No tienen límites, y ya van a cara descubierta con total impunidad y con la tranquilidad de que hagan lo que hagan, con el dominio mediático que tienen van a tener a los cortesanos aplaudiendo y justificando cualquier cosa con buenos adjetivos, mientras generan muñecos de paja contra los que ir y poder agitar legitimándose.
El gobierno (PSOE y Unidas Podemos) no ha parado desde la llegada al poder de apropiarse de las instituciones del Estado (por definición neutrales y apolíticas en teoría) para instrumentalizarlas en beneficio del poder, esto es, de ellos.
El último escándalo en dicha dirección (otra esperpéntico ejemplo más de un no parar) es lo hecho con el BOE, convertido en un medio más de propaganda, ideología y arma arrojadiza contra el rival político (en este caso, el Partido Popular), como un ariete más para buscar derruir otro pilar esencial de una democracia, la Justicia, y tratar de justificar los cambios pertinentes para apoderarse definitivamente de ella.
Beatriz García muestra en este sentido el espanto de los juristas por la 'nota de prensa' del Gobierno en el BOE.
Artículo de Libre Mercado:
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conversa con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en el Congreso | EFE
Espanto en el mundo jurídico. Este viernes, el BOE publicaba la Ley Orgánica 5/2021, que modifica el Código Penal para despenalizar a los piquetes violentos. Con la derogación del artículo 315.3, el Gobierno ha eliminado las penas de cárcel específicas para las coacciones de los piquetes en las huelgas.
Pero el escándalo no está en la aprobación de esta especie de barra libre a la violencia sindical, que tampoco deja de ser preocupante, sino en cómo han redactado el texto del BOE:
"Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno", reza el preámbulo de esta Ley Orgánica.
Y continúa diciendo que el PP ha impedido a los trabajadores hasta protestar: "La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno".
"Impactado", "increíble", "muy grave"...
Los juristas consultados por Libre Mercado no dan crédito ante un texto que más bien parece sacado de un editorial de un periódico afín o de una nota de prensa del PSOE o de Podemos. Nunca habían visto una redacción con tanta carga ideológica y alertan de sus peligros.
El abogado laboralista Nicolas Martín está "impactado". Este profesional de la materia cree que "se puede nombrar a alguien o alguna organización para justificar el espíritu de la norma o sus antecedentes, pero esto está fuera de lugar". Tal es la gravedad del asunto, que no descarta que el PP tome medidas judiciales al respecto: "Acusar en una norma a un partido concreto de desmontar libertades es muy grave y puede ser objeto de acciones. Como mínimo es una injuria y una calumnia".
Para más inri, y como ya publicó este periódico, el punto 3 del artículo 315 del Código Penal fue aprobado bajo gobierno de Felipe González, en 1995. Es decir, esta supuesta pérdida de libertades de los trabajadores la ideó el propio PSOE.
Martín considera "increíble" el texto del BOE y señala que "rompe la educación, la cortesía y reglas democráticas básicas". Se pregunta también que "si esas normas las Aprobó el PP con el apoyo de otros partidos, ¿por qué no se menciona a esos otros partidos?". El experto insiste en que "afecta algo muchísimo más grave" y recuerda que "al Gobierno actual no le gusta lo que el Gobierno anterior aprobó con toda la legitimidad democrática, porque tuvo los votos suficientes para sacar adelante esas normas. Esos votos provenían de la voluntad del pueblo español. En el fondo. si está diciendo que cuando el pueblo español depositó su confianza en cierto Gobierno, lo hizo también para recortar libertades y que todos fuimos cómplices. Es que si lo analizas en profundidad es muy duro", señala.
"Es como si, en la próxima legislatura que gane el Partido Popular, en un preámbulo del BOE dice que el PSOE y podemos restringieron la libertad de culto o la libertad ideológica o que persiguieron aquellos que no pensaban como ellos", pone como ejemplo.
"Propio de las dictaduras", "nunca he visto algo así...
En la misma línea va el abogado laboralista de Pieltain, Arturo Rodríguez-Segade. "Es bastante sorprendente la verdad. Es realizar juicios de valor que no tienen por qué ser ciertos y un signo de contaminación democrática bastante evidente".
"Jurídicamente, el preámbulo no tiene ninguna implicación legislativa, pero es ridículo y ventajista redactarlo así. Es propio de las dictaduras dejar por escrito lo malo que fue el gobierno anterior para que conste, aunque sea mentira", señala el experto.
La abogada de Cuatrecasas, Jennifer Bel, también explica que el preámbulo no forma parte de la norma, pero califica de "insólita" la redacción. "Nunca he visto algo así, parece sacado de una campaña electoral y no de un texto jurídico. Es un ataque político frontal", asegura. Además, carece de sentido que el texto "mezcle el derecho a huelga con la reforma laboral del PP, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra", apunta Bel.
Sobre la decisión del Gobierno de suavizar el castigo a quienes, de forma individual o colectiva, coaccionen a terceros a seguir una huelga, la abogada explica que "aunque ya no es delito, se les puede juzgar por falta laboral". Eso sí, las empresas no suelen actuar contra los piquetes "a no ser que se trate de algo muy grave porque lo que quieren es desescalar el conflicto y acabar cuanto antes con las movilizaciones".
El abogado y profesor de derecho laboral de la UOC, Víctor Canalda, apunta también que "el delito penal general de coacción sigue existiendo y se castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años, por lo que podría aplicársele de la misma forma a los piquetes". A diferencia de sus compañeros, Canalda considera que aplicar esa carga política en la elaboración de un preámbulo "sería correcto técnicamente, porque se pueden hacer valoraciones de este tipo, ya que no tiene eficacia jurídica". Eso sí, "personalmente creo que es desafortunado y es extraño que tenga una intención ideológica tan directa".
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