Planas valora contener las cotizaciones sociales para paliar los efectos del alza del SMI

Otra nueva muestra de reconocer el profundo daño sobre el empleo y los sectores o trabajadores más débiles (en este caso los trabajadores del campo) que ha producido (como advertíamos muchos) el aumento drástico del salario mínimo. 

Pero todo por populismo y rentabilidad política antes que rectificar o analizar previamente el impacto de dichas medidas (lo que importa es la propaganda, no las consecuencias, que siempre se pueden atribuir a otros o desviar la atención...). 

Y antes de solucionar de base el problema, prefieren seguir poniendo parches que aumentan el fraude, el desincentivo a la producción, la improductividad en el campo, el aumento de impuestos a la economía productiva (que conlleva menores salarios en el resto de la economía)...e indirectamente el vaciamiento del campo, la "España vaciada", el incremento de las migraciones a la ciudad grandes capitales (con más oportunidades de empleo y salarios) y el consecuente aumento creciente de los precios del alquiler y compra de vivienda por el drástico incremento de la demanda. 

Y todo llevando a cabo la compra de votos (el relato del incremento del SMI) y la generación de creciente clientelismo político con la nueva rebaja de las peonadas (de 35 a 20) al año necesarias para cobrar el subsidio agrario (antiguo PER). 

Medidas y políticos empobrecedores pero que generan redes clientelares imposibles de deshacer luego con las que mantenerse en el poder (que es su verdadero objetivo). 

Rafael Daniel se hace eco en este artículo.



Artículo de El Economista: 

Planas en una reunión con las organizaciones agrarias profesionales

La intensificación de las protestas agrarias y los efectos en el empleo agrario han forzado al Gobierno a tener en la recámara la posibilidad de rebajar las cotizaciones sociales a los agricultores, para amortiguar los efectos del Salario Mínimo Interprofesional.
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Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negó cualquier repercusión en el empleo de la Subida del Salario Mínimo a 950 euros, los datos del INEM de enero fueron demoledores: el desempleo se elevó a 150.045 personas, con un incremento de 9.085 -un aumento del 6,45%- con respecto a diciembre de 2019, el más alto de los registrados desde 2013.

Más paro

El departamento de Yolanda Díaz no parece confiar mucho en una mejora en los próximos meses, a tenor de la decisión anunciada el pasado viernes de reducir de 35 a 20 las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario (antiguo PER), cuyos principales beneficiarios son los votantes de partidos de la izquierda.

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En las dos últimas subidas, el Salario Mínimo se ha incrementado un 34,24%, al pasar de los 825 euros de 2018 (dividiendo las 14 pagas por 12 meses) a los 1.108 euros de 2020. A esto hay que añadir las cotizaciones sociales.

La vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, volvió el pasado miércoles a abrir la puerta a lo que parecía una postura inamovible del Gobierno. "Un Salario Mínimo Interprofesional común a todas las Comunidades Autónomas es lo adecuado, sin perjuicio de que haya un tratamiento específico a algunos sectores"

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Descapitalización laboral

Además del incremento del desempleo, la subida del Salario Mínimo amenaza con provocar un segundo efecto: la descapitalización laboral del campo.

Muchos agricultores están huyendo de cultivos que precisan mano de obra a otros más mecanizados, lo que forzará el éxodo de jornaleros a otros sectores o territorios, informa Rafael Daniel.

A corto plazo, el foco de atención está en los tribunales. La organización agraria Asaja Andalucía está a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que presentaron contra la subida del SMI de 2019.

Según explica Felipe Gayoso, la organización agraria cree que el Gobierno incumplió la ley al aprobar una subida que carecía de los informes preceptivos del Consejo de Estado y que vulneró los parámetros a los que el Ejecutivo, previa consulta a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, tiene que atender para fijar el SMI: tener en cuenta el IPC, la productividad nacional, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general.

"El sector agrario no puede pagar el SMI en las proporciones que se ha subido. Es una barbaridad para un sector que no tiene precios suficientes para sus productos", explica Gayoso.

La Abogacía del Estado se ha opuesto a la estimación del recurso. alegando que Asaja Sevilla no está legitimada, algo que Gayoso niega "porque estamos habilitados como asociación empresarial".

Asaja Sevilla ya ha anunciado que recurrirá también la última subida, aunque está a la espera de que se resuelva el litigio anterior para materializarlo."