Otra muestra de austeridad pública...
Artículo de Expansión:
"Los datos evidencian que no es cierto que las regiones hayan hecho aún una racionalización profunda de su burocracia como sugieren algunos miembros del Ejecutivo y algunos líderes regionales. Los Presupuestos Liquidados de las comunidades ponen de manifiesto que los gastos corrientes –la partida que se destina a financiar su estructura de funcionamiento, los arrendamientos, el material, las publicaciones o los gastos de ejercicios anteriores– eran un 56% más elevados en 2012 que en 2006, en vísperas del comienzo de la crisis económica: ascienden ya a 36.680 millones de euros.
Este repunte es evidentemente mucho mayor que el avance de la inflación durante este mismo periodo (en el que ha crecido un 17,5%) y que la evolución de la población (que ha aumentado un 6,3% entre 2006 y 2012). Es muy llamativo que, mientras que los gastos burocráticos de las regiones se disparaban, las comunidades sí que recortaban las principales armas con las que cuentan las administraciones públicas para reactivar la economía: las inversiones y las transferencias de capital –las subvenciones a otras administraciones, a familias y empresas–.
Las inversiones reales se han reducido un 46% entre 2006 y 2012 (han pasado de los 12.179 millones en 2006 a los 6.500 millones del año pasado) y las transferencias de capital han caído un 20% en ese mismo periodo (ya están por debajo de los 10.000 millones de euros). Los únicos epígrafes de los Presupuestos que verdaderamente han disminuido durante esta intensa crisis son aquellos que funcionan como un multiplicador del crecimiento económico.
Aquellos gastos en los que, por cada euro invertido por el Estado, se logra generar en el medio plazo más que un euro.
También es inquietante la evolución de los gastos financieros, la partida que se destina a pagar los intereses de la deuda pública. Con los últimos datos disponibles, las comunidades desembolsan 6.253 millones al año en estar al día con las entidades bancarias, una cifra que prácticamente se ha multiplicado por tres desde que comenzó la crisis. En 2006, cuando aún no había comenzado a inflarse la burbuja de la deuda pública, los gastos financieros únicamente ascendían a 2.034 millones de euros.
Estos datos son los que explican que, en total, las comunidades gastaran 174.500 millones en 2012, una cifra similar a la de un año antes y sensiblemente inferior al gasto de 183.700 millones de euros alcanzado en 2010, en plena recesión. Pese a ello, el volumen actual de gasto continúa siendo muy superior, en concreto 28.000 millones más, al de 2006, en la antesala de la crisis, según los Presupuestos iniciales de las comunidades autónomas.
El gasto autonómico es un 19% superior que hace siete años (ver EXPANSIÓN del pasado 7 de mayo). Curiosamente el gasto liquidado por las autonomías, el verdaderamente ejecutado, es 33.395 millones de euros mayor en 2012 que hace siete años. De hecho, ni excluyendo las operaciones financieras para medir el volumen del gasto público como piden las regiones, baja el Presupuesto durante la crisis. La partida de operaciones financieras liquidada es 20.896 millones de euros superior en 2012 que en 2006, un repunte del 15%.
Una muestra de que el gasto autonómico no apuesta por el gasto productivo sino que es, esencialmente, burocrático es que por cada 10 euros de gasto público prácticamente 3 se dedican a pagar al personal, más de 2 a gastos corrientes y de funcionamiento y sólo 38 céntimos está destinado a financiar proyectos de inversión en las comunidades.
El gasto corriente del Estado se reduce un 7,1%
El Estado sí ha tenido que reducir sensiblemente su Presupuesto para mantener las partidas destinadas a los gastos financieros (que se ha disparado un 66% entre 2006 y 2012) y las prestaciones por desempleo. Ésa es la razón por la que los gastos corrientes de la Administración central se ha reducido un 7,1%.
Sin embargo, el ajuste ha sido aún más tajante en las inversiones reales o en las transferencias de capital. Las inversiones estatales han caído un 25% en seis años, mientras que las aportaciones a organismos autónomos, familias o empresas han bajado un 34%. El gasto no financiero total es un 16% superior ahora que cuando empezó la crisis. La partida destinada a pagar a los funcionarios estatales es un 23% superior en 2012 que en 2006 a pesar de los últimos ajustes.
Examen a las partidas de gasto de las comunidades autónomas
Casi 300.000 funcionarios más
La partida destinada a pagar a los funcionarios de las CCAA ascendía en 2012 a los 49.947 millones de euros, casi el 5% del PIB que general el país en un sólo ejercicio. Aunque se ha moderado sensiblemente desde 2009, donde alcanzó su tope superando los 57.000 millones, los gastos de personal siguen siendo un 12% superior que en 2006. La razón: hay 300.000 empleados públicos más.
El peso de la burocracia
Los gastos corrientes es una de las partidas en las que, teóricamente más se ha intensificado la reducción del gasto en todas las administraciones. Sin embargo, los Presupuestos liquidados de las CCAA evidencian que en 2012 el gasto en burocracia es 13.197 millones de euros adicional al registrado en 2006. El plan de proveedores puede haber frenado la senda de recorte.
Los intereses de la deuda pública
El gasto en intereses de la deuda es, sin duda, la partida que más ha crecido. De hecho se ha multiplicado por tres desde que comenzó la crisis. En 2012 ascendía a 6.253 millones de euros, lejos de los 2.034 de 2006. A pesar del amplio volumen de gasto que mueven las autonomías, esta partida es mucho menos abultada que en el Estado, donde ha llegado a rozar los 40.000 millones de euros.
Las inversiones reales se hunden
Una de las partidas que sí que han mermado significativamente durante la Gran Recesión es la de las inversiones reales. Los gobiernos autonómicos han apostado por reducirlas hasta un 46% entre 2006 y 2012 para cuadrar las Cuentas, sin tener en cuenta que es una de los epígrafes de los Presupuestos que ayudan a repuntar el PIB y a crear puestos de trabajo.
Las transferencias a otros agentes
La evolución de las transferencias de las autonomías a otros agentes es desigual. Se ha producido un avance del 16% en las transferencias corrientes –las que se conceden para financiar operaciones no concretas o específicas– mientras que las transferencias de capital han caido un 15% –de este epígrafe suelen beber organismos autónomos y empresas públicas."
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