La diferencia y el beneficio para todos, es evidente, pero eso significa despolitizar una cuestión muy jugosa y electoralista y dotar de independencia y mayor libertad al ciudadano, lo que el político no quiere ni en pintura.
Artículo de El Confidencial:
Protesta contra la reforma de las pensiones. (EFE). (EFE)
“Las únicas revoluciones que triunfan son las que creen en los individuos y en las maravillas que los individuos pueden hacer con la libertad”. José Piñera
Del sistema de pensiones en capitalización se ha dicho que favorece a los más ricos, que pone el ahorro al servicio de las grandes empresas en vez de al servicio del país, que no permite fijar un importe mínimo digno a la pensión, que fomenta el individualismo…
Estas críticas datan en nuestro país de los años treinta (para no aburrir al lector, puede consultar la historia de nuestro sistema de pensiones en el artículo que escribí con la Dra. De Paz Cobo en este número de 'Estudios de economía aplicada'). Y las recogió perfectamente el dictador Franco en su Fuero de Trabajo, primero, y en la Ley de 1 de septiembre de 1939, después. Recordemos que el ministro de Organización y Acción Sindical (el de Trabajo), el falangista González Bueno, había señalado en una entrevista, ya promulgado el Fuero de Trabajo (del que era el padre intelectual), que había que transformar “de arriba abajo” el Retiro Obrero (la antigua ley de pensiones vigente hasta entonces, durante toda la Segunda República), pues aseguraba “la misma pensión irrisoria a la mujer que gana una peseta diaria que al obrero especializado que gana 13 o 15” y que el objetivo era “hacer la pensión proporcional a los salarios ganados”. Exactamente lo que nos ha llevado a donde estamos, al fijar entonces la edad de jubilación obligatoria a los 65 años (y no a los 60 como pretendía el ministro, alguna voz razonable parece que escuchó).
Es curioso observar cómo las mismas críticas de la Falange al capitalismo liberal se encuentran hoy en la raíz de muchos planteamientos electorales, y que señalan que unidos, podemos vencerlo.
Pero vayamos al caso concreto. Ana es una trabajadora soltera de 35 años con unos ingresos brutos mensuales de 2.000 euros que lleva 10 años cotizando a la Seguridad Social; no tiene ningún plan de pensiones y ningún ahorro hasta la fecha. Alguien pudiera pensar que ese salario es un sueño, pero no; ese salario se corresponde al coste para el empresario de la nómina pactada con Ana de 1.500 euros brutos mensuales, de acuerdo con la información hecha pública recientemente por la consultora Wolters Kluwer. Teniendo en cuenta que el 50% de los españoles cobra 1.602,5 euros (de acuerdo con el 'Decil de salarios del empleo principal. Encuesta de población activa (EPA). Año 2014', publicado por el INE en noviembre de 2015), la nómina planteada no es en absoluto disparatada. A esos 2.000 euros les detraemos los 354 euros de la aportación de la empresa y los 70,5 euros que aporta Ana, y los vamos a dedicar a un fondo de ahorro en vez de a financiar la pensión pública en reparto. Le quedan 1.576 con los que su empresa y Ana aportan al resto de conceptos (desempleo, formación profesional, Fogasa y, por supuesto, Seguridad Social e impuestos, esos que las recientes propuestas de PSOE y Unidos Podemos proponen incrementar, reduciendo aún más el salario disponible de la joven trabajadora).
Las ventajas del plan de pensiones son múltiples. Aumentan la tasa de ahorro del país, conciencian al trabajador de la importancia de la previsión, le responsabilizan en la gestión de su patrimonio, permitiéndole escoger el cuándo y el cuánto, además de hacerle propietario de su ahorro y su futuro. La última reforma de nuestro actual sistema de pensiones de reparto data de 2013 y supone que en 2022 las pensiones se calcularán con los últimos 25 años cotizados, que para cobrar el 100% se necesitarán 37 años de cotización en 2027 y que decidir jubilarse de forma anticipada supondrá la aplicación de coeficientes reductores que llevarán a cobrar menos. En todo caso, el ajuste que introduce el nuevo factor de revalorización descarga la viabilidad (sic) del sistema en una reducción paulatina de la pensión de los trabajadores (más jubilados con menos cotizantes es lo que provoca) y una pérdida de poder adquisitivo ante aumentos del IPC.
