Jaled Abu Toameh muestra la corrupción de las autoridades palestinas (Autoridad Palestina -AP- y Hamas) y su empleo el pueblo palestino como medio para sus objetivos políticos y económicos.
Artículo de Elmed.io:
Pregunta: ¿cómo obtienen los palestinos enfermos permiso para recibir tratamiento médico en los hospitales de Israel y otros lugares del mundo? Respuesta: pagando sobornos a los altos funcionarios palestinos de la Margen Occidental y la Franja de Gaza. A aquellos que no se pueden permitir pagar se les deja morir en hospitales mal equipados y con poco personal, especialmente en Gaza.
Parece que unos palestinos son más iguales que otros: aquellos cuyas vidas no corren peligro pero lo fingen. Entre ellos hay empresarios, comerciantes, estudiantes universitarios y familiares de altos funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) y Hamás, que obtienen permisos para viajar a Israel y a otros países con el pretexto de una urgencia médica.
Muchos palestinos señalan al ministro de Sanidad de la AP en la Margen Occidental. Dicen que los altos cargos del Ministerio han estado abusando de su poder con el fin de quedarse con los sobornos de los auténticos enfermos y de otros palestinos que sólo quieren un permiso médico para abandonar la Franja o la Margen. Por culpa de la corrupción, a muchos pacientes reales se les ha negado la oportunidad de recibir una atención médica adecuada en Israel y otros países.
Esto, por supuesto, no afecta a los altos funcionarios palestinos o a sus familias, que siguen haciendo un amplio uso de los hospitales israelíes y otros centros médicos en Jordania, Egipto, los países del Golfo y Europa.
Incluso los jerarcas de Hamás disfrutan del acceso a los hospitales israelíes. En 2013 Amal Haniyeh, nieta del líder de Hamás Ismaíl Haniyeh, fue derivada a un hospital israelí para ser tratada con urgencia. Un año antes, la hermana de Haniyeh, Suheilah, también fue trasladada a un hospital israelí para someterse a una operación cardiaca urgente.
Haniyeh, sin embargo, no tuvo que ofrecer dinero para que su hija y su hermana recibieran tratamiento médico en Israel. En realidad, unos palestinos son clamorosamente mucho más iguales que otros.
La corrupción del sistema sanitario palestino, tanto en la Margen Occidental como en la Franja de Gaza, es un secreto a voces. Los palestinos que carecen de los contactos correctos o de dinero que entregar a un alto oficial o un médico son plenamente conscientes de que jamás se les permitirá acceder a lo que se conoce como referencias médicas internacionales. La firma de un médico o un mando sanitario es la mercancía más preciada en la Margen y la Franja, pues permite recibir tratamiento médico gratuito en Israel y otros países.
La falta de una regulación clara que defina quién tiene derecho a este privilegio ha facilitado la corrupción generalizada en el sistema sanitario palestino. El nepotismo es otro gran factor en esta forma de corrupción. El pariente de un jerarca palestino puede ser fácilmente derivado a un hospital israelí, jordano o egipcio, mientras que los enfermos pobres de Gaza pueden esperar hasta meses y años para obtener dichos permisos.
Los oficiales de Hamás y la AP están comerciando con las vidas de los palestinos enfermos. Han convertido la asistencia médica en un negocio que les hace ganar cientos de miles de dólares al año. Esta corrupción, ante la falta de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, ha permitido a los altos funcionarios de la Margen Occidental y Gaza malversar millones de shékels del presupuesto de la AP.
Aunque tanto la AP como Hamás se han comprometido a luchar contra esta explotación de los palestinos enfermos, los palestinos no notan mejorías. Dicen que más del 70% de los casos de derivaciones médicas a hospitales israelíes y extranjeros no se han documentado, y sigue sin saberse cómo y dónde se gastó el dinero.
