McCoy analiza una de las reformas más necesarias en España, la reforma de la justicia (y no la referida despolitización de la misma, que también).
Artículo de El Confidencial:
Un juzgado de Valdemoro, Madrid. (EC)
La crisis en España sigue, pero de otra manera.
Y va a seguir en tanto en cuanto no se resuelvan los problemas estructurales que afectan a nuestro país, y que requieren de altura de miras en el diagnóstico y valentía en la aplicación de las soluciones, que han de ir más allá de la próxima legislatura. Es necesario adecuar la ley electoral, por supuesto; resulta imprescindible trabajar sobre el modelo de Estado, claro; abordar la cuestión educativa es un ‘must’, así como completar algunas de las iniciativas que tímidamente han asomado la patita en el último Gobierno del PP. De no hacerlo, los males del pasado antes o después aflorarán en el futuro. No les quepa duda.
Pero hay una materia que queda demasiadas veces relegada, quizá con la única excepción de lo que discreta o abiertamente denuncian algunos de sus protagonistas en protocolarios actos institucionales, y que resulta crítica para el normal desenvolvimiento de un país. Me estoy refiriendo a la Justicia, no tanto a su deseable despolitización a fin de que recupere su verdadera condición de tercer poder, que también, sino a su irregular funcionamiento y a los problemas que de esa carencia se derivan, especialmente en el ámbito económico.
A día de hoy, en los juzgados españoles existen reclamaciones cuyo importe suma varios puntos porcentuales del PIB. No solo eso, de su resolución depende la viabilidad de muchas pequeñas y medianas compañías, carentes de los recursos suficientes como para sobrevivir durante un periodo dilatado de tiempo sin los fondos en litigio y con los costes asociados al proceso. Esta semana, servidor ha podido conocer de primera mano dos casos, de compañías sectorialmente dispares, a las que la lentitud en las sentencias por parte de jueces o tribunales les ha abocado a solicitar el preconcurso de acreedores, a fin de eximir a sus directivos de responsabilidad penal. Poco importa lo que hayan hecho hasta ahora, su trayectoria de años o ese talento y trabajo que les ha llevado a obtener reconocimientos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Están asfixiadas financieramente y se da la paradoja, en las dos compañías, de que el demandado es algún ente de la Administración.
Por si no querías sopa, ¿sabes? Un par de tacitas al demandante…
Es evidente que el sistema en un Estado de derecho ha de ser garantista. Pero no es menos cierto que nunca debe perjudicar a quien está llamado a proteger. Los distintos estadios del orden jurisdiccional, tanto españoles como comunitarios, son caldo de cultivo para dilaciones innecesarias que siempre benefician al fuerte frente al débil. Una asimetría en la que han incidido algunas medidas recientes que, persiguiendo la aceleración de los procesos imponiendo costes adicionales a su continuidad en el tiempo, han terminado por favorecer a Goliat frente a David.
A alguno le puede sonar esto a chino mandarín con todo lo que tiene nuestra querida España encima de la mesa a día de hoy. Esperen a que les toque y ya verán si es o no relevante y/o perentorio. Vaya que sí. Servidor se ha centrado en una de las aristas de un problema que tiene otras muchas, como, por ejemplo, la estigmatización de los inculpados aunque finalmente no sean condenados, que sería objeto de otro interesante debate. Es momento de simplificar nuestra Justicia, de buscar alternativas que impidan su colapso y que aceleren las resoluciones, de establecer mecanismos para evitar insolvencias fraudulentas que dejan vacías de contenido económico las sentencias, de profesionalizar el ámbito instructor a fin de evitar errores que devuelven la ficha a la casilla de salida, y así sucesivamente.
Nos va más en juego de lo que parece. Nuestra credibilidad como nación y su encuadre en lo que se ha dado en llamar ‘modernidad’. No es, por tanto, una opción.
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