Muchos de estos altos cargos proceden de la Administración, es decir, son funcionarios, pero su sueldo es muy superior al que tenían como meros empleados públicos. [...]
También hay altos cargos que son contratados de exterior, elegidos a dedo por el Gobierno, aunque existe una norma que pretendía evitar esta fórmula. El PSOE y Podemos son los partidos que más han abusado de las excepciones que permite la ley por causas justificadas. Hay al menos una treintena de directores generales que no proceden de la Administración.
[...]. El sueldo medio de los altos cargos suele estar entre los 60.000 euros en los casos de algunos directores generales hasta los más de 125.000 que pueden alcanzar los secretarios de Estado (los que más cobran en la escala administrativa). Depende en todo caso de los trienios que acumulen en la Administración.
Zapatero llegó a tener 548
En realidad, no es la primera vez que el Gobierno dispone de más de medio millar de altos cargos. Ocurre en todas las crisis. Ya sucedió con Zapatero.En 2010 alcanzó el récord de 548, 44 más de los que se encontró cuando llegó a la presidencia del Ejecutivo. Es decir, la cifra ha crecido siempre que la crisis ha hecho acto de presencia. El PP consiguió adelgazar esa estructura progresivamente hasta llegar a los 443 en 2014, con 13 ministerios, pero en los años siguientes, con los primeros crecimientos del PIB, su número volvió a crecer. Ahora, con la nueva crisis acentuada por el coronavirus, vuelve el rebrote de estos directivos.
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Si a estas cifras le sumamos los 628 altos cargos que se cuentan aparte de los Presupuestos Generales del Estado de que disponen las Cortes (diputados, senadores y Defensor del Pueblo) y el Tribunal Constitucional, sale que el Gobierno y las instituciones del Estado acumulan un inmenso equipo directivo de 1.169 personas con un gasto de 149 millones. En concreto, a los 350 diputados y los 265 senadores se les considera altos cargos, con un coste de 38,7 millones a título de asignaciones constitucionales (remuneraciones directas vayan o no a las Cámaras).
A esta cifra hay que sumarle otros 18,9 millones que corresponden a las indemnizaciones por razón de servicios para cubrir una especie de dietas que en realidad sirven para complementar el sueldo de sus señorías vayan a no a las Cámaras (en 14 pagas) y por las que no tributan a Hacienda.
Lo que es evidente es que este ingente gasto, improductivo en general, se ha convertido en una bola de nieve que no para de engordar. Si a la cifra de altos cargos totales le sumamos la de los asesores, tanto del Gobierno como de las altas instituciones del Estado (Congreso, Senado o Tribunal Constitucional), sale que en 2021 habrá que pagar 230 millones a nada menos que 2.844 personas (la media es de unos 80.000 euros).
Este exceso de puestos y de sueldos en las cúpulas públicas, ajenos a lo que sucede fuera de los ministerios, no incluye el número de que disponen las autonomías, ayuntamientos y al resto del sector público administrativo o empresarial. La cifra global de este ejército puede superar fácilmente los más de 40.000 empleados.
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