Paraíso fiscal o cómo refugiarse de la represión del voraz infierno estatal

Juan Manuel López Zafra analiza la cuestión de los refugios fiscales y la represión voraz del infierno fiscal estatal. 

Artículo de El Confidencial:

Foto: Reuters.

“Es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra”, Miguel de Cervantes Saavedra, “Los molinos de viento”, Cap. VIII de la primera parte del Quijote.

Más allá del penoso error en la traducción, la cuestión es que los paraísos refugios fiscales están en boca de todos a cuenta de unos papeles que El Confidencial, con otros medios, ha hecho públicos en los días pasados.

La reacción ha sido la por muchos deseada: hay que acabar con ellos. No entraré en el análisis freudiano que supone que el ser humano haya abandonado el hedonismo y, por primera vez en la historia, busque la destrucción del paraíso en vez de su conservación. Pero sí me adentraré en la descripción de la Luna, dejando de lado el dedo.

En la cabeza de cada español habita hoy un Quijote que descubre gigantes donde solo hay molinos. Efectivamente, de acuerdo con la OCDE, en la actualidad no hay en el mundo ningún paraíso fiscal. Ninguno. Los tres últimos países que la organización eliminó de tal clasificación fueron Andorra, Liechtenstein y Mónaco, y eso ocurrió nada menos que hace ya siete años.

España tiene firmados Acuerdos de Intercambio de Información Fiscal al menos con Antillas Holandesas, Aruba, Andorra, San Marino y Bahamas. Este último es hoy de especial interés porque se acaba de conocer que un ministro del Gobierno de España, el actual titular de la cartera de Industria, habría presuntamente dirigido una empresa radicada en ese país en los años noventa. Según el acuerdo firmado en 2010, los dos países podrán compartir información acerca de todos los impuestos locales y los impuestos de la renta, de sociedades, de la renta de no residentes, de patrimonio, de transmisiones, patrimoniales y actos jurídicos documentados, de valor añadido y los especiales; es decir, salvo la Renta de Aduanas y el impuesto sobre Primas de Seguros (que recaudaron menos de 3.000 millones de euros en 2014), son objeto del convenio todos los impuestos directos e indirectos vigentes en España.

Específicamente, el acuerdo establece que “la autoridad competente de la parte requerida proporcionará información bajo requerimiento (sic) para el objeto referido en el Artículo 1”. En el referido artículo se señala que el objeto de las pesquisas será toda información que “previsiblemente' sea relevante para la administración y la aplicación de las leyes nacionales”. “Tal información comprenderá la información (sic) que sea 'previsiblemente' relevante en la determinación, evaluación y cobro de tales impuestos, la recuperación y cumplimento de las deudas fiscales, o la investigación o persecución de cuestiones fiscales”. El entrecomillado, mío, pretende remarcar lo difuso, por no decir inexistente, de la prueba. A la mera solicitud de una de las partes, la otra está obligada a entregar toda la información relativa a las actividades objeto del convenio. Curioso refugio paraíso en el que la mera sospecha, por parte de la autoridad tributaria, desencadena la solicitud y la obligada respuesta de la parte contraria del pacto.

La confusión (malintencionada en la propia Administración pública y la mayor parte de los medios y de mis colegas) proviene del hecho de considerar un delincuente a todo aquel que trata de reducir su carga fiscal. Ahí es donde los paraísos refugios fiscales hacen su trabajo, manteniendo a raya a los infiernos fiscales, que en otro caso nunca tendrían incentivos para no subir constantemente los impuestos. Porque el deber de todo ciudadano no es aceptar la expropiación forzosa (solidaria, le dicen) de su renta y su patrimonio, sino protegerlo de la voracidad de unos estados que nunca consideran suficientes los ingresos obtenidos.

El sistema canibaliza la renta del contribuyente de forma sencilla: el Gobierno de turno (central, autonómico, municipal) plantea unos ingresos fiscales irreales que gasta alegremente, obviamente antes de haberse producido. Se genera entonces un déficit que se cubre con recurso a la deuda pública, que pagarán los propios contribuyentes con más impuestos. Así, en 2015 y de acuerdo con informaciones recientes, el Estado ingresó 3.000 millones menos de lo previsto, a pesar de un aumento de la recaudación de más del 10% respecto del año anterior y un crecimiento del PIB superior al 3%. La previsión del ministro de Hacienda había sido de 23.500 millones de euros. Por supuesto, los ingresos ya habían sido gastados con fruición, a pesar de no contar con ellos, y pasan a engrosar el déficit del 5,2% del PIB, un punto más de lo comprometido con nuestros socios comunitarios.

