Con ustedes, la penúltima atrocidad argentina

McCoy muestra otro paso (y es un gran paso) hacia el desastre económico y social en Argentina. Un paso más hacia la planificación centralizada de toda la actividad económica por parte del Estado, que podrá decidir precios, cantidades y cuotas de producción, secuestro de la contabilidad...una aberración (eso sí, siempre, cómo no, en nombre del consumidor y del bien común) que lleva a toda la sociedad al desastre y al totalitarismo destrozando las libertades de los ciudadanos y todo el tejido productivo. 

Socialismo cada vez en estado más puro...

Artículo de El Confidencial:

Se ha conocido el martes la decisión del Gobierno argentino de revocar la autorización legal para que el Bank of New York Mellon o BoNY opere en su territorio (Financial Times, "Argentine retaliates against BNY over debt payments", 26-08-2014).

El cumplimiento de la orden dictada por el juez del distrito de Manhattan,Tomas Griesa, que le obliga a congelar los pagos de los bonos objeto de restructuración en 2002 y primar a los bonistas que no se acogieron a la misma, ha provocado que el país entre de nuevo en default 13 años más tarde y ha puesto fin, de momento, a la actividad de la entidad financiera estadounidense por aquellos lares.

La medida ha contado con el apoyo de algunos inversores como George Soros, importante tenedor de los títulos reestructurados, que ha hecho suyo el argumentario oficial de que "no es verdad que no tenemos fondos para pagar, sino que están retenidos por la justicia norteamericana" (Bloomberg, "Soros´s Argentine Bond Bet Revealed in Lawsuit in London", 26-08-2014). Ya saben, en este mundo traidor...

Aun siendo un tema crucial para lo que puede suceder en el futuro financiero inmediato de la Argentina –cuya realidad, por otra parte, hemos seguido con intensidad en los últimos años; véase, por ejemplo, "Argentina, un estado (((((en descomposición financiera", 08-11-2012–, está sirviendo como cortina de humo para la última atrocidad económica que quieren acometer sus populistas dirigentes locales. Nos estamos refiriendo al Proyecto de Ley de Nueva Regulación de las Relaciones de Consumo y Producción, better known as Ley de Abastecimientos, cuyo texto completo pueden encontrar aquí.

La norma no tiene desperdicio.

Bajo la excusa de la protección al consumidor (“regirá respecto a cualquier bien mueble, obra o servicio que satisfaga –directa o indirectamente– necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población”, es decir: respecto a casi todo – artículo 1) se abre la puerta a una intervención de facto de una parte sustancial de la actividad privada en todas las regiones. Eso sí, sólo “en caso de ser estrictamente necesario” (artículo 2), criterio que obviamente no se delimita y que queda al albur del interés electoral del gobernante de turno.

Así, “la Autoridad de Aplicación podrá:

1. Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos o mínimos de precios, o todas o algunas de estas medidas (…);
2. Disponer la continuidad en la fabricación de determinados productos, dentro de los niveles o cuotas mínimas que estableciere (…) pudiendo acordar subsidios cuando ello sea necesario para asegurar el abastecimiento (…);
3. Proceder, de ser necesario, al secuestro de todo elemento contable relativo a la administración del negocio”.

En definitiva, controlar volúmenes (más aún en caso de desabastecimiento, como señala el artículo 17), márgenes, precios y llevanza del negocio. Una arbitrariedad que se ve reforzada por el artículo 4 de la nueva norma que otorga a los políticos la potestad de sancionar a quienes “obtengan ganancias abusivas, mantengan existencias superiores a las necesarias o creen etapas artificialmente en la distribución y comercialización”, entre otras perlitas. De nuevo, sin ningún tipo de explicación adicional que pueda delimitar qué se entiende por abusivo, superior o artificial.  

Por si fuera poco, los artículos 9 y 10 del Proyecto de Ley dan carta de naturaleza a una suerte de estado policial que limita enormemente la posibilidad de defensa del acusado (“en diez días hábiles podrá presentar por escrito su defensa y ofrecer las pruebas, si las hubiere, que (…) se admitirán solamente en caso de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten manifiestamente inconducentes”) y faculta el auxilio de la fuerza pública, el allanamiento de locales y domicilios, el secuestro documental, la intervención de mercaderías o la clausura preventiva del negocio objeto de investigación, entre otras lindezas.

De locos.

La iniciativa, de concretarse, acercará aún más al ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner al régimen bolivariano de Venezuela, ese cuyo último grito conocido viene a ser, ante el cúmulo de necesidades de la población, "Camaradas: ¡prostitución o muerte!" (Valor Añadido del 20-06-2014). De hecho, participa ya de buena parte de las características de esa economía en términos de control de capitales, inflación o desabastecimiento, entre otros, lo que se está traduciendo en un incremento alarmente de los niveles de pobreza y descontento social.

A través de la expulsión de la iniciativa y el talento privado de su economía –¿quién va a querer desarrollar un negocio bajo esas condiciones?, ¿quién va a querer hacer carrera en un entorno tan orwelliano como el descrito?–, Argentina firmará su definitiva sentencia de muerte. Urge, como en el caso de los venezolanos, un giro copernicano en el conjunto de las estructuras del país para, como nos recordaba a principios de mes Daniel Lacalle, “permitirle que lleve la transformación a líder de Latinoamérica que puede ser” (EC, "Lecciones del desastre argentino", 02-08-2014). 

Ojalá triunfe la esperanza sobre la experiencia.