Es su mejor herramienta de adoctrinamiento, publicidad y autobombo, colocación de afines, manipulación de los hechos...de los políticos.
Por supuesto, ellos siempre lo venden (MENTIRA) como algo imprescindible, algo necesario y vital para las personas, como un ¿derecho?!?, y como herramienta ¿imparcial?!? de información (imparcial siempre para ellos y sus hooligans, lo contrario para el resto, y viceversa).
Pero es que con mentiras se vende mejor algo, y no importa que no se pida (por supuesto, lo harán y con mucha fuerza todos los interesados directamente que se beneficien del dinero quitado a la fuerza a la mayoría silenciosa a costa del conjunto de la sociedad, entre ellos por supuesto, los más necesitados, que por supuesto pagan de manera directa o indirecta estos desmanes). Es demasiado jugoso para un político, vendido a los intereses de sus miembros y de los distintos grupos de presión que lo apoyan o que amenazan con no apoyarlo.
Otra muestra más de la perversión de un sistema que otorga poder arbitrario creciente en unas personas que pueden hacer lo que le venga en gana contra los intereses (libertades y propiedades) de cada ciudadano, indefenso ante cualquier abuso político "legitimado" por una "mayoría".
Pero "no se puede" recortar, sino que hay que subir más y más los impuestos (para los políticos todo gasto es poco) y empobrecer más a los ciudadanos destrozando todo tipo de actividad productiva (porque esto no es productivo, es un pozo sin fondo por el que una élite privilegiada obtiene beneficios por imposición legal cual monopolio a costa de extraer recursos a terceros, que no pueden emplear en aquello que sí desean y necesitan).
Javier Romera y Eva Díaz detallan en el siguiente artículo el brutal, obsceno, hipócrita e interesado despilfarro llevado a cabo en cada TV pública autonómica en España (a la que se volverá a sumar este año de nuevo, en una carrera a ver quien gasta más lo que no se tiene, Canal 9 -Comunidad Valenciana-).
Artículo de El Economista:
Las televisiones públicas siguen siendo un objetivo prioritario para los distintos gobiernos autonómicos, que se niegan a hacer, en la mayoría de los casos, recortes sustanciales. De acuerdo con los presupuestos aprobados para este año, el gasto se elevará a un total de 880,3 millones de euros, una cifra que supone un 3,37% más respecto a los 851,6 millones que se invirtieron en 2015.
Y eso en un momento en el que el déficit español parece descontrolado, después de cerrar el año en el 5%, no sólo por encima de todas las previsiones, sino también de haber superado el límite de 10.000 millones de euros pactado con Bruselas. Salvo Canarias, País Vasco y Galicia, todas las demás comunidades autónomas incumplen sus compromisos, ante la inacción de Montoro.
Cataluña, la autonomía más incumplidora -tiene un déficit del 2,7% cuando el límite máximo era del 0,7%-, es además la que cuenta con un mayor presupuesto para sus cadenas de radio y televisión públicas. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) vuelve a calcar este año el presupuesto de 2015, lo que implica que la Generalitat se gastará un total de 227 millones de euros. El presidente autonómico, Carles Puigdemont, ha blindado tanto la financiación de sus medios -especialmente de TV3- como de su línea ideológica, convirtiendo así al medio público en una herramienta más para la construcción de un Estado propio frente a las críticas de la oposición.
Caída de audiencia
Canal Sur, la televisión autonómica de Andalucía, una avezada en lo que a pérdida de espectadores se refiere, es la segunda que más aportaciones de dinero público recibe. La cadena cerró 2015 con una cuota media de pantalla por debajo del 8%, muy lejos del casi 25% que consiguió en la década de los 90. Y pese a ello, la Junta que preside Susana Díaz aprobó un presupuesto de 137,5 millones para 2016, exactamente la misma cuantía que aportó en 2015.
La inyección pública, sin embargo, no mejora el resultado de la radiotelevisión andaluza cuya estimación de pérdidas para este año podría alcanzar los 27,7 millones de euros. RTVA ha acumulado en los últimos dos años pérdidas por 51,34 millones.
