miércoles, 11 de enero de 2012

Las CCAA multiplicaron las empresas públicas en plena crisis para camuflar su endeudamiento. (Política, Economía. 487)

El expolio al ciudadano continúa, mostrándose hoy lo que venimos muchos advirtiendo y anunciando que pasaría. Las consecuencias del intervencionismo público en la economía y la gestión pública de los recursos ha supuesto la multiplicación desorbitada de empresas públicas, incluso a lo largo de la crisis, alcanzándose una deuda incontrolada e impagable, con las consecuencias que esto tiene en la sociedad. Con esta medida, los gestores públicos podían esconder deuda no contabilizada, meter a numerosísima gente afín en los puestos creados, con salarios desorbitados fuera de toda competencia de mercado, incrementándose la corrupción y los recursos hacia actividades donde participan los propios políticos, provocando además una competencia desleal a la empresa privada, reduciendo el empleo productivo y la recaudación de impuestos. Ahora todo son problemas y las implicaciones en la economía son tremendas:
"Las Comunidades Autónomas aumentaron en casi 5.400 millones de euros la deuda de sus empresas públicas entre 2008 y el tercer trimestre de 2011, lo que ha elevado el nivel de endeudamiento total de las administraciones territoriales en un 7,2% durante la crisis. Es más, muchas autonomías aceleraron la creación de sociedades mercantiles para evitar sus límites de déficit. Cataluña lidera la creación de entes públicos mientras que Castilla y León encabeza el repunte de deuda, según un informe de la firma internacional de auditoría Russell Bedford.

En los últimos meses, numerosas CCAA han revisado al alza sus niveles de déficit y, en gran medida, se debe al afloramiento de obligaciones en empresas creadas expresamente por las administraciones para acceder a un mayor endeudamiento. Según Russell Bedford España, los balances de sociedades mercantiles no consolidan con los presupuestos de las autonomías, lo que permite ocultar temporalmente las cuantías reales. Además, esta práctica también permite escapar a controles internos y políticos, aunque a largo plazo perjudica las cuentas y eficiencia de las administraciones, que han visto cómo sus ratios económicos empeoraban en poco tiempo.

Desde que estalló la crisis a principios de 2008, el número de entes públicos no ha dejado de crecer en las administraciones territoriales, al pasar de 2.196 en enero de 2008 hasta los 2.671 actuales. Pero su crecimiento (+21,6%) es menos espectacular que el de la deuda (+53,3%) que ocultan: ha pasado de 10.100 a 15.500 millones en tres años, 5.400 millones de euros más. De los 135.000 millones de euros que adeudan el conjunto de las autonomías, el 11,5% procede de las sociedades mercantiles públicas. Además, en ese mismo periodo las autonomías incrementaron su endeudamiento en 75.000 millones de euros, de los que el 7,2% procede de las empresas públicas.

Cataluña y Canarias lideran la creación de entes públicos

Atendiendo al crecimiento del número de entes públicos por comunidades, Cataluña es la que lidera la clasificación, con un 71,5% más. Le siguen  Canarias (+46,2%), Navarra (+41,2%), Andalucía (+40%), Madrid (+38,3%), Aragón (+38%), Asturias (+36,2%) y Castilla y León (+30%). Con incrementos más moderados, aunque significativos, se sitúan Cantabria (+24%), Comunidad Valenciana (+23,9%), La Rioja (+19,2%), Murcia (+10,6%) y País Vasco (+9,1%). En donde menos repunta es en Baleares (+2,4%), Extremadura (+4,7%) y Galicia (+7,7%). Los entes solo se reducen en Castilla-La Mancha (-3,3%).
 
Para reducir el gasto y el endeudamiento de las administraciones, el nuevo Gobierno español planea reestructurar y suprimir diferentes tipos de entes públicos. Entre sus objetivos se encuentra la simplificación del sector público empresarial y fundacional con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades. Russell Bedford recuerda que comunidades autónomas como Galicia, Valencia, Cataluña o Aragón ya han realizado auditorías a sus empresas públicas que han revelado un desfase en las cuentas.

Según el socio fundador de Russell Bedford España, Gabriel Martínez, "la creación de sociedades públicas es una potestad perfectamente lícita que tiene la Administración Pública y que además puede reportarle importantes ventajas fiscales, en la contratación laboral, la financiación y la eficiencia económica y social. Sin embargo, en los últimos tiempos parece que ha servido a otros fines poco relacionados con la operatividad funcional que debe tener todo servicio público, convirtiéndose en una tapadera del despilfarro público".

Castilla y León y Extremadura, a la cabeza

Un total de ocho comunidades incrementaron por encima de la media el endeudamiento de sus empresas, entre las que se encuentran las más grandes. Lidera estos incrementos Castilla y León (+631,5%), seguida de Extremadura (+500%), Andalucía (+317,5%), Aragón (+114%), Asturias (+91,8%), Cantabria (+84,2%), Madrid (+77,6%) y Cataluña (+69,7%).

La deuda del sector público empresarial de otras cinco autonomías creció por debajo de la media, como es el caso de Baleares (+25,6%), Navarra (+25,3%), Comunidad Valenciana (+15,6%), Canarias (+5%) y País Vasco (+3,9%). Sólo tres comunidades redujeron la deuda de sus empresas: La Rioja (-94,1%), Castilla-La Mancha (-43,6%) y Galicia (-3,4%). La Región de Murcia es la única que no acumula deudas en sus entes empresariales.

Russell Bedford España destaca que el pago de la deuda y sus intereses ha llevado a una situación complicada a muchas administraciones regionales y ha contribuido a que su déficit se haya disparado del 0,2% del PIB español al 3,5% entre 2007 y 2010. "





















Fuente: El Confidencial

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