Lucio A. Muñoz analiza la enorme y manifiesta corrupción en las Administraciones Públicas, donde los sobornos, comisiones bajo mano, contratos públicos y concesiones a amigos y subvenciones a redes clientelares formadas en gran medida por propios políticos, afines ideológicos y familiares es el orden del día.
Las nefastas consecuencias para el conjunto de los ciudadanos y la economía son manifiestas, pero nadie quiere hacer nada por evitarlo, pues las propuestas políticas son más fondos y dinero arrebatado al ciudadano para alimentar a la "bestia" de la Administración.
Artículo de El Economista:
Una administración corrupta toca fondo cuando los empleados públicos que pertenecen al escalafón más bajo de la estructura organizacional también cobran su correspondiente comisión, ya sea a un ciudadano o a una empresa. Por ejemplo, para gestionar más rápidamente cualquier trámite administrativo.
Cuando un Estado llega a ese punto, no existe casi ninguna posibilidad de regeneración institucional ni democrática, al menos a corto y medio plazo. ¿Es ese el punto en el que se encuentra la Administración Pública española?
Nuestra Administración se acerca de forma progresiva a este precipicio de los sobornos y el comisionismo. Si es que no lo ha tocado ya. Y es que demasiados políticos, sobre todo en la administración autonómica y local, cobran comisiones a empresas privadas por hacer lobby, es decir, por conseguir contratos públicos.
Esta corrupción no afecta solo a las comisiones, ya que también se extiende al entramado de subvenciones que conceden las distintas administraciones. Y es que detrás de cada concesión de cualquier subvención suele haber una comisión política, una colocación laboral de algún familiar de un político o la compra clientelar de votos por parte del partido de turno. Por no hablar de las subvenciones concedidas a empresas creadas ad hoc por familiares o amigos de los políticos, con el único objetivo de repartirse el dinero.
Este sistema corrupto y partitocrático se alimenta de las subvenciones y las comisiones, que se aprovechan de los 17 régímenes políticos que están asfixiando a las familias, las pymes y los autónomos españoles.
¿De quién es la culpa?
Empresarios o políticos: ¿de quién es la culpa del comisionismo y los sobornos que se producen en la contratación con la Administración? Ernst & Young ha elaborado un estudio al respecto en el que concluye que siete de cada diez directivos, generalmente de grandes empresas, alertan de que los sobornos y la corrupción constituyen el modus operandi habitual en el trato con el Estado.
Los datos del informe no sorprenden, sobre todo a los empresarios de perfil medio, que se han visto arruinados al no poder competir en igualdad de condiciones con las "empresas amigas" de los políticos, que se llevaban los contratos públicos por el mero hecho de estar conectados con el poder.
Esta distorsión política, denominada actualmente "capitalismo de amiguetes", solo sirve para crear desempleo, quebrar empresas competitivas, generar pobreza... mientras que enriquece a políticos y amigos.
Pero, ¿de quién es la culpa? ¿quiénes han permitido este entorno corrupto repleto de comisiones? ¿es el político o el empresario el que propone los sobornos a la hora de negociar los contratos con la Administración?
Para discernir esta cuestión, hay que tener en cuenta que en el sector privado, en los contratos entre dos empresas, los índices de corrupción son mucho menores. De esta manera, la culpa de la actual situación es de la casta política, que obliga a pasar por el aro de la comisión a los empresarios, obligados a aceptar si no quieren quedar fuera del mercado de la contratación pública.
Sin solución
El PP y el PSOE no tienen ninguna intención de solucionar esta situación, puesto que su principal fuente de ingresos es esta corrupción. La presitigiosa revista The Economist, en un editorial reciente, ha opinado sobre este asunto: "Los españoles están hartos de que sus políticos se llenen los bolsillos a través de chanchullos y negocietes con la Administración".
Así, en lugar de reducir el gasto público, que está arruinando a España, el Gobierno prepara un cheque sin fondo para seguir financiando en 2015 a las ruinosas Comunidades Autónomas. Y es qué más dinero para las autonomías significa más corrupción política.
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