Procede del Estado, de las comunidades autónomas, de las diputaciones, de los cabildos y consejos insulares, de las diputaciones, de los municipios y de las empresas públicas que todos estos organismos utilizan como administraciones paralelas.
Esta es la cada vez más peligrosa situación a la que se está llegando:
Al final del primer trimestre del 2011 la deuda se reparte así:
La deuda estatal alcanzaba los 566.897 millones de euros (lo que supone que cada uno de los 47.1 millones de españoles debíamos 12.665€, aunque lo correcto sería dividirlo entre el número de trabajadores que pagan impuestos, no de la población total).
A parte de esto, la deuda de las Comunidades Autónomas en esa misma fecha supone otros 115.455 millones de euros por cuenta de su administración, a los que hay que añadir otros 17.284 millones correspondientes a las deudas contraídas por sus empresas y organismos públicos. Es decir otra factura de 132.739 millones de euros.
Pero aún hay más, porque los ayuntamientos y demás corporaciones locales, provinciales e insulares también tienen su propia deuda, que ascienden a 35.442 millones de euros y 9.063 millones de euros. O sea que hay que añadirle otros 44.505 millones.
En total sumaría una deuda total de 744.141M €, pero esto solo son las cifras oficiales, porque resulta que las Administraciones territoriales (Comunidades Autónomas y ayuntamientos) poseen una deuda oculta de otros 26.400M €, que escapan del cálculo a efectos de déficit o deuda pública. La cifra representa alrededor del 2,3% del producto interior bruto (PIB).
Y a esta cantidad oculta, habría que sumar un número indeterminado de facturas que responden a gastos realizados, pero que todavía no han sido emitidas, y cuyo volumen es hoy por hoy un enigma imposible de descifrar.
Estos datos de deuda oculta proceden de un informe realizado por la consultora Freemarket Corporate Intelligence, en el que se estima que si se incluyese la deuda extraoficial en el presupuesto de la administraciones territoriales, la deuda total de las mismas crecería un 17,5%. Si se toman sólo las CCAA, sería un 15% y, si se acotase únicamente a las haciendas locales, sería del 25,6%.
Y es que es lamentable como las administraciones crean una serie de sociedades o instituciones que no se consideran públicas (al no tener mayoría de capital público y por lo tanto sin control directo de la Administración) para escapar así a la contabilización. De esta manera como indica el informe, hay alrededor de 5.200 entes autonómicos y locales con un endeudamiento no incorporado a las cuentas oficiales de alrededor de 26.400 millones de euros.
Pero después de haber lidapidado ingentes cantidades de recursos, es decir de nuestros impuestos, es sorprendente cómo la gente sigue aceptando y prefiriendo más peso y gestión pública en la sociedad, más Estado, y por tanto más despilfarro, más incremento de impuestos y más recortes sociales para compensar estos dispendios.
Y es que las Comunidades Autónomas han multiplicado por cuatro!! el número de empresas públicas (2.386 empresas en julio del 2010) que gestionan solo en los últimos 10 años, destinándose para ellas una parte importante del presupuesto público, y que suponen un caldo de cultivo idóneo para el clientelismo y la corrupción al poder contratar a trabajadores sin el proceso obligatorio para funcionarios (sin oposiciones) e interviniendo en cualquier tipo de actividad como así ocurre.
Pero es que a parte de las Comunidades Autónomas, el Gobierno central y ayuntamientos también gestionan alrededor de otras 2.000 empresas públicas.
Esta es la distribución por CCAA:
Pero no solo este tamaño descomunal del sector público tiene efectos directos negativos en la economía, sino que su ineficacia está provocando el cierre de cientos de miles de pequeñas empresas, y por tanto de millones de parado.
La Administración pública española tarda en pagar una media de 153 días, frente a los 65 días de media europea. Así, los organismos públicos en España se demoran hasta 100 días más, haciéndose evidente la necesidad de que el Gobierno español haga cumplir cuanto antes los plazos de pago de la Ley de Morosidad, para reactivar la liquidez, especialmente para las pymes, algo imposible considerando la situación de las arcas públicas, que pese a todo siguen malgastando recursos como si nada ocurriera e incrementando su deuda.
Y una vez más se pone de manifiesto la incompetencia e imposibilidad de cumplir medidas de control y ajuste sin tener previamente que agravar el problema.
Las Administraciones Públicas han seguido creando empleo público a pesar de la crisis a un ritmo desde el inicio de ésta (3T07) del 8,7%, mientras que el privado destruyó un 14,4%.
Esto ha continuado en el 1Trimestre del 2011, incrementándose en un 3,2% (97.500 empleos)
Lo cual es una falta de responsabilidad considerando que la partida salarial es la que más pesa en los presupuestos de las CCAA (alrededor de un 30%), y que la mayoría de veces se trata de empleos indefinidos, lo que hipoteca aún más la corrección de estos errores.
Pero claro, luego se sorprenderán muchos con las rebajas salariales del funcionariado y los EREs públicos (como se están dando ya en ayuntamientos).
Y es que la fiesta no ha hecho más que comenzar...
No hay comentarios:
Publicar un comentario