Es lo que pasa cuando el dinero nos es quitado de nuestros bolsillos, y son terceros quién decide qué hacer con él. La respuesta es sencilla. Será empleado en beneficio propio, desviado hacia actividades que no debe y será empleado para mantener en el poder de distinta manera a aquellos que precisamente tienen que decidir dónde se utiliza.
Que implique corrupción, delitos e irregularidades (que no se podrían dar si ese dinero no pasara por sus manos) no importa, y no es que no importe, es que es algo generalizado en mayor o menor medida y en mayor o menor importe.
Y por supuesto sin considerar siquiera los graves perjuicios económicos y sociales y por tanto para el bienestar general de la sociedad que implican estos hechos y la mala e ineficiente asignación de recursos que implican.
Pero te intentarán convencer de que quitarte el dinero es por tu bien, y beneficia a la sociedad...
Que implique corrupción, delitos e irregularidades (que no se podrían dar si ese dinero no pasara por sus manos) no importa, y no es que no importe, es que es algo generalizado en mayor o menor medida y en mayor o menor importe.
Y por supuesto sin considerar siquiera los graves perjuicios económicos y sociales y por tanto para el bienestar general de la sociedad que implican estos hechos y la mala e ineficiente asignación de recursos que implican.
Pero te intentarán convencer de que quitarte el dinero es por tu bien, y beneficia a la sociedad...
Artículo de Voz Pópuli:
La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dentro de la investigación por las presuntas irregularidades en relación a las ayudas a cursos de formación y subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a sindicatos y otras entidades, considera que la Junta habría concedido 950 millones de euros en subvenciones a la formación sin justificar entre los años 2008 y 2011.
La juez Mercedes Alaya hace dicha afirmación en el auto por el que imputa en la causa al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y lo cita a declarar el próximo día 16 de octubre por dos presuntos delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos tras haber concedido 70 millones de euros en ayudas para el plan de formación de los extrabajadores de la empresa Delphi.
En el auto, dictado el pasado 16 de julio, la instructora señala que la investigación se encuentra "en su estado inicial de investigación", pero dice que a la vista del informe remitido por la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social relativo a Delphi, existen "claros indicios de la comisión de hechos delictivos cometidos presuntamente" por el imputado en su condición de consejero de Empleo en el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010.
Seguidamente, la magistrada cita hasta cinco "hechos indiciarios" contra el exconsejero, el primero de ellos "por haber concedido con ausencia de procedimiento diferentes subvenciones a la formación y contratación" a la multinacional Delphi "sin convocatoria ni bases reguladoras, en contra de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y en el Real Decreto 395/2007 de 23 de marzo, específicamente para ofertas públicas formativas".
Asimismo, la juez imputa a Fernández "por haber permitido en los expedientes de subvenciones la subcontratación de actividades formativas objeto de las mismas, sin estar autorizada dicha subcontratación", y por "haber concedido becas por asistencia a cursos por encima del máximo legalmente permitido, según lo dispuesto en la Orden TAS 718/2008 de 7 de marzo".
De igual modo, imputa al exconsejero por "haber otorgado subvenciones a empresas para la realización de acciones formativas en alternancia con el empleo por importe de 70 millones de euros, con la intención de que los extrabajadores de Delphi pudieran volver a tener acceso a la prestación de desempleo, sabiendo que la relación laboral sería inexistente, limitándose dichas entidades a la realización de cursos de formación".
Además, lo imputa "por haber concedido subvenciones a la formación continuadamente desde el año 2007, dictando resoluciones de exoneración de la justificación de tales subvenciones a las entidades beneficiarias de dichas subvenciones en los ejercicios 2008, 2009, 2010 y 2011, contraviniendo la normativa reguladora de la Ley de Subvenciones", permitiendo así que "tales entidades pudieran resultar beneficiarias en el siguiente ejercicio económico".
La juez, en este punto, añade que, según se desprende de la declaración prestada como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil por el director general de Formación para el Empleo de la Consejería de Educación de la Junta, Carlos Cañavate, "en virtud de tales resoluciones de exoneración en octubre de 2013 había una cantidad aproximada de 950 millones de euros en subvenciones sin justificar".
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