En 2013, por ejemplo, la AP gastó más de 500.000 millones de shékels en cubrir las facturas médicas de los palestinos derivados a hospitales de fuera de los territorios palestinos. Sin embargo, nadie parece saber exactamente cómo se gastó ese dinero, ni si todos los que fueron derivados necesitaban realmente tratamiento médico.
La AP sostiene que en 2014 más de 54.000 palestinos de Gaza fueron derivados para recibir tratamiento fuera de la Franja. Sin embargo, las autoridades médicas gazatíes dicen que sólo les constan 16.832 casos documentados de auténticos pacientes que recibieron dichos permisos.
Entre 1994 y 2013, la Autoridad Palestina no pedía a los hospitales israelíes la factura detallada del tratamiento médico proporcionado a los pacientes palestinos. El dinero se deducía mensualmente de los impuestos recaudados por Israel que después transfería a la AP.
La Coalición por la Responsabilidad y la Integridad (AMAN), un grupo palestino que trabaja en defensa de la democracia, los derechos humanos y el buen gobierno, para combatir la corrupción y potenciar los principios de integridad, transparencia y responsabilidad en la sociedad palestina, es uno de los pocos organismos que ha dado la voz de alarma por estos abusos. El año pasado publicó un informe en el que advertía de la corrupción en el Departamento de Referencias Médicas Internacionales, que depende del Ministerio de Salud de la AP. El documento señalaba las discrepancias entre los costes de los tratamientos médicos en los hospitales israelíes y otros, por un lado, y las facturas reales, por el otro. Por ejemplo, en un caso resultó que 113 pacientes palestinos habían sido admitidos en hospitales israelíes a un coste de 3 millones de shékels, mientras que no existe documentación de ninguno de estos casos. Se desconocen incluso las identidades de los pacientes.
El informe de AMAN decía que las medidas adoptadas por los funcionarios palestinos de Sanidad para reducir el nepotismo y los sobornos e impedir el despilfarro de fondos públicos han sido insuficientes. Los médicos –sostenía– se han visto presionados por los funcionarios de la AP para aprobar derivaciones a hospitales israelíes y otros de todo el mundo incluso a personas que no las necesitaban. Algunos casos, según el informe, se podrían haber tratado en los hospitales palestinos, ya que no había ninguna necesidad de derivarlos a otros hospitales a un coste muy elevado.
La AP dice que ha pedido a su Comisión Anticorrupción que investigue el escándalo. Hasta la fecha, sigue sin saberse qué medidas sustanciales se han tomado contra los responsables de la corrupción.
Hamás, por su parte, sigue responsabilizando a la AP de la mísera situación de los enfermos en Gaza. El movimiento islamista afirma que el Gobierno de la AP está restringiendo la emisión de permisos médicos para castigar a los palestinos por su apoyo a Hamás. La verdad, sin embargo, es un poco distinta: los funcionarios gazatíes vinculados a Hamás también han estado explotando la desesperación de los enfermos. Hamás no tiene interés en que esto salga a la luz.
Hayer Harb, una valiente periodista palestina gazatí, realizó hace poco un reportaje de investigación sobre la corrupción de los funcionarios sanitarios en la Margen y la Franja. Hamás la ha interrogado varias veces.
Harb dice que ahora se expone a ser acusada de “difamación” por haber sacado a luz la corrupción. Sus interrogadores le dijeron que habían decidido llamarla a causa de su investigación después de que un médico de la Franja presentara una denuncia contra ella por “difamación”.
Los interrogadores de Hamás exigieron a Harb que revelara sus fuentes y la identidad de los involucrados en el escándalo de corrupción. “Les dije que soy periodista y que no puedo revelar la identidad de mis fuentes sin una orden judicial”, dijo.
Los fiscales me dijeron que me enfrentaba a los siguientes cargos: suplantación de identidad (dicen que no revelé mi verdadera identidad durante el reportaje de investigación), calumnias contra el Ministerio de Sanidad; publicación de información imprecisa e incorrecta y colaboración con “actores extranjeros” (por preparar un reportaje para una televisión con sede en Londres, con el pretexto de que dicho medio no está registrado en la oficina de prensa de la Franja de Gaza).
