Una nueva muestra de la gran gestión pública de los recursos, y eso que no hay ni dinero para aplicar esta medida, nada sorprendente viniendo de donde viene: Políticos que prometen y aplican medidas sin conocerse su viabilidad y sostenibilidad.
En este caso, el despropósito en la gestión provenía de las Comuidades Autónomas.
El Ejecutivo ha descubierto que existían 32.687 fallecidos entre las 704.758 personas que estaban percibiendo las ayudas.
Las Comunidades Autónomas se ocupan de gestionar y tramitar el sistema de Dependencia y remitirlos al Gobierno, que es el encargado de transferir las cuantías a todas las administraciones dependiendo de la información recibida.
Pues bien, las CCAA no relizaron estas comprobaciones, e inflaron los datos en otros capítulos, por ejemplo, personas repetidas, alguien que se han trasladado de comunidad y permanecía inscrito en la anterior, caducidad en los trámites o quien decide no seguir con el proceso
Curiosamene hace unos días se destapaba en Grecia una estafa en la que los familiares de unos 4.500 funcionarios fallecidos seguían percibiendo la pensión de jubilación, junto a más de 18.000 casos de beneficios por desempleo a personas que no tenían ese derecho.
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