Juan R. Rallo analiza la medida de rescate empresarial del gobierno en España (PSOE y Unidas Podemos), los tres problemas que plantea y la alternativa para evitarlos.
Artículo de El Confidencial:
Foto: iStock economía
El 20% de las empresas españolas ha desaparecido a lo largo de 2020, si bien esta cifra es bastante heterogénea según el tamaño, el sector y la localización de cada una de estas compañías. Por ejemplo, tal como recoge un reciente informe de EsadeEcPol, más del 25% de las micropymes de hasta cinco trabajadores se disolvieron el año pasado, mientras que menos del 5% de las que cuentan con más de 10 empleados lo hicieron; a su vez, el 30% de las firmas dedicadas a los servicios de comidas y bebidas o el 25% de las vinculadas a la producción se volatilizaron, frente a poco más del 10% en la industria de la alimentación; finalmente, en regiones como Andalucía, Baleares o Extremadura, la mortalidad empresarial ha alcanzado el 35%.
Acaso lo más preocupante, empero, no sea tanto lo que ya ha sucedido cuanto lo que continúa ocurriendo: si bien la mayor destrucción de empresas se concentró en la primera parte de 2020 —coincidiendo con el confinamiento domiciliario y el cierre cuasi total de la economía—, el goteo de fallecimientos empresariales proseguía a cierre de 2020 y, habida cuenta del muy duro primer trimestre de 2021, cabe suponer que todavía lo estemos viviendo en estos momentos.
Tal vez por ello el Gobierno ha terminado aprobando un plan de ayudas directas para pymes y autónomos por un monto de 8.000 millones de euros: se trataría, pues, de evitar una mayor proliferación de las bancarrotas corporativas, lo que dificultaría y retrasaría nuestra capacidad de recuperación futura al eliminar a parte de las empresas que deberían protagonizar esa recuperación. El Ejecutivo, con buena intención, ha limitado la concesión de esas ayudas a las empresas que lograron beneficios en 2019 y que a su vez experimentaron un hundimiento de sus ingresos superior al 30%, esto es, pretende dirigir las ayudas a empresas que eran viables (beneficios) y que han sufrido a consecuencia de la pandemia (caída de ingresos): de ese modo minimiza el riesgo de zombificación empresarial y de despilfarro de dinero del contribuyente.
El problema de este esquema es, sin embargo, triple. En primer lugar, el monto de las ayudas se antoja insuficiente (solo la caída de los ingresos por turismo en 2020 ascendió a 70.000 millones de euros, de modo que 8.000 millones no tendrán demasiada influencia); en segundo lugar, aunque la exigencia de requisitos sea razonable, se corre el riesgo de que los retrasos burocráticos en la verificación de los datos y en el consiguiente reconocimiento de las ayudas agrave la situación actual; y, por último, no hay garantías de que las empresas que fueron viables en el pasado sigan siéndolo en el futuro, por cuanto es harto probable que se produzcan cambios persistentes en los hábitos de consumo después de la pandemia.
¿Existe alguna alternativa que permita solucionar estos tres problemas a la vez? Sí, una rebaja extraordinaria en el impuesto sobre sociedades para las pymes de aquellos sectores y de aquellas regiones que hayan sufrido en mayor medida los efectos de la pandemia. Primero, minorar el impuesto sobre sociedades equivale a una inyección de capital a través de la creación de activos fiscales diferidos. Segundo, el monto de esta rebaja puede ser mucho más ambicioso que las ayudas directas, en la medida en que no implica ahora mismo ninguna emisión de deuda: como mucho, perderemos recaudación futura y nos empujará a emitirla más adelante (si bien no está claro cuál será realmente el coste neto de la medida, puesto que si las empresas quiebran, tampoco habrá recaudación de sociedades a costa de ellas). Tercero, disminuir sociedades solo contribuirá a rescatar a las compañías con beneficios futuros, esto es, a las que serán viables más adelante, no a las que lo fueron en el pasado, pero han dejado de serlo (si una empresa carece de bases imponibles positivas en el futuro, la rebaja no les servirá de nada).
Y cuarto, el recorte impositivo puede decretarse de inmediato por sectores, por tamaños y por zonas geográficas especialmente afectadas: no son necesarios grandes controles burocráticos en la medida en que solo aquellas compañías que sean viables en el futuro recibirán la ayuda.
En definitiva, tenemos una solución eficiente, simple y equitativa al alcance de la mano para contrarrestar parte de los quebrantos provocados por la pandemia: una rebaja extraordinaria del impuesto sobre sociedades para los sectores más afectados. Pero esa —bajar impuestos— es una receta incompatible con la ideología de este Gobierno.
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