Elentir analiza la cuestión de la prisión permanente revisable, el fin de las prisiones y la distorsión al respecto, los argumentos que la rechazan, algunos ejemplos y los variopintos argumentos que se emplean al respecto (que se dan fácilmente la vuelta).
Artículo de Contando Estrelas:
Estos días, tras el asesinato del niño Gabriel Cruz, se está hablando mucho de la prisión permanente revisable, que podría ser derogada este jueves con los votos del PSOE, Podemos y los separatistas.
Los argumentos de los que rechazan la prisión permanente revisable
Los partidarios de su derogación manejan principalmente dos argumentos: el primero es que la finalidad de una pena de prisión debe ser la reinserción del preso. Se basan en lo que dice el Artículo 25 de la Constitución: “Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”. Por otra parte, apuntan que la prisión permanente no evita que se cometan nuevos crímenes. Y es cierto: no lo evita.
¿Para qué existen las prisiones?
Sin embargo, ambos argumentos no se sostienen ante la respuesta a una pregunta que parece no plantearse nadie: ¿para qué existen las prisiones? Se trata de centros en los que una persona puede pasar décadas encerrada tras cometer un grave delito. ¿Por qué encerramos a los criminales en una cárcel? ¿Para reeducarlos, sin más? Pues no. La existencia de las prisiones se justifica por un fin prioritario: proteger a la sociedad de los criminales. Hay, además, otros dos fines relacionados entre sí y que también son muy importantes: castigar al que comete un crimen y, mediante ese castigo, disuadir a otros de cometer crímenes. Así pues, las prisiones existen por tres fines principales: proteger, castigar y disuadir. Lo de reeducar y reinsertar al preso está muy bien, pero esos fines para corregir al preso no pueden estar por encima de los fines primordiales de una prisión, y menos aún si el criminal -ya sea por fanatismo ideológico o por cualquier otra causa- no se arrepiente de sus crímenes ni rectifica su conducta, como ha pasado tantas veces.
¿Cuatro meses de prisión por un asesinato es su idea de la Justicia?
Si España se ha convertido en un país donde el crimen sale barato, en términos penitenciarios, es precisamente por confundir las prioridad de los fines de las prisiones. En 2014 ya cité aquí el caso del etarra Santi Potros: condenado a más de 3.000 años de prisión como inductor de 39 asesinatos y un secuestro, no llegó a cumplir 14 años de prisión en España. Su puesta en libertad estaba prevista para 2025, pero la Audiencia Nacional la adelantó a 2014. La experiencia para las víctimas es directamente insultante: incluso si excluimos el secuestro, cada asesinato le costó sólo 4 meses de prisión. Ante este dato, resulta vomitivo oír a ciertos políticos opinando sobre el tema como si hacer Justicia para las víctimas importase menos que reinsertar al criminal. Y me refiero, por ejemplo, a Pablo Iglesias acusando al padre de Diana Quer de querer “venganza” por defender la prisión permanente revisable. Pedir que un criminal pague por lo que ha hecho es pedir Justicia, no venganza. Si el padre de Diana Quer y los familiares de otras personas asesinadas pidiesen venganza, ahora mismo estarían reclamando que a cada criminal le matasen con los mismos métodos atroces que ellos usaron para acabar con sus víctimas, y eso nunca se ha dado.
La injusta LVG tampoco evita la violencia contra las mujeres
Por otra parte, es cierto que las penas de cárcel no evitan los crímenes. En todos los países civilizados, incluso en los que contemplan castigos más duros para los criminales, han seguido produciéndose asesinatos. Pero el argumento de que la prisión permanente no evita nuevos crímenes es un argumento boomerang, ya que se vuelve contra quienes lo lanzan. Y es que ese mismo argumento lo podemos aplicar a cualquier otro delito. Sin ir más lejos, la injusta Ley de Violencia de Género, que contempla penas más duras para los hombres por razón de su sexo, no ha impedido que siga habiendo maltratos a mujeres: es más, van en constante aumento. Sin embargo, no hemos visto a ningún parlamentario reclamar la derogación de esa ley alegando su ineficacia. No lo han hecho, desde luego, ni los del PSOE, ni los de Podemos ni sus aliados separatistas. De igual forma, el Código Penal ya castiga los delitos que tienen el agravante de homofobia y la incitación a la discriminación por esa causa, pero a pesar de ello nuestra clase política no deja de crear más y más leyes en distintos ámbitos para perseguir esas conductas. ¿Cómo se explica tanto celo en perseguir la homofobia y a la vez tanta reticencia a castigar a los asesinos como es debido?
Podemos y los derechos humanos: ¿hablamos de su Ley Mordaza?
Hay que recordar que el año pasado Podemos presentó una propuesta de “Ley Mordaza” para endurecer los castigos contra la discriminación a los LGTB, una propuesta que -además- incluye planteamientos abiertamente inconstitucionales, como suprimir la presunción de inocencia de los acusados mediante la inversión de la carga de prueba, reinstaurar la censura política contra los que discrepamos de la ideología de género e incluso usurpar funciones de los jueces. ¿Por qué en este caso Podemos sí considera que endurecer los castigos sí puede ser eficaz, y lo niega con los asesinatos? ¿Hay causas ideológicas que le llevan a defender que se suspendan derechos y libertades de los ciudadanos con la excusa de perseguir la homofobia, y que a la vez le animan a ser indulgente con los peores criminales? A ver cómo explica Podemos su obsesión con perseguir delitos de opinión mientras clama por los derechos de los asesinos. Excusas como los “derechos humanos” no son creíbles viendo la clase de cosas que propone ese partido para acabar con derechos como la libertad de expresión y la libertad de información, y después de ver cómo Podemos ya se negó tres veces a condenar la brutal represión chavista en Venezuela.
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