de Cultura, lo que muestra la verdadera intención del Gobierno, que pretende de esta manera evitar que se haga Justicia,
entregado como está a los intereses privados de las entidades de gestión, tales como la SGAE.
En definitiva, un procedimiento digno de un régimen autoritario, y que se producen la misma semana en la que Chavez dice que "La Internet no puede ser una cosa libre, donde se haga y se diga lo que sea" acabando de aprobar la constitución de comisarios políticos que decidirán qué webs tienen derecho a existir y cuáles no según atenten “contra la paz social”, es decir según sean críticos o no con el régimen.
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