El siguiente artículo analiza uno de los mayores riesgos de la medida aprobada sobre el ingreso mínimo.
Este proviene precisamente de disparar la economía sumergida, pudiéndose así cobrar varios salarios, el ingreso mínimo y el trabajo en negro, desincentivando la búsqueda o el trabajo legal. Esto es peligroso, porque disparas el gasto de sufragarlo, aumentas la tasa oficial de desempleo, aumentas las bolsas de beneficiarios (cuando el objetivo de una buena política es reducirlo, si no es así, es un fracaso), reduces la recaudación, conllevando a mayores impuestos al resto, desincentivando aún más la actividad económica, la inversión y contratación de manera legal, en una espiral peligrosa.
Por otra parte, el único riesgo no proviene de la economía sumergida, sino de imposibilitar la escalada social y desincentivar el trabajo en capas de baja cualificiación. Por ejemplo, una familia con dos hijos donde sólo uno de los adultos esté en condiciones de trabajar cobrará 1015€ de ayuda, cuando dada su baja cualificación, experiencia, problemas con el idioma...podría encontrar trabajo por 900, 950,1000, o pongamos incluso 1100€. En los primeros casos obviamente trabajar le sale poco rentable. E incluso cobrando 1.100€ implica que trabajar 8 horas al día durante todo el mes le supondrían 85€ (la diferencia de cobrar 1.100€ por trabajar o 1.015 por no hacerlo).
El incentivo a no trabajar es obvio en ciertos supuestos, y si se puede complementar con trabajo en negro...
Artículo de El Economista:
En los tres meses que se van a cumplir desde el decreto de estado de alarma el mercado laboral ya encaja el devastador impacto de la crisis sanitaria, en casi la totalidad de los sectores productivos. Uno de ellos es el colectivo de las empleadas del hogar que han visto como la ocupación ha caído en estas semanas un 6% pasando de contabilizar el 397.000 inscritas en la Seguridad Social a registrar a finales de mayo a 374.000 personas. Este hecho, junto con el desplome del empleo en los sectores de menor cualificación y peor remunerados en nuestro país tras el parón productivo impuesto por el confinamiento está generando preocupación sobre un factor colateral ajeno a la evolución nefasta del mercado laboral: la aprobación del ingreso mínimo puede generar nuevas bolsas de economía sumergida asociadas a los empleos más precarios.
Más aún cuando, por ejemplo, en el caso de este colectivo de empleadas del hogar se han recibido un total de 27.815 solicitudes del subsidio extraordinario aprobado para estas trabajadores por el Ministerio de Seguridad Social hace escasas semanas para abordar las necesidades derivadas de la pérdida de puestos de trabajo, si bien aún no se han pagado las prestaciones.
Impacto del ingreso mínimo
En este punto, una de las preocupaciones que surgen entre los expertos es la de que la aprobación del ingreso mínimo vital genere incentivos nocivos entre los empleados de sectores más precarios y peor remunerados e intentar que la percepción de un salario en B permita además el acceso a una segunda fuente de ingresos: la renta mínima. "Cualquier ingreso legal es compatible con cualquier ingreso ilegal abonado en efectivo porque el Estado tiene muy difícil comprobar y demostrar su existencia, salvo casos puntuales", apunta a este respecto el profesor de finanzas, Juan Fernando Robles, reconociendo la dificultad de llevar a cabo controles impolutos de estas prestaciones.
"El ingreso mínimo incentiva el trabajo en B y va a poner difícil cubrir trabajos en condiciones regulares cuando los salarios sean bajos. Además, hay actividades informales e incluso ilegales que se seguirán realizando y las cuales supondrán los ingresos principales, siendo la renta mínima un complemento muy conveniente" advierte subrayando que va a suponer que ciertos colectivos pasen en mayor proporción a la economía sumergida.
"El ingreso mínimo sería una forma de aflorar economía sumergida si en primer lugar fuera gestionado por Hacienda (la AEAT), si fuera incompatible con cualquier otra prestación pública, si hubiera una armonización de las rentas mínimas autonómicas y los sistemas de prestaciones en especie de comunidades autónomas y ayuntamientos", señala el economista Javier Santacruz sobre los problemas que genera la supervisión de la correcta utilización de las prestaciones aprobadas por el Ejecutivo como red de protección social ante la crisis económica generada por la pandemia. Además, apunta Santacruz que este control más eficaz si hubiera una base de datos centralizada para conocer la situación real de pobreza por tipo de familia, territorio y un tratamiento claro de la vivienda en propiedad y otras rentas implícitas.
Una visión diametralmente opuesta a la del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que aplaca cualquier tipo de escepticismo sobre la eficacia del ingreso mínimo vital aprobado la pasada semana y asegura que será una medida que "hará aflorar economía sumergida" en España. Recuerda además el ministro en este sentido que el cobro de la ayuda está sometido a un estricto itinerario de inclusión que tiene como objetivo final la incorporación del beneficiario al mercado de trabajo. Además, sobre la viabilidad y el coste de la prestación que se trata de una medida "fiscalmente contenida" y que ascenderá a 3.000 millones de euros cuando se abone durante un año completo.
Misma perspectiva que la arrojada por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien asegura que el deber de presentar la declaración de la renta para acceder a la ayuda supone un freno a la proliferación de economía sumergida.
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