El siguiente artículo detalla la ingente deuda que mantienen las Administraciones Públicas en sus distintos niveles con el sector privado (y los riesgos de ello), mientras éste además languidece por las restricciones impuestas por el sector pública y las crecientes regulaciones e impuestos.
Artículo de Libre Mercado:
María Jesús Montero, ministra de Hacienda | LD
La deuda comercial de las Administraciones Públicas con el sector privado alcanzó al cierre de 2020 un total de 83.356 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto al año anterior.
Si bien en los últimos años se ha observado un esfuerzo por parte del sector público para la reducción de las obligaciones pendientes de pago, los datos correspondientes a 2020 presentan un claro repunte de la deuda comercial de las administraciones acercándose a niveles de 2011, cuando el porcentaje de esta deuda sobre el PIB marcó su máximo en el 8,6%, con un importe de 91.313 millones.
Según su distribución entre los distintos niveles administrativos, a cierre de 2020 la Administración Central acumulaba la mayor parte de esta deuda, el 52,1%; seguida de las corporaciones locales, que acaparaban el 22,8%, a pesar de ser los niveles de la administración que presentan unas cuentas públicas más saneadas.
Por su parte, la Administración de la Seguridad Social, con unas crecientes necesidades de financiación, era responsables del 12,6% del montante de deuda; mientras que las comunidades autónomas aglutinaban el 12,3% restante.
Necesidades de financiación del sector público
Entre las causas que contribuyen a la acumulación de deuda comercial se encuentra el aumento de las necesidades de financiación del sector público. Según se explica en el informe elaborador por Equipo Económico, en 2020 la paralización de la actividad, la caída de los ingresos públicos y el incremento del gasto para paliar los efectos asociados a la pandemia Covid-19 han derivado en un aumento aún más significativo de las necesidades de financiación del sector público.
En aras de evitar que el desequilibrio en las cuentas públicas lleve de nuevo a situaciones de riesgo para la liquidez y solvencia empresarial, los expertos ven relevante establecer un seguimiento de la información disponible que permite analizar la situación de las obligaciones pendientes de pago del sector público frente al sector privado.
Incremento del gasto público
De cara a los próximos años el significativo incremento del gasto público y la debilidad de la recaudación harán que el déficit público se sitúe en el 8,8% del PIB en 2021 y el 7,9% en 2022.
"El importante desequilibrio presupuestario podría motivar, una vez más, el retraso adicional por parte de la administración en el pago a los proveedores lo que, a su vez, repercutiría negativamente sobre los niveles de liquidez de las empresas", se argumenta en el análisis.
Este hecho resultaría especialmente perjudicial para las pymes, ya que, bajo determinados supuestos, la falta de liquidez puede derivar en problemas de solvencia y, en última estancia, la desaparición de la empresa, con el consecuente deterioro del tejido productivo español.
Necesidades de financiación
Los retrasos en el pago de las administraciones públicas se acentúan en los primeros meses de 2021 y contribuyen a empeorar la situación que atraviesa el maltrecho tejido productivo en España. Muchos pequeños empresarios o autónomos se encuentran en una situación de no retorno y en el caso de los proveedores con la administración pública la trampa es doble, puesto que la expectativa de cobro es alta e invita a las compañías a aguantar en condiciones de tensión insoportable durante más tiempo, lo que hace que se deteriore la estructura de la empresa.
Sin embargo estas compañías, además de aquellas que tienen cuentas pendientes con empresas que contratan con la administración y que no cobrarán hasta que lo hagan las primeras, cuentan con alternativas solventes para que su estructura no sufra pese al retraso en el cobro por parte de los acreedores públicos. Para obtener liquidez inmediata existen otras alternativas y en España compañías como Gedesco, lideran la efectividad de estas mediadas.
Precisamente, para la problemática específica del retraso en los pagos de la administración pública Gedesco propone la solución del factoring, que permite cobrar las facturas de manera inmediata. En este caso, Gedesco anticipa el pago, ya esté adeudado por entidades privadas o por organismos públicos, convirtiéndose en el principal aliado para aliviar las tensiones de liquidez de estos proveedores y permitir que fluya la actividad con el resto de la cadena de valor.
Con 20 años de experiencia en el sector, Gedesco representa una de las mejores opciones de financiación para garantizar la solvencia de las empresas y relajar sus tensiones de liquidez en un momento crítico como el que vive España. Por eso, Gedesco ya es la opción prioritaria de financiación para muchas empresas ya que ofrece un catálogo de servicios muy completo y casi a medida de cualquiera de las situaciones que más se están repitiendo en esta pandemia.
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