Una evidencia que muestra bien a las claras cuál es el resultado de la banca pública y la nacionalización del sistema como más de uno apunta y defiende...
"Si a alguien le cabe duda sobre quiénes son los responsables de la extinción de las cajas de ahorros que existieron en España por más de 200 años, la evidencia empírica es cada vez más irrebatible: son nuestros políticos.
Leo las contundentes conclusiones al respecto que aparecen en Liberalización y asunción de riesgos: la evidencia de la banca controlada por gobiernos, un trabajo del profesor Manuel Illueca de la Universidad Jaime I de Castellón junto con los economistas Lars Norden y Gregory F. Udell, que será publicado próximamente por la prestigiosa Review of Finance. Se trata de una investigación que Illueca comenzó en 2007 con Udell en EEUU. Lo primero que descubrieron fue que la expansión de las cajas fuera de sus provincias de origen –cosa que no podían hacer antes de 1988– iba asociada a un incremento del riesgo a la hora de prestar dinero. El riesgo era mayor si la entidad estaba controlada por un gobierno autonómico.
Todo esto fue fruto del amplísimo poder que la Ley de Cajas concedió a las comunidades autónomas cuando el Tribunal Constitucional anuló, en 1988, el artículo que fijaba las atribuciones del Ministerio de Economía y del Banco de España. Este asunto no se subsanó, sino que al contrario, los estatutos de segunda generación ampliaron el poder autonómico, desafiando el del Banco de España.
Cuando Illueca trajo su trabajo a España, le llovieron las críticas porque entonces el nuestro era el mejor sistema financiero del mundo. Claro, la evidencia era tan firme, que quienes la estudiaban someramente se preguntaban por qué, en 2010 por ejemplo, no había más cajas en problemas. Los autores se defendían aduciendo que aunque no hubiera humo a la vista, había fuego en las bodegas.
Finalmente, la reforma de Luis de Guindos afloró la realidad en 2012. Illueca aprovechó e hizo un censo de empresas quebradas, básicamente de la construcción e industria, y descubrió que era mucho más probable que esas empresas hubieran trabajado con cajas de ahorro que con bancos comerciales y todavía más probable si dichas cajas estaban bajo control político.
El estudio demuestra que la desregulación de entidades sin una buena gestión puede ser crítica. Y que la situación empeora si las entidades están controladas por políticos que introducen incentivos dañinos.
Este trabajo se une al de Vicente Cuñat y Luis Garicano de 2010, donde fijaron matemáticamente el coste de tener gestores no profesionales al frente de una caja de ahorros. Así, las cajas con jefes nombrados políticamente tenían un comportamiento crediticio más malo que las con jefes profesionales. Aquellas que tenían responsables sin educación de postgrado, peor. Y ya ni hablar de aquellas cuyos jefes no tenían experiencia bancaria.
A la luz de estas pruebas, se puede decir que las cajas no murieron solas. Los responsables están a la vista de todos. "
Fuente: El Mundo
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