Fernando Cano muestra las consecuencias y efectos de la ley Rider aprobada por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) en colaboración con los sindicatos, que es de todo menos favorable para el empleo, los consumidores, las empresas implicadas (tanto las plataformas digitales como las empresa que les contrataban) y un gran porcentaje mayoritario de los trabajadores implicados directamente.
Es lo que sucede cuando se entromete un tercero sobre la libertad de las partes implicadas. Los burócratas y sindicatos que no representa a dichas partes imponen unas reglas arbitrarias que no quieren las partes involucradas y han rechazado todas las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio. Pero "todo es por su bien"...
La regulación mata la innovación, la libertad y el emprendimiento, perjudicando a los consumidores, al empleo y a la generación de valor y riqueza.
Pero los regresistas y conservadores económicos se hacen llamar "progresistas" torpedeando toda iniciativa en economía digital, emprendedora e innovadora en apoyo de todos los lobbies implantados y que impiden la libre competencia y la libre elección de los consumidores (como se puede comprobar con cada avance disruptivo, sean Uber y Cabify ante el taxi, AirBnB ante los hoteles...)
Pero, claro, el burócrata nunca sufre ni padece las consecuencias de sus actos, al contrario, vive de ellas, legitimándole...
Artículo de El Español:
Un repartidor de Glovo en moto Eduardo Parra Europa Press Madrid
Movimiento de calado en el mercado del reparto de comida a domicilio. El miércoles, los sindicatos y la CEOE y Cepyme llegaron a un acuerdo con el Gobierno para laboralizar a los 30.000 repartidores de las plataformas digitales como Glovo, Deliveroo, Stuart o Uber Eats.
Un verdadero terremoto que, según estas plataformas, podría generar la reducción de hasta un 70% de los actuales puestos de trabajo, 250 millones de euros en pérdidas a los restaurantes y, lo que es peor, que estas empresas dejen de prestar servicio en las pequeñas ciudades donde ya no será rentable operar por la nueva normativa.
Fuentes de estas plataformas con las que ha hablado Invertia, indican que no hay todavía un baremo oficial del número de habitantes de las ciudades que podrán tener servicio de Glovo y Deliveroo, pero admiten que estamos entre una horquilla de los 150.000 y los 100.000 habitantes.
En España solo existen 43 ciudades por encima de los 150.000 habitantes y 63 por sobre los 100.000. En estos momentos, compañías como Deliveroo reparten en más de 75 ciudades y Glovo lo hace en más de 100, por lo que esta nueva normativa reduciría su área de influencia en al menos la mitad de los emplazamientos actuales.
Las fuentes consultadas por este diario indican que la base de su negocio es la flexibilidad. Esto significa que con un modelo de colaboradores pueden cubrir tanto pedidos en hora punta, como mantenerse en las horas valle y en los días con menos actividad.
Sin acceso al reparto
Con un modelo de asalariados, dicen, deberán tener una plantilla fija que no les permitirá llegar a todos los pedidos. De esta manera, advierten que la única manera de poder ajustarse a la nueva realidad es abandonar las zonas más pequeñas y con menos habitantes, donde hay menos pedidos e ingresos.
Así, el nuevo mapa del reparto de comida a domicilio se quedaría circunscrito solo a las capitales de provincia y algunas grandes ciudades en la Comunidad de Madrid y Cataluña.
Las plataformas estiman que 11 millones de personas se quedarán sin acceso al servicio de reparto de comida a domicilio proporcionado por las plataformas digitales, lo que representa el 18% del mercado actual, mientras 13 millones de personas verán reducido el horario de servicio, lo que representa un 38% del total del mercado actual.
El mercado español genera actualmente 40 millones de pedidos anuales, con valor total de mercado cercano a los 1.000 millones de euros. Los gastos asociados a esta nueva realidad destruirían 300 millones de euros, por la reducción del tamaño del mercado en los próximos 12 meses, así como una desaceleración significativa de su crecimiento, actualmente estimado en más del 50% anual comparado con el año anterior.
Por otro lado, los cálculos hechos para Invertia por abogados laboralistas cifran el impacto total para todas estas empresas entre los 100 y los 120 millones de euros al año, solo en cotizaciones sociales. Estamos hablando de un coste desconocido para todas estas plataformas que ahora pagan a sus repartidores como autónomos, es decir, los riders abonan sus propias cuotas a la Seguridad Social.
Acuerdo con la patronal
Este miércoles, el Gobierno llegó a un acuerdo para reconocer la laboralidad de los riders. "Se reconoce la presunción de laboralidad para los trabajadores que presten servicios retribuidos de reparto a través de empresas que gestionan esta labor mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital". Es decir, que todos los riders serán asalariados salvo que se pruebe lo contrario.
Por su parte, obliga a las plataformas a hacer públicos sus algoritmos para confirmar que los trabajadores tienen, o no, relación de laboralidad con las empresas."La representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles".
Esta norma se tendrá que cumplir "para todos los ámbitos". Es decir, que la condición de compartir los algoritmos o el funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial tendrá que ser cumplida por todas las plataformas digitales, no solo las de riders.
"Engaño" de la CEOE
Una situación que ha hecho a las plataformas levantar la voz contra sus propios representantes: CEOE y CEPYME. "Lamentamos profundamente la posición que la CEOE ha tenido en la mesa del diálogo social, en la que ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio ha sido tenido en cuenta".
"Las cesiones de la CEOE han sido totales, incluyendo la obligación de revelar los algoritmos, una medida que sin duda afectaría muy negativamente al desarrollo de la economía digital en España, además de atentar contra los principios más básicos de la libertad de empresa y la propiedad industrial", aseguró la patronal que agrupa a Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats.
No obstante, fuentes de estas mismas empresas con las que ha hablado Invertia van más allá y califican la negociación de la CEOE de "engaño". "No nos informaron de nada y nos enteramos del acuerdo por la prensa", dicen estas mismas fuentes. En estas compañías ven inviable seguir con la actual estructura tras la aplicación de la ley, pero ven aún más preocupante tener que dar acceso a sus algoritmos a los sindicatos.
De hecho, entre estas empresas se valora seriamente dejar la patronal CEOE al considerar que nunca defendió sus intereses.
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