Pero no tienen ningún problema en subir indiscriminadamente impuestos o en recortar previamente en asuntos de mayor necesidad:
"El Gobierno admite, lisa y llanamente, que no sabe lo que cuestan las 149 embajadas autonómicas que, a día de hoy, aún siguen en activo a lo largo y ancho del globo ejerciendo unas funciones que se solapan con la propia actividad exterior del Estado. Así lo ha expresado el Ejecutivo en una respuesta escrita al diputado popularJavier Puente en la que Moncloa reconoce “no se sabe con exactitud el coste que suponen”. Los datos actualizados señalan, además, que el ajuste de las comunidades en esta partida ha sido mínimo. En tres años, se han cerrado poco más de 50 oficinas comerciales y o culturales de las comunidades autónomas.
Según los datos aportados a principios de este año por el propio Ministerio de Asuntos Exteriores, las CCAA disponían, a mediados de 2010, de unas 200 embajadas, pese a que aquel año el déficit público ya se había disparado hasta el 11,4% del PIB. Estos datos se recogían en la documentación que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entregó al Partido Popular, entonces en la oposición, a mediados de aquel año cuando ya había surgido el debate de limitar el gasto de las Administraciones Públicas. Entonces, el PP sí decía saber lo que costaban estas embajadas, que cifró en unos 150 millones de euros. Ese mismo año, por ejemplo, tal y como contó entonces este periódico, las comunidades abrieron siete embajadas en Miami en competencia directa con el Estado, que dispone allí de seis instituciones (Consulado, Oficina Comercial, Oficina de Educación, Oficina de Turismo, el Centro Cultural Español de Cooperación Iberoamericana y la Cámara de Comercio española).
Tres años después, y según los datos ofrecidos ayer mismo por el Gobierno en una respuesta parlamentaria, esas delegaciones siguen sumando todavía 149 oficinas, si bien la mayor parte de los Gobiernos autonómicos ya han aceptado recortar el gasto público en estas partidas e integrar sus esfuerzos diplomáticos dentro de la estructura del Estado. El propio ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, les ofreció a principios de año que en vez de abrir nuevas delegaciones optasen por“destacar funcionarios a las embajadas, consulados u oficinas comerciales españolas que atienden específicamente sus intereses” para evitar duplicidades y ahorrar costes.
El 79% de las comunidades ya han dado ese paso.Entre ellas, La Rioja –una de las últimas en firmar un acuerdo con el secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz-, Valencia, Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Cantabria, Canarias, Andalucía y Madrid. En total, y según datos de la propia Secretaría de Estado, en abril ya se había firmado la integración de 83 oficinas comerciales autonómicas y, en breve, se podría llegar a un acuerdo similar con Extremadura.
Fruto de estos trabajos, la oficina comercial de España en México DF recoge, en la actualidad, por ejemplo, personal de las antiguas sedes de Andalucía, Cantabria y Castilla-La Mancha y se espera que, en breve, lo hagan también las delegaciones de Valencia, Galicia, Madrid y el propio personal de La Rioja.
Cataluña, a la cabeza
En los años de opulencia, Cataluña, que sigue reticente a cerrar sus embajadas, llegó a tener 48 de esas unidades administrativas, cuatro veces más que la Comunidad de Madrid. En la actualidad, mantiene cinco delegaciones en el extranjero y 34 oficinas comerciales. De hecho, impasible a las críticas, Artur Mas anunció en noviembre del año pasado que la Generalitat no piensa cerrarlas bajo ninguna circunstancia. “De ninguna manera se nos ha pasado por la cabeza reducirlas o eliminarlas. Más bien lo contrario: tendremos que potenciarlas”, dijo entonces.
Por detrás de Cataluña se situaban, también en el año 2010, la Generalitat Valenciana, con 23, Andalucía, con 22, y País Vasco y Asturias con 13 oficinas cada una. El siguiente escalón lo ocupaban Murcia y Galicia (ambas con 12); la Comunidad de Madrid (11); Castilla y León, Aragón, Canarias y Navarra (con cinco oficinas cada una); Extremadura (4); La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha y Cantabria, que tenían dos cada una.
Todas las comunidades autónomas tenían abierta también una oficina en Bélgica, debido a que en Bruselas se concentran las instituciones de la Unión Europea. "
Fuente: El Confidencial
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