Los ingresos por IRPF en 2014 (aquí en PDF) fueron de 72.700 millones de euros; por Sociedades, se ingresaron 18.700 millones, por IVA 56.200 millones, 19.100 por impuestos especiales (hidrocarburos, tabacos, alcohol…). Añadiendo otros menores, las rentas fiscales del Gobierno central ascendieron a 175.000 millones de euros en 2014. Como siempre, y a pesar de que la mayor parte de la carga pesa sobre las familias y en general sobre los trabajadores sujetos a una nómina, todo el 'mainstream' económico y la prensa casi sin excepción consideran que no es suficiente; y alegan que si bien España se encuentra en tipos máximos de la zona euro tanto en IRPF como en Sociedades e IVA (que suponen el 85% de la recaudación), sin embargo “nos encontramos lejos de la media de la eurozona” en fracción de ingresos sobre el PIB: en nuestro caso, alrededor del 37% (incluyendo todas las partidas de todas las administraciones) frente al 46% de nuestros socios.

Por ello, muchos de mis colegas sugieren que el problema es de ingresos, señalando que el gasto de las diputaciones (por ejemplo) es el chocolate del loro. Ese loro diabético y con sobrepeso de tanto chocolate: administración paralela, que en Andalucía se cifra en casi 7.000 millones; duplicidades por compras de 17 autonomías, otros 2.000 millones; TV públicas, casi 1.000 millones; subvenciones varias por 10.000 millones, etc. Por supuesto, ninguno de ellos pide a Finlandia, Francia o Bélgica (con ingresos fiscales por encima del 50% del PIB) que converjan en la media europea; porque jamás buscaron la reducción de ineficiencias, y con ellas del gasto público. Al revés, acusan de no saber sumar a quienes pedimos la reversión de unas políticas 'sociales' que han hecho de España, país número 52 por superficie, la tercera potencia del mundo en kilómetros de autopista, la segunda en kilómetros de AVE y la primera en aeropuertos sin pasajeros. “Pero ahí están”, suelen añadir.

Ante la situación de represión fiscal, no cabe otra solución que la búsqueda de refugios. Desgraciadamente, los contribuyentes sujetos a nómina no tenemos ninguna posibilidad de evitar esa presión, cada día mayor. Las entidades 'offshore' como las que ayuda a constituir el ahora famoso bufete panameño son sociedades perfectamente legales que permiten a sus propietarios aligerar la carga fiscal. El problema estriba es que tanto los medios como muchos de mis colegas consideran delictivo pagar menos impuestos, y se ha llegado a pedir “cumbres internacionales contra los paraísos fiscales como las que hay contra el terrorismo”, sugiriendo que quien evita legalmente pagar menos impuestos es un criminal. Dinero que empresas y contribuyentes han ganado legalmente con su trabajo, esfuerzo y valor añadido, y a los que se 'exige' una 'solidaridad' que contradice el significado del propio término. No, la solidaridad no puede exigirse, es voluntaria; y deja de serlo si es coactiva.

La lechera de Samaniego es la personificación de la hacienda pública actual, gastando los ingresos que se darán. El problema es que el cántaro de esta nuestra lechera tributaria es nuestro bolsillo, y cuando se rompe siempre acude a nosotros para restaurarlo con nuevas subidas de impuestos. Los impuestos no son deseables, más aún en sus niveles actuales; los impuestos no son imprescindibles; los impuestos no son inevitables. Plantearlo en otros términos es una falacia. Defenderse de la rapiña fiscal del Estado es la primera obligación del contribuyente. Pese a ello, si en algo la Administración debe ser especialmente celosa es en el cuidado de las rentas procedentes de los presupuestos, ya sean en forma de subvención, licitación o cualquiera otra. No sería de recibo que los impuestos que pagamos para subvencionar actividades fuera de mercado (como el cine o la obra pública) acabasen eludiendo el fisco; los contribuyentes pagaríamos dos veces, una primera con los impuestos que subvencionan la actividad y una segunda por los que no ingresa quien está obligado.