La aportación pública para la televisión autonómica de Madrid es mucho más austera. El ejecutivo de Cristina Cifuentes destinará este año 67,9 millones de euros a Telemadrid, apenas 800.000 euros por debajo de lo que aportó el año pasado. Sin embargo, el ente madrileño cerró el ejercicio 2015 con un superávit de 5,7 millones que se devolverán a la Comunidad de Madrid, quedando entonces el presupuesto del ejercicio anterior en 63,1 millones de euros.
El coste de la cadena pública se ha desinflado a la mitad desde 2012, año en el que ascendió a 123,8 millones de euros y cuya deuda financiera alcanzó los 279,9 millones. La reducción presupuestaria ha caminado en paralelo con la caída de la audiencia. Telemadrid cerró 2015 con una audiencia media por debajo del 4% de la cuota de pantalla, mientras que tan sólo cinco años antes el share estaba en el 8,4%.
ETB, en su peor momento
El Gobierno vasco destinará por su parte este año a ETB, su televisión autonómica, 114,2 millones, un 4% más que en 2015. Sin embargo, sus canales pasan por su peor momento. Con cuatro frecuencias, la cadena alcanzó una audiencia global del 9%, su dato más bajo desde 1992.
Por su parte, la televisión gallega ha visto reducida su aportación pública de este año en 3,4 millones. La Xunta inyectará una subvención de 92,4 millones de euros a la Corporación de Radio y Televisión de Galicia, frente a los 95,8 millones que presupuestó en 2015. El sindicato CUT (Central Unitaria de Trabajadores) denunció el pasado mes de septiembre a la Corporación por un presunto fraude a la Seguridad Social que estimaban entre los 4 millones de euros y los 15 millones. Tan sólo un mes después, el director general de la compañía, Alfonso Sánchez Izquierdo, reconoció una desviación máxima de más de un millón y medio de euros durante cuatro años. La radiotelevisión de Castilla-La Mancha mantiene en 2016 la misma aportación pública respecto al año anterior con 36 millones de euros. A esta cifra se le suman casi 2 millones por venta de publicidad, y otras cantidades menores por ventas de contenidos, prestaciones de servicios, convenios y colaboraciones. De este modo, el presupuesto total del ente se queda en unos 40 millones de euros, de los que casi la mitad, 19,9 millones, van destinados a los sueldos de los 460 trabajadores.
El Ejecutivo de Aragón aportará este año a su televisión autonómica 43,9 millones, casi misma cantidad abonada en 2015, cuando alcanzó los 44 millones. La Radiotelevisión del Principado de Asturias es una de las más baratas para las arcas públicas con un coste de 19,6 millones en 2016, frente a los 20 millones del año anterior. La cifra es cercana a los 24,8 millones que empleará este año el Gobierno extremeño en su televisión, 1,1 millones más que en 2015. En las islas, la televisión canaria costará este año 34,7 millones a las arcas, frente a los 38,2 que costó un año antes, mientras que Baleares también baja el gasto y pasa de los 32,6 millones de 2015 a los 28,6 de 2016.
Murcia es la única región que tiene externalizada su televisión. El Ejecutivo regional adjudicó el año pasado al Grupo Secuoya la gestión de 7TV durante un periodo de tres años, más otros tres prorrogables por un total de 60 millones de euros. A su par, los Presupuestos de 2016 señalan que el Gobierno regional destinará este año 4,6 millones de euros a la cadena, frente a los 6,3 que aportó el año pasado.
Valencia reabrirá Canal 9, tras tres años
Canal 9 se fue a negro en noviembre de 2013, después de acumular una deuda de 1.096 millones de euros. Desde entonces, el Ejecutivo de la Comunidad Valenciana lleva gastando alrededor de un millón de euros al mes, tanto en el mantenimiento de las instalaciones (alquiler, seguridad o limpieza) como en los derechos con las productoras. El nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, dejó claro nada más acceder al cargo, tras las elecciones del pasado 20 de mayo, que una de las primeras medidas que quería adoptar era la recuperación de la televisión regional.
El coste previsto para volver abrir Canal 9 este año asciende a 55 millones de euros, según recogen los Presupuestos de 2016. 29 millones de euros se destinarán a poner en marcha la nueva RTVV, mientras que otros 26 millones más irán para liquidar las dos sociedades de la anterior corporación. Podemos ha fijado la fecha de reapertura en el próximo 29 de noviembre, tres años después de su cierre.
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