Esta reflexión recoge perfectamente la situación. O se reduce el déficit o se incrementa aún más la deuda. Y hasta ahora, se ha tendido a incrementar de forma disparatada el endeudamiento sin corregir el déficit (muuy suavemente). De hecho, este 2012, la deuda pública creció otros 146.000 millones de Euros y el déficit como estima Bruselas alcanzará ya el 10,2% (7% más el 3,2% que suma el rescate bancario).
Pero dicho endeudamiento tiene sus limites, que estamos ya superando, y las consecuencias económicas de esta superación son dramáticas:
"En la situación actual no hay alternativa a más endeudamiento, que está cerca
del límite.
Entre las muchas contradicciones que estamos viviendo con motivo de la crisis
económica, hay una que resulta difícil explicar. Por una parte, se está
presionando para que Bruselas autorice una relajación del déficit del
Presupuesto, que en 2012, según todos los indicios, será superior al 6,3 por
ciento comprometido y para el 2013 se solicita que se amplíe el límite fijado
del 4,5 por ciento. Por la otra parte, se pone el grito en el cielo porque el
año pasado la deuda pública creció 146.000 millones de euros, lo cual no había
ocurrido nunca en nuestra historia, y ha hecho que el endeudamiento público
superara los 882.000 millones, que viene a ser el 84 por ciento de nuestro
producto interior bruto. La contradicción está en que el aumento del déficit
supone un aumento de la deuda pública para equilibrar los gastos, y al
aumentar el endeudamiento público aumenta el volumen de intereses que hay que
pagar, lo cual aumentaría de nuevo dicho endeudamiento. Ante una contradicción
de esta naturaleza, se hace necesario analizar y valorar la razón de ser de
ambos fenómenos para descubrir cuál sería el mal menor para nuestra
ciudadanía.
Como hemos podido comprobar, para reducir el déficit no hay más que dos
caminos: o reducir el gasto público o aumentar los ingresos. La reducción
del gasto lleva consigo eliminar servicios públicos, que lógicamente deberían
ser los menos necesarios para el bienestar de los ciudadanos. Y para aumentar el
ingreso público hay que recurrir a los impuestos de distinta naturaleza que
reducen el poder de compra de los ciudadanos en el caso, con mucha probabilidad
cierto en las actuales circunstancias, de que no aumente el crecimiento
económico. También aquí habría que ponderar, con mucha atención, que se
escogieran los impuestos que menos dañaran a la población en su conjunto. En uno
y otro caso, lo que resulta evidente es que, lo mismo si se reduce el gasto que
si se aumentan los ingresos, la reducción del déficit público causará perjuicios
a determinados grupos sociales.
¿Y qué ocurre si en vez de reducir el déficit se mantiene o incluso
aumenta a costa de mayor endeudamiento? La respuesta es que, antes o
después, habría que frenar este proceso, porque el aumento de la deuda pública
tiene sus límites y el no respetarlos causaría también graves daños a los
ciudadanos que, a fin de cuentas, tendrían que soportar los costes que hemos
visto que exige el saneamiento presupuestario.
Para comprender por qué tiene un límite el endeudamiento público y cómo se
fija, hay que distinguir si el país en cuestión tiene una moneda propia, sobre
la que decide con más o menos libertad según sean las atribuciones de su banco
central, o si, como es nuestro caso y el del resto de los países de la zona
euro, pertenece a una unión monetaria con un banco central que es independiente
de los Gobiernos de los países con la moneda común.
En una situación monetaria como la de nuestro país, el coste de la emisión de
deuda soberana depende de la valoración que hagan los mercados de la situación
económica y financiera de ese país y, a medida que se vaya degradando la
valoración de su solvencia, tendrá que pagar intereses más altos para que se
acepten sus emisiones. Esta tendencia puede provocar que se llegue a la
situación extrema de que los mercados extranjeros no acepten esos valores, por
mucha que sea su rentabilidad, con lo que se produciría la quiebra del país.
En el caso de que se tuviera moneda propia, y el banco central estuviera
sometido a las decisiones de los políticos, el Estado no tendría que estar
pendiente de la aceptación de su deuda por los mercados porque, como ocurría en
tiempos del franquismo, con las emisiones de moneda se cubrían los gastos,
aunque a costa de la pérdida del poder de compra de los ciudadanos por la
inflación. Pero también aquí se llegaría a un límite por la devaluación que
sufriría esa moneda en el mercado de divisas, de forma que las importaciones de
los bienes necesarios para el funcionamiento de la economía resultarían
carísimas, aunque las exportaciones disfrutaran de la ventajas de una moneda
devaluada, que compensara los elevados precios motivados por la inflación.
Como vemos, a través de procesos distintos, también serían los ciudadanos
los perdedores, en última instancia, si, en vez de corregir los
desequilibrios presupuestarios, se intentara evitar sus repercusiones en la
población, recurriendo al endeudamiento público. La respuesta, en consencuencia,
a la contradicción apuntada al comienzo de este artículo dependerá de la
inminencia y gravedad de las distintas alternativas y, por la situación de
nuestro país, pensamos que la alternativa del endeudamiento está muy cerca de
sus límites, si no los ha traspasado ya."
Fuente: El Economista
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