El Gobierno ha reducido la velocidad de las carreteras para "ahorrar" pero sigue acelerando, y a un ritmo vertiginoso, las multas de tráfico en un momento en que cada euro cuenta en las arcas públicas.
Como indica Expansión, el Ministerio del Interior estimaba en los Presupuestos del Estado de 2011 que ingresaría 409 millones de euros gracias a las sanciones a los conductores. Sin embargo, elevando a 110 kilómetros por hora el tope legal para circular, esta cuantía podría elevarse a 431 millones con las estimaciones más conservadoras.
No obstante, utilizar la seguridad vial para ingresar más fondos no es una técnica que el PSOE haya descubierto ahora, sino que se ha consolidado en los últimos años. El Ejecutivo ha aumentado los ingresos por medio de multas de la Dirección General de Tráfico un 145% desde que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se instaló en La Moncloa.
Para más inri, el Gobierno central está dedicando cada vez más recursos de lo recaudado mediante las multas y las tasas como la de los carnet de conducir para reducir el déficit público, a pesar de que desde el Ministerio del Interior han asegurado por activa y por pasiva que los ingresos gracias a las sanciones de tráfico van destinados a mejorar las infraestructuras viales y a acabar con los accidentes.
Según los datos de Ejecución Presupuestaria de 2010, el Estado ha destinado 184,3 millones de euros de lo que recibe vía tasas y multas a atajar los números rojos del Estado, un 81,8% más que un año antes.
Baile de cifras
Las multas en las autovías (se cobrarán 100 euros a los que superen los 115 kilómetros por hora) podría ayudar a confiscar a los conductores incumplidores 40 millones de euros extra en un año, ya que algunas asociaciones estiman que se pasará de poner 700.000 multas por el aumento de la velocidad a un millón. Otros expertos estiman que los ingresos extra serán sólo de 21 millones.
Más allá del baile de cifras, es innegable que las administraciones públicas han intensificado sus acciones para mejorar la seguridad vial. Ahora bien, algunas de las decisiones adoptadas en los últimos meses muestran que la prioridad es la evolución de la economía y no reducir el número víctimas, algo de lo que se han quejado numerosas asociaciones.
Una muestra de esta tendencia es la instalación de máquinas y la contratación de personal para controlar el aparcamiento en las grandes ciudades, o el nuevo límite de velocidad con el difícil objetivo de que la economía no vuelva a entrar en recesión.
Diferencias
El portavoz de Seguridad vial del Partido Popular en el Congreso, Federico Souvirón, aseguró ayer a este periódico que lo recaudado por multas por el Estado es casi todos los años un 5% superior que lo presupuestado.
Sin inversiones
Este diputado de la oposición denuncia que el Gobierno no está apostando por mejorar las carreteras, sino que está dedicando el dinero de las multas a atajar los problemas del déficit público.
Descontrol
En muchos ayuntamientos aún no están conectados con la Dirección General de Tráfico cuando se efectúa la retirada de los puntos, lo que hace que en algunos municipios sí que se contabilicen las sanciones y en otros no.
Radares sin sentidos
Según Souvirón, el Gobierno ha reconocido que muchos de los radares que se han instalado en los últimos años en las carreteras no están en los puntos negros porque “no hay desarrollo telemático”. Es decir, que el objetivo principal de estas sanciones es mejorar la recaudación de las arcas públicas.
Polémico límite
Sobre todo, las mayores críticas que ha recibido el Gobierno por reducir la velocidad en las autovías se debe a que su objetivo es económico y no reducir el número de siniestros, un objetivo que siempre estaba en los argumentos oficiales.
Esta política cabe destacar que no solo la está llevando a cabo el Gobierno Central, sino también los ayuntamientos de las distintas regiones, pero vuelve a manifestar el engaño al ciudadano, ya que ahora el Gobierno estudia hacer pagar un nuevo impuesto por el simple hecho de usar las carreteras, sea cual sea, con la excusa de su mantenimiento, mientras que una parte importante de lo que recauda por multas no va dirigido a las carreteras sino a saldar otras cuentas.
Un nuevo expolio al ciudadano.
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