El ministro de Chávez dice que CEPS cobró más fondos de Venezuela y no pagó impuestos

Javier Chicote muestra la ratificación del ministro del Poder Popular para las finanzas en el Gobierno de Chávez de la veracidad del documento en el que se aprobó destinar siete millones de euros para crear en España fuerzas políticas y movimientos sociales afines al gobierno bolivariano. 

Artículo de ABC: 

Rafael Isea, ministro del Poder Popular para las Finanzas en el Gobierno de Hugo Chávez, ha ratificado en una declaración ante agentes de la UDEF la veracidad del documento en el que el entonces presidente venezolano aprobó destinar siete millones de euros a crear en España «fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano», una clara referencia al nacimiento de Podemos.

[Consulta aquí el documento íntegro]

Se trata del documento que ABC desveló en exclusiva el pasado 5 de abril, elaborado por el propio Isea, quien ha identificado la firma de Hugo Chávez «sin ningún tipo de duda». Los pagos iban destinados a la fundación CEPS, a la que pertenecían toda la cúpula de Podemos, empezando por el propio Pablo Iglesias y siguiendo por Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y Luis Alegre, entre otros.

El exministro venezolano identifica al actual líder de Podemos como uno de los asesores que «a partir de 2007» visitó Venezuela «frecuentemente, participando en reuniones y programas de formación política, dirigidos por varios ministerios del Gobierno venezolano». También menciona al exnúmero tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, y a Jorge Verstrynge, asesor de la formación morada.

Rafael Isea sostiene que «tiene conocimiento de que el presidente Hugo Chávez habría aprobado el pago de varios millones de euros a estas personas por los servicios prestados entre los años 2008 y 2011» (se prolongaron hasta 2012).

Pide protección

Rafael Isea declaró ante dos agentes de la Udef el pasado 12 de abril a las siete de la tarde en el Consulado de España en Nueva York, donde se desplazaron los policías españoles que investigan la posible financiación ilegal de Podemos. Se trata de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), ante la que Isea ha solicitado el estatus de testigo protegido en la causa que se investiga en España. Actualmente el exministro está en Estados Unidos tramitando una solicitud de asilo político. Según ha podido saber ABC, el testigo se declara como «perseguido político» por el Gobierno de Nicolás Maduro. El motivo, haber denunciado a altos cargos de su país por sus «relaciones con actividades del narcotráfico y terrorismo».

El testimonio de Isea incide en la trascendencia del documento desvelado por ABC,denominado «Punto de cuenta al Comandante Presidente de la República Bolivariana de Venezuela» y fechado el 28 de mayo de 2008. Él fue quien lo redactó para liberar los citados siete millones de euros, una orden que firmó Chávez «con un rotulador rojo», recuerda Isea. Los agentes de la Udef se lo mostraron en el Consulado y lo reconoció sin la menor duda.

El testigo policial sostiene que se trata de «un documento vinculante y de ejecución inmediata, que firma el presidente de la República junto con uno o varios ministros para registrar e implementar las tomas de decisiones presidenciales». Rafael Isea sostiene que «se trata de un documento del máximo nivel administrativo, pues traduce la voluntad del presidente de la República, que debe ser ejecutada por todas las autoridades públicas del Estado».

Como ha acreditado este diario en decenas de informaciones, los asesores de CEPS gozaban de la total confianza de Hugo Chávez, e incluso disponían de un despacho en el Palacio Presidencial de Miraflores a solo unos metros del que ocupaba el propio presidente.

No pagan impuestos

Isea también señala un dato importante que confirmaron fuentes de la oposición venezolana a ABC: el no pago de impuestos por parte de la fundación CEPS. Los agentes de la Udef le preguntaron si existió «algún tipo de retención fiscal en este tipo de contratos», respondió: «Dudo que lo haya habido». La fundación CEPS repatriaba los beneficios a España, pero aquí estaban exentos de tributación porque, teóricamente, como ONG, no tenía ánimo de lucro, pese a que realizaban tareas de consultoría política propias de una empresa.

En cuanto a la cantidad total que percibió CEPS, el germen de Podemos, por las asesorías prestadas a los gobiernos de Chávez y Maduro, es una incógnita.

El documento que firmó el «comandante presidente» liberaba un partida presupuestaria para este fin de 7,1 millones de euros, de los que ya se había pagado una parte. Las memorias de la Fundación CEPS reconocen el pago de 4,2 millones de euros de Caracas, pero Isea declaró ante la Udef que es «altamente probable» que «otros ministerios u organismos públicos dependientes del Gobierno de Venezuela hayan podido transferir cantidades de dinero a estas personas por conceptos análogos». De hecho, en el caso de Juan Carlos Monedero, el profesor también cobraba a título personal, al margen de CEPS, hasta el punto de que recibió más de 400.000 euros por un «informe fantasma» encargado por el banco del ALBA, controlado por el gobierno chavista.

Isea sostienen que los pagos de las asesorías se realizaban «normalmente» con «moneda extranjera, euros o dólares». Pero, como desveló ABC, el gran objetivo no eran las asesorías, sino la influencia política en España.

El dinero pagado a la fundación afín a Podemos serviría, según Chávez, para «estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano».

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