Con 18.000 euros de salario bruto anual, la pensión que a los 67 años recibirá Ana será de 15.888 euros. Es decir, un 88,3% de su salario actual. Da igual cuáles sean los avatares, qué ocurra en los mercados, supuesta una inflación anual media del 1% y una idéntica revalorización media de su salario, si el sistema sobrevive 32 años más, Ana tendrá derecho a una renta vitalicia de 1.135 euros, 12 meses al año. Eso siempre que los distintos gobiernos no hayan efectuado ninguna modificación en el sistema.
Si Ana hubiese aportado a una cuenta de ahorro esos 424 euros mensuales que se dedican de su sueldo a pagar las pensiones de los actuales pensionistas (sin generarle ningún derecho futuro), al cabo de 42 años y siendo muy conservadora, podría contar con un capital mínimo de 500.000 euros, que le generarían una renta vitalicia mensual de casi 1.250 euros. Nada menos que 115 euros adicionales a los de la pensión pública; habida cuenta de que los 1.500 euros brutos pactados suponen 1.243 euros netos mensuales (detraídos los impuestos y las cotizaciones de Ana a la seguridad social), esos 'pequeños' 115 euros se convierten en un tesoro de más del 10% de su renta futura 'garantizada' (sic).
Podemos verlo de otra forma: supongamos que a Ana le parece correcta la pensión de jubilación que le corresponde en el actual sistema. En tal caso, de poder optar por un plan de pensiones hasta los mismos 67 años, en condiciones de mercado conservadoras (misma inflación prevista que en el caso de la pensión en reparto, incremento de las aportaciones en un 1% anual, una rentabilidad anual media hasta su jubilación del 3% y una posterior del 3% durante otros 30 años hasta los 97, es decir, estadísticamente más allá de lo que esperaría vivir), para lograr el mismo importe a Ana le bastaría haber aportado SOLO 230 euros, frente a los 424 euros que aporta en nuestro actual sistema, prácticamente la mitad. Los 194 euros mensuales de diferencia (¡más de uno de cada seis euros de su sueldo neto!) los podría regalar, dedicar a consumo (¿no proclaman muchos de mis colegas que esa y no otra es la clave del crecimiento económico?) o ahorrarlos; en tal caso, durante el mismo periodo de tiempo, en el momento de su jubilación dispondría de un capital adicional de más de 350.000 euros, que le llevarían a aumentar su pensión en unos 965 euros mensuales hasta los 2.100 euros durante los siguientes 30 años.
Por supuesto, Ana siempre podría dedicar una parte de ese ahorro a pagar pensiones no contributivas, bien por voluntad propia o bien por imposición legal; si 20 millones de trabajadores de la edad de Ana, al empezar a trabajar, detrajesen solo 10 euros de esos 194 señalados y los dedicasen a un fondo de pensiones mínimas no contributivas, al cabo de los 42 años de cotización se habrían generado unos 236 millones de euros, casi un cuarto de nuestro PIB actual. Los 184 restantes pasarían a incrementar su pensión mensual en 915 euros, llevándola hasta los 2.050 euros.
Son los más pudientes quienes más capacidad de ahorro tienen; a ellos no les afectará del mismo modo un problema en el sistema. Es por tanto un tremendo error plantear nuevos impuestos que no harán más que deprimir a las clases que menos capacidad económica tienen, y que más sufrirían con una posible quiebra del sistema de reparto. No se trata de alargar la vida de un sistema que se encuentra técnicamente más cuestionado que nunca en cuanto a su viabilidad. Se trata de generar riqueza, de que todos tengan por delante un futuro mejor. Que no les vengan con el cuento de que el ahorro no genera riqueza y que el sistema de capitalización no es fuente de solidaridad. No lo hay mayor.
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