El decretazo de Sánchez carga 7.000 millones anuales en el recibo de la luz hasta 2031 para el sector de renovables

Lo llevo indicando una década. Los efectos de las políticas energéticas llevadas a cabo en España han sido sumamente empobrecedoras para los ciudadanos. Las primas a renovables (entre otros gastos políticos metidos en la factura de la luz, que cabe recordar suponen el 65% del precio final que ve el ciudadano en la factura) es la parte que más encarece la factura de la luz. 

Pero los políticos en su demagogia y manipulación constante tratan de engañar al ciudadano mostrando siempre una de las dos caras de la moneda. Hablan de una, impulsar la energía renovable, y no de la otra, el empobrecimiento y la generación de la denominada "pobreza energética" que supone para miles de familias que han visto doblar su factura de la luz en la última década. 

Y por supuesto, los mismos políticos demagogos se presentan como impulsores de una de las caras y enfadados y críticos (y son responsables de ello) de la otra, presentándose a su vez como solucionadores de ello (que vuelven a agravar). 

Las medidas políticas (y la tremenda intervención e intromisión en el sector energético, uno de los más intervenidos) tienen consecuencias, unas que se ven y otras que no se ven tanto o que torticeramente se intentan ocultar o que no se relacione con las acciones políticas. 

Y son los mismos que hablan de que dar más primas y subvenciones abaratan más el recibo de la luz (lo cual es falso y justamente lo contrario, pues la producción la abaratan en beneficio del productor, pero en el recibo se carga la subvención prometida por ley, encareciéndolo). Si fuera tan barato y abaratara el recibo, no necesitaría subvenciones ni primas, sino que todo el mundo acometería esa producción, tan rentable...

Pues la última medida del PSOE (otro decretazo) nos cargará en la factura de la luz a todos los ciudadanos otros 7000 millones al AÑO!! hasta el 2031 destinado en forma de subvenciones a las empresas energéticas. 

Qué diferente sería hacerlo como en EEUU, mediante deducciones fiscales a las empresas que acometan dichas inversiones, en lugar de crear burbujas y encarecer la factura y los impuestos de los ciudadanos mediante subvenciones (con lo que da lugar a efectos llamada, corrupción, sobrecapacidad, búsqueda de rentas, empobrecimiento...lo que ya tuvimos en la reciente burbuja energética en los últimos años, que a algunos les pareció poco...)

Carlos Segovia se hace eco en el siguiente artículo. 


Artículo de El Mundo: 

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, TeresaRibera, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en Moncloa el pasado viernes. Eduardo Parra Europa Press


El decretazo del actual Gobierno en funciones publicado el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado carga en el recibo de la luz unos 7.000 millones anuales de retribución a las empresas de energías renovables hasta 2031. Con la medida salva al sector de la bajada de tipos de interés y se imposibilita un recorte en el recibo de la luz de en torno al 5%, según expertos consultados por EL MUNDO.

Se trata del llamado Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico, que establece la remuneración a las plantas ya instaladas de renovables a partir del 1 de enero de 2020 y que extiende la que expira ahora como si los mercados siguieran tratando a España como en los años del rescate 2012 y 2013.

El nuevo decreto ya no garantiza a este sector la rentabilidad resultante de sumar 300 puntos básicos a la cotización del bono del Tesoro a diez años como quedó establecido para el período 2013-2019. Si el Gobierno de Pedro Sánchez hubiera mantenido esta metodología, habría supuesto, con la última evolución de los mercados, bajar del 7,4% de rentabilidad vigente a en torno a a un 4,7% de rentabilidad. Eso habría supuesto cargar al recibo unos 5.500 millones de euros y no los 7.000 millones previstos, con la consiguiente bajada en el recibo.

Lo que ha hecho el Consejo de Ministros a propuesta de la titular para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, es que ya no toma como referencia el bono del Estado, sino que garantiza directamente el 7,4% anual durante los próximos doce años. La ministra justifica este gesto a las empresas con parques eólicos o fotovoltaicos, sin distinción de tamaño -es decir, desde Iberdrola, Abengoa o Acciona hasta el más pequeño huerto solar- para «recuperar su confianza» en una fase de nueva apuesta por las energías renovables para combatir el cambio climático. Se basa en que el Gobierno del PP decidió en 2013 un fuerte tijeretazo a estas inversiones ante la burbuja heredada del Gobierno de Zapatero que había generado un déficit en el sector de 30.000 millones.

Aquel recorte impulsado por el entonces ministro de Industria, José Manuel Soria, desató 45 denuncias contra el Estado en arbitraje internacional por inseguridad jurídica. Los inversores reclaman cerca de 10.000 millones. De ellos, el Estado ha perdido ya laudos por valor de 1.700 millones por los que debe compensar a los afectados con 800 millones. Ribera cree que con la fuerte extensión de la rentabilidad hasta 2031, el Estado terminará ahorrándose el pago de indemnizaciones, porque los afectados retirarán sus demandas. Sin embargo, según sus propias cifras y tal y como están evolucionando los pleitos, el peor escenario sería que España fuera condenada a pagar la mitad de lo reclamado, es decir, 5.000 millones. Esta cantidad es inferior a los 18.000 millones de recargo extra en el recibo hasta 2031 que se habrían ahorrado los consumidores de haber decidido el Gobierno adaptar la retribución a las renovables con la actual caída de tipos de interés. Además, Bruselas está marcando una doctrina que puede hacer inejecutables los laudos.

Ribera obvia el efecto de no bajar el recibo en la memoria económica que acompaña al decreto y, aunque no cuantifica, asegura que tendrá efecto positivo en la economía nacional. Sostiene que sigue con el decreto la recomendación de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia y el sector de energía renovable respalda la medida. «La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado muy positivamente el Real Decreto-Ley que establece un marco retributivo claro para los proyectos fotovoltaicos existentes. Esta norma da respuesta a una necesidad urgente del sector fotovoltaico y renovable, que en los últimos años ha sufrido las consecuencias negativas asociadas a la inestabilidad regulatoria y a la constante incertidumbre que ésta supone», afirma esta asociación que agrupa a Acciona Solar, Audax o Renovalia, entre otros.

«El Real Decreto Ley merece una valoración positiva en cuanto a que persigue garantizar un marco regulatorio y económico estable para el desarrollo de las energías renovables. La predictibilidad y estabilidad regulatoria son factores esenciales, ampliamente demandados por el sector eólico, sin los cuales sería imposible alcanzar el nivel de inversión y el empuje que serán necesarios en los próximos años para la transición energética que España debe acometer», se felicita la Asociación Empresarial Eólica, que aglutina a Endesa, Iberdrola o Naturgy, entre otros.

Según la última estadística de la oficina de la Comisión Europea Eurostat, relativa al primer semestre de este mismo año, el precio de la electricidad en España es el tercero más alto de Europa por detrás de Dinamarca y Bélgica.