Diego Sánchez de la Cruz muestra la ingente sobreregulación que padece España y sus distintas comunidades autónomas, un auténtico lastre y freno al desarrollo de un país.
Artículo de Libre Mercado:
Edificio del BOE en Madrid | Google Maps
El actual período de Gobierno en funciones constituye una anomalía en la historia legislativa española, ya que, exceptuando estos últimos meses de nula o escasa actividad regulatoria, cada día, nuestros representantes europeos, nacionales, autonómicos y locales aprueban nuevas leyes, reglas y normas que aumentan el peso de la regulación sobre las actividades cotidianas. ¿A cuánto asciende el peso de la sobrerregulación?
Juan Rosell, presidente de la CEOE, denunció en su libro Reformas o declive que, entre 1975 y 2012 se han aprobado en España casi 33.500 normas estatales. Las órdenes ministeriales suman casi 19.500, mientras que los Reales Decretos suponen cerca de 11.800. A esto se suman más de 1.000 Leyes, más de 400 Decretos, más de 350 Reales Decretos-Leyes y 15 Decretos-Leyes.
En clave autonómica, Rosell explicaba en su libro que el número de normas autonómicas vigentes desde 1978 alcanza ya las 164.742. La región que más reglas ha promulgado ha sido Cataluña, con un total de 17.173. Sin embargo, en territorios como Baleares esta cifra se queda en 4.428.
Evaluando esta cuestión por número de páginas de los boletines oficiales, vemos que la media para el periodo 2008-2012 es de 715.043 páginas publicadas cada año. Esto equivale a cubrir cada año una carretera de más de 200 kilómetros con las páginas de los boletines oficiales autonómicos.
Dos profesores de IE Business School han demostrado con sus trabajos que la sobrerregulación tiene un impacto especialmente negativo para la productividad y la innovación. En sus informes, Francisco Marcos y Juan Santaló comparan la situación española con la alemana, donde el total de páginas publicadas anualmente ronda las 5.000.
40 leyes y normas ¡al día!
La CEOE ha denunciado que, al ritmo actual, se aprueban en España cerca de 40 leyes y normas al día, que añaden más complejidad aún a un marco regulatorio ya de por sí afectado por las excesivas cargas. Una de las consecuencias de esta explosión regulatoria ha sido la fragmentación del mercado doméstico.
Las auditorías del ministerio de Economía en 2012 y 2013 detectaron más de 6.000 normas que distorsionan la facilidad para hacer negocios en el territorio nacional. De esa cifra, 1.700 son regulaciones estatales y el resto son autonómicas. En suma, estas más de 6.000 normas impiden la libre circulación de bienes y servicios, afectando a más de 30 sectores de actividad económica (turismo, industria, energía, agricultura, alimentación y sanidad son algunos de los más perjudicados).
Y de propina, las 3.076 normas anuales de la UE
España también es víctima del exceso normativo de las instituciones europeas. Cada año se aprueban en Bruselas unas 3.076 normas, a un ritmo de 18 cada día. Esto se suma a los 90.000 documentos que es preciso codificar en las leyes nacionales para formar parte de la Unión Europea. Los propios informes de la Comisión Europea apuntan que reducir las cargas administrativas podía aumentar un 1,5% el PIB de los países de la UE.
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