Más datos sobre el desastre económico que supone (y supuso) el keynesiano plan E en España, evidenciando los graves errores que supone la planificación centralizada donde unos políticos deciden (y no el mercado y por tanto los millones de agentes económicos que interactuan entre sí de manera voluntaria) que hay que hacer obligatoriamente.
No solo implicó disparar la deuda y el gasto, y por tanto subir impuestos y provocar recortes en otras partidas, sino que incentivó (como he mostrado con otros artículos) fraudes y una destrucción de la riqueza del país, incrementando los costes presentes (recursos que se deben de extraer de la economía productiva para simplemente el mantenimiento de obras y gastos superfluos que no sirven o bien no eran en absoluto necesarios), y despilfarrando por lo tanto recursos (tan escasos y necesarios).
Si el Tribunal de Cuentas mostró que el 70% de las obras que se hicieron no eran necesarias (recuerdo además que dicho dinero no se podía emplear en reducir deuda o pagar a clientes (empresas o autónomos) a los que el ayuntamiento debía dinero (y que en muchos casos ha provocado su cierre y el incremento de paro), ahora se hace público que hubo múltiples casos en que se hicieron contrataciones de un solo día (o unos pocos) para llevarse las adjudicaciones (más picaresca).
"No se crearon tantos puestos de trabajo como los que las empresas adjudicatarias prometieron y, lo que es peor, muchos de ellos fueron exiguos y, en algunos casos, de incluso solo un día de duración. Así lo ha constado ahora el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre la inversión del Estado realizada en 2010 en el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), el famoso Plan Eactivado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2009 y 2010 para fomentar la inversión de los ayuntamientos y facilitar la creación de empleo. Un nuevo revés para este polémico plan de reactivación económica que, ya en el informe del órgano correspondiente a 2009, fue bastante cuestionado pues el 70% de las obras desarrolladas no eran necesarias para los municipios.
Hecha la ley, hecha la trampa. Los miembros del Tribunal han encontrado múltiples casos de empresas que contrataron a trabajadores por muy pocos días para así llevarse la adjudicación de los contratos. El origen de esta argucia está en que, como señala el órgano fiscalizador, la normativa reguladora del FEIL “no exigía que en el criterio de creación de empleo se valorase el número de trabajadores nuevos contratados respecto del número de días trabajados” y, por ello, “se otorgó una mayor puntuación a aquellos proyectos que preveían contratar un mayor número de trabajadores nuevos independientemente del número de días contratados”.
Así, en varios proyectos se contrató un elevado número de trabajadores por periodos medios de entre 1 y 6 días de duración. Por ejemplo, en una de las obras llevadas a cabo en Sevilla, la construcción de vías ciclistas “red complementaria, sector sur”, el Tribunal ha detectado que se contrató a 512 trabajadores pero sólo por un día cada uno. Es uno de los casos más llamativos de todo el informe, aunque esa misma situación, pero con 37 trabajadores, se produjo también en Zaragoza en un proyecto llevado a cabo en el edificio multifuncional embarcadero Vadorrey. En otro proyecto, también en la ciudad hispalense, 615 personas fueron contratadas por solo dos días de trabajo, en concreto para esas mismas vías ciclistas, pero en el sector norte.
En teoría, y según los datos facilitados por las empresas adjudicatarias de las obras (en total, 2.000 millones de euros en 2010), el número total de empleos comprometidos en toda España debería haber sido de 426.325 personas. De ellas, 181.380 deberían haber sido empleos de nueva contratación y 244.945 deberían haber correspondido a trabajadores ya contratados en las empresas adjudicatarias que mantenían, por tanto, su empleo. En la práctica, sin embargo, todas esas cifras fueron siempre a la baja sin que la variación tuviera consecuencia ninguna para esas compañías.
El informe, aprobado por el órgano que preside Ramón Álvarez de Miranda el pasado 25 de abril, recoge numerosos ejemplos de estas irregularidades. Así, por ejemplo, en la justificación de tres proyectos de inversión correspondientes al Ayuntamiento de Barcelona detecta que se incluyeron 3, 21 y 35 trabajadores, respectivamente, que ya se encontraban inmersos, para las mismas fechas, en otros tres proyectos del mismo Ayuntamiento. En otros tres casos de los ayuntamientos de Zaragoza y Barcelona se computaron como nuevos trabajadores 3, 2 y 6 contratados, respectivamente, cuya fecha de alta en la empresa adjudicataria fue anterior a la fecha de adjudicación definitiva de las obras. En otros dos proyectos del Ayuntamiento de Barcelona también se computaron como nuevos trabajadores tres empleados cuya fecha de alta en la empresa fue posterior a la finalización de las obras.
Con todos estos ejemplos, el informe de fiscalización concluye que el Ministerio de Administraciones Públicas no elaboró “los oportunos informes de evaluación y seguimiento de los resultados reales obtenidos después de la justificación de las inversiones” ni de las revisiones y controles financieros realizados por el propio Ministerio, “lo que dificultó la verificación del alcance real del FEIL”. Por ello, de cara a futuros fondos de inversión que puedan ser parecidos a lo que fue el Plan E se recomienda que se definan de forma más precisa los objetivos del Fondo y que se fijen objetivos cuantificables e indicadores de seguimiento previamente definidos y claramente identificados que permitan valorar los resultados."
Fuente: El Confidencial
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