Claro que sí. No solo la víctima o sus allegados deben sufrir sin resarcimiento en gran medida el daño que les ha hecho el recluso (en los casos que se den), sino que además, tienen que sufragar vía impuestos el mantenimiento del mismo durante el tiempo internado (cercano a los 1650€ al mes, sin considerar otro tipo de costes).
No olvidemos tampoco que ya se les paga un subsidio cuando salen de la cárcel o se les busca trabajo y cotizan a la seguridad social mientras están en la cárcel para recibir pensión, todo por supuesto sufragado por el resto de ciudadanos.
Lo increíble es que además algunos pretendan que éstos, además cobren salarios por estar en la cárcel (el salario mínimo y pagas extras) a costa también del trabajo del resto de ciudadanos y victimas, que deben cobrar menos para darles parte de su fruto a los presos que han elegido libremente realizar dichos actos.
No olvidemos tampoco que ya se les paga un subsidio cuando salen de la cárcel o se les busca trabajo y cotizan a la seguridad social mientras están en la cárcel para recibir pensión, todo por supuesto sufragado por el resto de ciudadanos.
Lo increíble es que además algunos pretendan que éstos, además cobren salarios por estar en la cárcel (el salario mínimo y pagas extras) a costa también del trabajo del resto de ciudadanos y victimas, que deben cobrar menos para darles parte de su fruto a los presos que han elegido libremente realizar dichos actos.
Las consecuencias nuevamente son funestas tanto económicas, como morales como de incentivos. Económicas puesto que redistribuyes de economía productiva a improductiva, reduciendo el progreso, la generación de riqueza y el empleo, aumentando el gasto y los impuestos, y reduciendo la satisfacción de las necesidades del conjunto de la sociedad. Morales puesto que premias a la víctima y a terceros doblemente a costa del verdugo, afligiéndoles un coste que se alarga e incrementa en el tiempo. Y por último de incentivos, pues se incrementan los incentivos a hacerlo mal, el premio para el que actúa mal y se reducen los incentivos a no cometer actos indeseables. Los costes para el crimen se reducen, por lo tanto se aumentan pues se reduce la ratio coste/beneficio. Y los costes para las víctimas también aumentan.
Mala solución además considerando la enorme cantidad de encarcelados sin víctimas ni sangre (como por cuestiones de droga) que no hacen otra cosa que masificar las cárceles, encarecer y retrasar sobremanera la justicia y los cuerpos de seguridad, privándoles de atender asuntos prioritarios y de crimen, y retrayendo millonarios importes de necesidades urgentes no satisfechas en otras áreas (al maldedicarse a este asunto), incrementar el crimen por la prohibición al crear mafias y dinero negro, reducir la recaudación al no ser legal, provocar ingentes muertes por ausencia de controles de calidad y sanidad, aumentar la corrupción política y funcionarial...
El grupo parlamentario Podemos – En Común – Compromís – En Marea ha registrado este jueves en el Senado una moción por el reconocimiento de los derechos laborales de las personas presas en España. La iniciativa ha sido presentada por los senadores Maribel Mora y Óscar Guardingo, portavoces en las comisiones de Interior y Empleo respectivamente y está motivada dicen por el “incumplimiento sistemático de los derechos laborales en las cárceles españolas”.
La formación morada "se hace así eco de las demandas contenidas en la moción que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) remitió a todos los grupos parlamentarios". El contenido del texto incide en que “el acceso, desarrollo y extinción de la relación laboral de las personas presas se adecue a los criterios exigidos para la contratación de personal laboral de la Administración y que las condiciones laborales de los trabajadores alcancen unos mínimos propios de cualquier otra relación laboral”.
La moción reclama el cumplimiento efectivo de la Ley Orgánica General Penitenciaria en cuanto al pago del salario mínimo interprofesional o retribución de horas extraordinarias. Por otra parte, reclama el derecho a sindicación para estos trabajadores y solucionar el problema que supone que cuando estos concluyen su condena, les “corresponde la prestación por desempleo, en la práctica muy inferior en cuantía al subsidio de excarcelación”. Así como que aparezca el trabajo en prisión en el informe de vida laboral, que puede suponer un perjuicio para ellos.
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