Ya todo el mundo reconoce la pésima situación económica del conjunto de las Administraciones Públicas, que suman ya en impagos (ojo, no deuda, mucho mayor), 50.000 millones de euros.
Estos impagos de 50.000M €, afecta a 3,2 millones de empresas suponiendo una brecha del 5% del PIB, afectando principalmente a autónomos (15.000 millones) y a empresas de obra civil, lo que implica el paro de cientos de miles de personas.
Como indica ATA, el periodo de pago de las Administraciones a los autónomos se sitúa en una media de 178 días (la ley establece el límite en 50), siendo las entidades locales las que más tardan en pagar, con una demora media de 296 días; seguidas por las comunidades autónomas, con 151 días; y la Administración central, que abona sus facturas al cabo de 87 días de media.
Como siempre, aquí, todo el mundo debe cumplir la ley, menos quien la hace.
Las consecuencias de esto se están empezando a ver en numerosos consistorios, como embargos de plazas públicas, cortes de luz y aire acondicionad, la policia patrulla a pie, ayuntamientos declarados en quiebra, cierre de piscinas, ERES...y lo que queda por venir, con la supresión de muchos servicios.
Eso sí, como la gestión pública no hay nada...o es más correcto decir...no quedará nada?
Pues eso, más gestión pública de los recursos, más impuestos para que me lo gestionen esa gente sin preparación alguna en la mayoría de casos, donde prima la eficiencia del gasto, el largo plazo, la supeditación del gasto al ingreso recurrente, donde no priman los intereses partidario ni personales, y que han lapidado nuestro dinero e hipotecado de por vida, no solo a nosotros, sino a las próximas generaciones.
Esto es la consecuencia de dar cada vez más poder y recursos al sector público.
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