En su reportaje, Harb escribía sobre los intermediarios que lograban las derivaciones médicas a hospitales israelíes y extranjeros a cambio de sobornos. Se puso en contacto con uno de los intermediarios diciéndole que quería viajar de Gaza a la Margen para casarse allí con un hombre. Harb escribió que había obtenido el permiso para salir de la Franja y recibir tratamiento médico en el hospital Al Makased de Jerusalén después de pagar un soborno al médico local. También descubrió varias derivaciones falsificadas a nombre del hijo de un alto funcionario de la Franja, que las obtuvo para que su hijo terminara sus estudios en la Margen Occidental. Harb localizó después a un hombre que afirmaba trabajar para el Servicio Preventivo de Seguridad de la AP y que presumía de poder conseguir permisos para recibir tratamiento médico fuera de Gaza a cambio de 200 dólares. Otro palestino compró un permiso médico para salir de la Franja y trabajar en un restaurante de Ramala.
Hamás dice estar luchando contra la corrupción de los funcionarios que juegan con la vida de los palestinos enfermos. En realidad, está muy atareada acosando a los periodistas que cuentan la verdad. El régimen de la AP, por su parte, no está demasiado contento con el escándalo.
El Sindicato de Periodistas Palestinos (SPP), con sede en la Margen Occidental, condenó a Hamás por hostigar a Harb. Pero esta crítica se debería entender en el contexto de la lucha de poder entre la AP y Hamás, en vez de como fruto de una inquietud por las libertades públicas.
En un comunicado, el SPP criticaba a Hamás por interrogar a Harb, ya que “vulneraba el trabajo de los medios y la libertad de expresión” en los territorios palestinos. El sindicato hacía hincapié en el derecho de los periodistas a no revelar la identidad de sus fuentes, añadiendo que Harb había cumplido todos los estándares morales, legales y profesionales.
Nayat abu Baker, miembro del Consejo Legislativo Palestino que depende de la facción Fatah del presidente de la AP, Mahmud Abás, fue uno de los pocos políticos de la Margen Occidental que se atrevió a hablar sobre el escándalo.
Como ella decía, la corrupción había transformado el Departamento de Referencias Médicas en“una verdadera mafia dirigida por figuras influyentes”. Abu Baker acusó al ministro de explotar a los empobrecidos habitantes de la Franja y de despilfarrar los fondos públicos:
El problema de los permisos médicos se ha convertido en un negocio, y los únicos que están pagando el precio son los enfermos de Gaza. Cientos de los que han muerto son víctimas de las decisiones del Ministerio.
Pidió una comisión de investigación sobre el escándalo. Dijo que muchos enfermos de la Franja habían muerto esperando ser derivados, mientras que otros que no estaban enfermos obtuvieron el permiso gracias al nepotismo y el soborno.
Los mercaderes de la muerte están jugando con el destino de nuestros enfermos. Es hora de contar la verdad para que podamos librarnos de esta mafia destructiva y que dejen de comerciar con la vida de nuestros enfermos.
El escándalo de los permisos médicos es una prueba más de que Hamás y la Autoridad Palestina explotan desvergonzadamente a su pueblo con objetivos políticos y económicos. La AP se aprovecha de su poder para emitir permisos médicos a fin de presionar a los palestinos de Gaza para que den la espalda a Hamás. Sus funcionarios venden los permisos por dinero contante y sonante. Hamás, que sigue manteniendo como rehén a toda la Franja, tiene sus propias ideas sobre cómo se debe gastar el dinero. Los hospitales de Gaza estarían mejor equipados si Hamás utilizara el dinero que tiene para construir centros médicos en vez de túneles para el contrabando de armas desde Egipto con el objetivo de atacar a Israel.
Puesto que los permisos médicos se venden al mejor postor palestino, preguntemos: ¿cuál es la tarifa actual para lograr una mayor transparencia respecto a la conducta de los líderes palestinos?
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