Manuel Llamas analiza la factura del ecologismo en España, desglosando por tipos de impuestos... y el fracaso de la Cumbre del Clima en Madrid.
Artículo de Libre Mercado:
La Cumbre del Clima celebrada en Madrid en la primera quincena de diciembre culminó en un estrepitoso fracaso ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo para penalizar a los países más contaminantes a través de la regulación de los mercados de CO2. Pero no fue el único fiasco para los adalides del ecologismo, puesto que los líderes de la UE también fracasaron en su intento de alcanzar la denominada "neutralidad climática" en 2050.
El Pacto Verde que pretendía imponer la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, consistente en que la UE emita sólo el CO2 que sea capaz de absorber en su territorio para mediados de siglo, a fin de "descarbonizar" la economía, se quedó en una mera declaración de intenciones gracias al veto de Polonia, que se negó a firmar dicho acuerdo. La ausencia de unanimidad imposibilita que el texto sea legalmente vinculante.
Sin embargo, ambos tropiezos a nivel internacional no evitarán que los estados más verdes intensifiquen su empeño en reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera a lo largo de los próximos años mediante nuevas restricciones y subidas de impuestos. Por el momento, Bruselas ya ha anunciado que presentará una Ley Climática en marzo, al tiempo que ofrecerá más dinero a Polonia, a través del Fondo de Transición Justa, para tratar de comprar su apoyo, dado que el 80% de su energía procede del carbón. Y todo ello sin olvidar que la UE también pretende encarecer las importaciones procedentes de países con estándares medioambientales más bajos, lo cual no deja de ser una nueva barrera proteccionista.
España no se queda atrás. El Gobierno en funciones que preside Pedro Sánchez quiere convertirse en un referente mundial en la lucha contra el cambio climático, sin reparar en gastos, mientras que su previsible socio de coalición, Podemos, incluye el ecologismo entre sus pilares programáticos.
El problema es que, más allá de la veracidad de dichos postulados y la eficacia o no de tales medidas, el coste de su implementación se traducirá, de una u otra forma, en más impuestos para los contribuyentes. Los impuestos verdes que aplica España ya recaudaron cerca de 22.000 millones de euros en 2018, frente a los 21.400 de 2017, y todo apunta a que esta cifra seguirá creciendo en el futuro. "Es previsible que, tanto en el mundo como en España, se incrementen los impuestos ambientales", según advierte un reciente informe sobre la materia elaborado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf).
La fiscalidad verde representó el 2,4% del PIB de la UE en 2017, muy por encima de la media del 1,6% que registra la OCDE, mientras que en España ronda el 1,8%. Asimismo, aunque la recaudación por impuestos ambientales en España se situó en el 5,4% de los ingresos tributarios totales, por debajo de la media de la UE (6,1%), este porcentaje supera en ocho décimas a Alemania (4,6%), en cinco a Suecia (4,9%) y en cuatro a Francia (5%). Los países europeos con una mayor recaudación verde son, por este orden Letonia (11,3%), Grecia (10,3%) y Eslovenia (10,1%).
En cuanto a las clases de impuestos ambientales, los que más recaudan son los que gravan la energía, que en Europa suponen el 76,9% de toda la fiscalidad verde y en España el 82,9%. Por el contrario, los que gravan el transporte en Europa recaudan el 19,8%, frente al 12,7% en España.
En el caso concreto de España, el Impuesto sobre Hidrocarburos, que recauda 13.156 millones, representa el 74% de los impuestos sobre la energía y el 61,5% del total de impuestos medioambientales, siguiéndole en importancia el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), que, con una recaudación de 2.225 millones en 2017, aporta algo más del 10%.
Los tributos que gravan la contaminación y la extracción de recursos, por el contrario, tienen un peso muy inferior en la particular tarta de la fiscalidad ambiental.
Por nivel administrativo, el Estado recauda el 82% de los impuestos verdes, siendo el de Hidrocarburos el más importante, aunque luego reparte entre el resto de Administraciones, frente al 8% de las autonomías y el 10% de las corporaciones locales -gracias, básicamente, al IVTM-.
Y, aunque la mayor recaudación ambiental de las autonomías se centra en el agua, con cerca de 1.300 millones de euros, su capacidad para inventarse nuevos impuestos empleando como excusa el ecologismo es muy elevada.
Por el momento, las CCAA aplican un total de 50 tributos verdes. Cataluña se sitúa a la cabeza, con ocho impuestos propios en esta materia, seguida de Andalucía, con seis, y Galicia y Aragón, con cinco, respectivamente. Madrid, por el contrario, tan solo aplica un impuesto sobre el depósito de residuos.
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