Javier G. Jorrín muestra la relación negativa que se está mostrando en Andalucía entre el incremento del salario mínimo y el empleo (a mayores subidas, mayor desempleo), lo que es lógico cuando la productividad de dichos empleos o regiones es menor, por lo que aumentos significativos por ley del salario, que lo sitúa por encima de la productividad marginal del trabajo conlleva desempleo (más paro, menos contrataciones de las que se producirían condenando al desempleo por más tiempo o para siempre a la gente, más economía sumergida, más horas extras no remuneradas, contratos con menos horas trabajadas, menores incrementos en gente que cobra por encima del salario mínimo para compensar dichas contrataciones o aumentos de otros hasta el salario mínimo...), y por supuesto otra consecuencia grave provocada por los mismos políticos que luego se echan las manos a la cabeza al ver dichas consecuencias (y echando balones fuera como si no fuera con ellos la cosa): Con normativa homogénea (mismo salario mínimo en regiones con distinta productividad, salario medios y riqueza), aumentos del salario mínimo condena al desempleo a amplias capas de población de las regiones más pobres, lo que les obliga a emigrar a las grandes capitales y otras regiones más ricas, lo que a su vez provoca, por un lado la ahora tan en boga "España vaciada", y el incremento de la demanda de vivienda de alquiler en las grandes capitales, disparando así el precio de la vivienda (y especialmente más cuanto sus gobiernos más restringen la oferta de vivienda en dichas ciudades con trabas crecientes).
Y es que hay que recordar que como bien decía Groucho Marx, "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados". Cabe añadir que es el arte también de crearlos y aumentarlos o exagerarlos para justificarse, legitimarse y aumentar su poder y control.
Sin olvidar tampoco que el político es aquel que te hace la zancadilla, y luego se presenta ofreciéndote la mano para levantarte...
Artículo de El Confidencial:
Agricultores de Andalucía se manifiestan por unos precios justos en el campo. (EFE)
La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 22% aprobada en 2019 todavía genera polémica, y lo seguirá haciendo hasta que se conozcan los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales que permitirá cuantificar el número de trabajadores afectados por esta subida. Hasta el momento, todos los análisis se realizan sobre agregados económicos que dan una fotografía general pero en la que es imposible bajar al detalle de qué ocurrió con cada persona. Sin embargo, con el cierre de los datos de afiliación por municipios, ya es posible profundizar en el análisis.
Este es el trabajo que ha hecho la Junta de Andalucía para monitorizar la evolución del empleo en sus municipios. La conclusión a la que ha llegado es que existe una clara correlación negativa entre la subida del SMI y el empleo. Las localidades que tenían mayor porcentaje de los trabajadores por debajo de 900 euros (el nuevo salario mínimo) son las que han destruido más empleo. Por el contrario, en las regiones donde el SMI apenas tuvo incidencia, los datos de creación de empleo fueron los mejores.
Así figura en el último Observatorio Económico que publica semanalmente la Consejería de Economía de la Junta. “La evidencia apunta que aquellos municipios con mayor especialización en actividades productivas con empleos de retribuciones más bajas, y, por ello, más expuestas al salario mínimo, parecen haber mostrado un peor comportamiento relativo del empleo en 2019 que otros municipios con menor exposición”, señala el informe.
La pendiente de correlación entre las dos variables (empleo y SMI) es evidente y muestra cómo el empleo se comportó mejor en los municipios con mejor estructura productiva. Pero, además, tiene una circunstancia agravante, ya que pasa de terreno positivo a negativo. Esto es, mientras los municipios que aportan mayor valor añadido siguieron creando empleo en 2019, las regiones más retrasadas empezaron a destruir puestos de trabajo.
Los datos son contundentes. Los municipios en los que el salario mínimo afecta a más del 20% de los trabajadores sufrieron una pérdida generalizada de empleo. En total, el 57% de ellos cerró 2019 con menos afiliados que en 2018. Sin embargo, en el extremo opuesto, donde la incidencia del SMI afectó a menos del 10% de la población, apenas el 5% destruyó empleo. El resto, el 95% restante, aumentó el número de afiliados.
Aunque correlación no implica causalidad, la comparativa con 2018 muestra que en 2019 tuvo que producirse un hecho diferencial que generara estas diferencias en las cifras de empleo en función de la estructura productiva de los municipios. En 2018 las cifras fueron muy diferentes, lo que también supone un elemento interesante como base de comparación. En ese año el SMI subió apenas un 4%, esto es, casi seis veces menos que en 2019. De esta forma, este incremento tuvo una incidencia menor porque afectó a pocos trabajadores y porque la subida individual de las retribuciones fue muy leve, poco más que la inflación.
En ese año, la evolución del empleo no mostró correlación alguna con la estructura salarial de los municipios. Esto es, la creación o destrucción de empleo fue prácticamente homogénea en todas las localidades independientemente de la incidencia del SMI. Esta diferencia entre 2018 y 2019 apunta a que en 2019 se produjo algún cambio que propició una destrucción de empleo en los municipios con mayor incidencia del SMI.
Vigilancia estrecha
Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor incidencia del salario mínimo. No en vano, se trata de una de las regiones con menor PIB per cápita y, por tanto, con una estructura productiva de menor valor añadido y muy centrada en la agricultura. De ahí que la Junta quiera vigilar de cerca el impacto de las políticas de empleo sobre la evolución del mercado laboral.
Según los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales de 2018, el mayor porcentaje de trabajadores con salario inferior a 900 euros al mes (el nuevo salario mínimo) es el primario, esto es, el campo y la pesca. En este sector la incidencia supera el 34%, lo que da buena muestra del impacto generalizado que supuso el incremento de los salarios.
Los sectores del hogar, de entretenimiento y de actividades inmobiliarias también tienen una importante incidencia del SMI, superior al 20%. Por el contrario, en la industria, la construcción y el sector financiero, el nuevo salario mínimo benefició a menos del 5% de los trabajadores, por lo que su incidencia fue marginal.
Los datos de afiliación por municipios son solo un indicio más del posible impacto del SMI sobre el empleo, pero es imposible extraer una conclusión exacta. Dos son los principales motivos. El primero es que el empleo durante el inicio de 2019 mantuvo la dinámica de 2018, por lo que el SMI solo habría empezado a afectar al empleo a partir de la segunda mitad del año. Ese momento coincidió con una desaceleración económica más intensa y estas fases afectan tradicionalmente más a los empleos precarios, por ser los de menor valor añadido y los de despido barato.
Además, el cierre de año en el sector agrícola fue especialmente negativo por las malas cosechas, lo que también podría haber tenido un efecto sobre el empleo en estos municipios de agricultores. Este impacto diferencial es importante, porque estaría afectando justo a las localidades con mayor incidencia del SMI, lo que explicaría también una parte de la correlación negativa de 2019. En cualquier caso, la incertidumbre que reflejan estos datos y que se une a otros análisis ya publicados, invita a seguir de cerca la evolución del mercado laboral y a no descartar la existencia de algún impacto negativo por la subida del salario mínimo.
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