Podemos recorta la plantilla a la mitad y tiene al 55% con contrato temporal

No hay nada que diga Podemos, en lo que no haga lo contrario en cuanto está en sus manos la posibilidad de ello, pero NADA. 

Si dice una cosa sobre despidos, hace lo contrario en sus propias carnes, sobre la precariedad laboral, hace lo contrario con sus trabajadores... y así con todo...(becas, trabajo en negro, facturas falsas, caja B, sueldos públicos, "especulación"...).

Artículo de El Economista: 

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, junto al exsecretario de Organización, Pablo Echenique

Doble vara de medir en Podemos. Mientras que el partido que lidera Pablo Iglesias exige la derogación íntegra de la reforma laboral, el año pasado recortó a la mitad su plantilla, desde un total de 443 trabajadores en 2018 a 221 al cierre del último ejercicio el pasado 31 de diciembre. Podemos, que se ha tenido que enfrentar a varios contenciosos laborales en los tribunales, ha recortado así 222 puestos de trabajo en 2019 en todas las comunidades autónomas. Las salidas han afectado, fundamentalmente, a personas próximas a Íñigo Errejón, que han ido abandonando el partido en los últimos dos años en una especie de purga laboral.

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La coalición morada se ha acogido siempre a "causas objetivas", lo que ha permitido pagar la indemnización mínima de 20 días por año trabajado, según permite la actual reforma laboral.

Precariedad

Y eso en lo referente a los contratos fijos porque el grado de temporalidad en la coalición de izquierdas es muy alto y son muchas las personas a las que no se ha renovado tampoco el contrato. Hay que tener en cuenta que pese a las criticas de Podemos a la precariedad laboral, el 55% de sus trabajadores -un total de 120 al cierre de 2019- tiene contrato temporal, frente al 45% -apenas un centenar- que cuenta con uno indefinido.

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Lo llamativo es que pese a las dificultades financieras que está pasando el partido y los ajustes laborales que ha tenido que llevar a cabo, el actual secretario general, Pablo Iglesias impulsó una reforma de la sede el año pasado que acabó costando más de 1,4 millones de euros, frente a los 649.936 euros en los que estaba presupuestada en un principio. Y todo ello, según está investigando ahora la Justicia, habiendo adjudicado contratos a dedo y simulando una licitación para no saltarse la Ley de Contratación del Sector Público.

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El titular del juzgado de instrucción 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que ha abierto una investigación para esclarecer la existencia de una caja B en el partido, está analizando ahora, además, del coste de la sede, facturas sin justificar, gastos irregulares y si se pagaron sobresueldos en negro y pagos en especie.