Un gran número de gestores públicos habrían incurrido en responsabilidad penal si la propuesta para encarcelar a políticos despilfarradores hubiera estado vigente desde 2009.
No es de extrañar pues, que tras el anuncio de intención de implantar la medida, todos los grupos saltaran en contra de la misma, lo que es increible.
Será muy difícil que ocurra, pero la aplicación estricta de la doctrina Montoro dejaría una larga fila de políticos camino de prisión, como muestra este artículo
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