El PSOE amplía el modelo Muface: más sanidad privada para los empleados públicos

D.S.C. analiza la reciente medida del PSOE sobre el incremento del gasto en sanidad privada por parte de los empleados públicos. 

Esto es algo indicativo de varias cosas. En primer lugar el privilegio de los funcionarios (y familiares) que disfrutan sin coste alguno de la sanidad privada permitiéndoseles elegir a qué tipo de sanidad acudir, lo que no ocurre con el resto de ciudadanos, que estamos obligados a financiar la pública y si queremos acudir a la privada tenemos que pagar doblemente. 

Y en segundo lugar, la hipocresía del gobierno (extensible a muchos funcionarios que interesadamente despotrican sobre lo privado cuando acuden en cuanto les dan a elegir a lo privado) en su dialéctica sobre la gestión pública de los servicios básicos pero que a la vez acude, recurre y amplía el concierto con el modelo privado de MUFACE. 

Todo menos dejar elegir al conjunto de ciudadanos qué proveedor quiere elegir, cuánto gastar o qué cubrir, dejando al Estado en todo caso no la provisión, sino la cuestión de subsidariedad o asistencialidad. 

Artículo de Libre Mercado: 

Sánchez y Carcedo amplían la sanidad privada para funcionarios | MyBlu

El Gobierno socialista que lidera Pedro Sánchez insiste reiteradamente en la importancia de promover un Estado de Bienestar basado en la gestión pública de los servicios básicos. Sin embargo, ese mismo gabinete ha optado por renovar y ampliar el concierto que regula el modelo Muface y que brinda sanidad privada a los empleados públicos.

En el curso 2020-2021, el nuevo convenio para el desarrollo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado supondrá un desembolso de dinero público cercano a los 2.255 millones de euros. A cambio, tanto un millón y medio de beneficiarios (incluyendo a un millón de funcionarios y a medio millón de familiares) pueden elegir un proveedor privado para recibir sus servicios sanitarios, sin necesidad de asumir coste alguno con su bolsillo.

La dotación del concierto va a mejorar en los dos próximos años, puesto que el Gobierno en funciones que dirige Pedro Sánchez ha decidido ampliar el presupuesto asignado a Muface en un 4,5%. Así se desprende de los datos que han facilitado a los medios desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Esta subida de la prima permitirá "mejorar la asistencia" e "incorporar nuevos servicios" a la cartera de MUFACE. Por ejemplo, las compañías privadas cubrirán directamente cualquier urgencia vital en que el asegurado opte por acudir a la sanidad pública. Por otro lado, se amplía la asistencia domiciliaria en las zonas rurales y localidades de menos de 20.000 habitantes.

Además, los funcionarios y sus familiares van a beneficiarse de otras mejoras en sus prestaciones, como el envío a domicilio de medicamentos de prescripción hospitalaria o la entrad en cartera de los servicios de la Clínica Quirón o la Clínica Universitaria de Navarra, dos prestigiosos centros privados con sede en Madrid.

El 80% de los funcionarios elige sanidad privada

El sistema Muface nace en 1963, durante el régimen del general Francisco Franco, e incluye a 1,5 millones de asegurados, de los cuales dos tercios son funcionarios y un tercio familiares y beneficiarios. El modelo ha sido replicado en otras instancias administrativas: también existen el régimen ISFAS, vinculado al Ejército, y la mutualidad Mugeju, ligada a la judicatura.

El coste por usuario del modelo ronda los 700 euros por persona y año, frente a los 1.200 euros que, de media, se gastan anualmente en concepto de sanidad pública per cápita. El grueso del gasto se dedica directamente a la contratación de pólizas, puesto que apenas el 2% del presupuesto de Muface se dedica a gastos de funcionamiento o de personal.

Según los datos de los últimos ejercicios, un 37% de titulares y beneficiarios elige como proveedor a SegurCaixa Adeslas, mientras que otro 28% opta por Asisa y un 13% se queda con DKV Seguros. Por lo tanto, las memorias del programa muestran que ocho de cada diez trabajadores públicos eligen la cobertura de las aseguradoras privadas en vez del servicio de salud estatal.