Un excelente artículo de Juan Manuel López Zafra sobre la historia de las pensiones (muy brevemente), la situación actual de las mismas y su preocupante situación futura si se quiere mantener el sistema de reparto (que así pretenden desgraciadamente los partidos políticos).
Por supuesto, que nadie dude de lo que esto va a suponer para los futuros pensionistas, como bien muestran los datos históricos y actuales y las proyecciones de las mismas por conservadoras y optimistas que puedan ser:
"El sistema de pensiones obligatorio es inseparable del de seguridad social, y éste es debido a Bismarck, como es bien sabido. En 1883 se introdujo el seguro obligatorio para cubrir el riesgo de enfermedad y la contingencia de maternidad, seguido del programa de indemnización de los trabajadores de 1884, y, finalmente, en 1889 se aprobó el seguro de invalidez y vejez, antecedente inmediato del actual sistema de pensiones. Conviene recordar el contexto pre revolucionario que vivía la Alemania imperial, que fue precisamente el detonante de las reformas.
En el caso de España, los orígenes del sistema de pensiones van en paralelo a la creación del Instituto Nacional de Previsión en 1908, con una modalidad de afiliación libre subvencionada por el Estado que se tornó en obligatoria en 1919. Hubo dos antecedentes no estatales y voluntarios que fracasaron estrepitosamente: los de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa, en 1900, y la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, en 1902.
En el sistema de reparto, de acuerdo con el concepto de solidaridad intergeneracional, los trabajadores en activo destinan (de forma coercitiva) una parte de su salario al mantenimiento de las pensiones que están cobrando quienes tienen derecho a ello, de acuerdo con la legislación en vigor en cada momento. Esta descripción somera debe hacernos reflexionar sobre, al menos, dos puntos. El primero, que haber cotizado durante toda la vida laboral da lugar al reconocimiento de un derecho de devengo de la pensión, no a su devengo. Es decir, que teniendo el derecho a cobrar el trabajador depende completamente de que las entradas del sistema sean suficientes en cantidad y número para cubrir su derecho. El segundo, pero no menos importante, es el hecho de que la pensión dependa del legislador. Considerando que la aportación al sistema proviene exclusivamente no de la capacidad de ahorro del trabajador sino de la decisión de un tercero –en épocas de bonanza económica jamás se han subido las cuotas destinadas al ahorro futuro, puesto que éste no se contempla en nuestro sistema–, siempre será el legislador quien decida cuánto tiempo, en qué cantidades y de qué forma tiene que cotizar un trabajador para devengar ese derecho.
Este sistema se apoya en tres pilares: el incremento anual de la productividad (que los defensores del sistema han ido variando a su conveniencia, entre el 3% y el más reciente 1,5%, cuando la realidad es que en los últimos 20 años ha sido de menos del 1% anual), el aumento de la población activa y el aumento de la tasa de actividad.
La tasa de dependencia define la relación por cociente entre los potencialmente jubilados respecto de los potencialmente activos. Si aceptamos que en nuestra sociedad actual los jóvenes se incorporan al mercado laboral con una edad aproximada de 20 años y que la edad real de jubilación está en el entorno de los 65 años (la efectiva en 2010 fue de 62,9 años, superior a los 62,1 años de media en la Unión Europea de los Veintisiete), la tasa de dependencia recogería el número de quienes han alcanzado la edad de jubilación respecto de quienes tienen entre 20 y 64 años, trabajen o no. De la revisión en 2011 de Naciones Unidas de su World Population Prospects de 2010 se deduce que, en el escenario demográfico más favorable (el de alta fertilidad), en menos de 20 años cada español potencialmente activo sostendrá a cada español jubilado. Es éste un escenario demográfico y no social, puesto que para que ello se diese se requeriría que cada español en edad de trabajar estuviese, efectivamente, trabajando. ¡Ojalá sea así!, pero incluso en ese caso la situación puede ser, cuanto menos, socialmente delicada.
Un segundo aspecto que recogen las proyecciones pero que no se suele recordar es el asociado a uno de los mayores logros de nuestra sociedad, el aumento de la esperanza de vida de los mayores. Este éxito social lleva aparejado un coste que todos aceptamos gustosos, pero que no debe hacernos olvidar el impacto financiero que supone. Recordemos que al establecerse como obligatoria la edad de jubilación en los 65 años, allá por 1919, el 90% de la población no la alcanzaba; hoy la supera el 90%. Sólo en los últimos 20 años la esperanza de vida de los mayores de 65 años se ha incrementado en 3 años.
El tercer aspecto aúna los dos anteriores y tiene que ver con las hipótesis en las que se basan los modelos de reparto más habituales. Por un lado, es generalmente aceptado que la tasa de actividad (proporción de personas que, estando en edad de trabajar, efectivamente están ocupadas) rondará el 75%. De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), históricamente jamás hemos alcanzado esa cifra, siendo la más cercana el 74,08% que se dio en 2011 y eso considerando en la misma a todos los que tenían 16 años o más. Cierto es que el propio INE plantea efectivamente en sus proyecciones esa cifra del 75%, por otro lado uno de los objetivos de la estrategia comunitaria Europa 2020. Más realista es el ratio de dependencia económica, que recoge la proporción de quienes no cotizan respecto de quienes sí lo hacen. De acuerdo con el reciente informe de Eurofound Income from work after retirement in the EU, todas las proyecciones de este ratio señalan una disminución en la UE del 65% actual al 57%. Esto supone que aproximadamente, en un horizonte muy cercano, cada cotizante deberá sostener prácticamente a dos no cotizantes.
Caben pocas opciones para la viabilidad, y todas deberían abordarse de forma conjunta: incremento de las cotizaciones de los trabajadores que actualmente sostienen el sistema, aumento de la edad de jubilación por encima de los 70 años y reducción significativa de las pensiones, ajustándolas además al ciclo económico. Esto es algo muy serio, y lo aborda sin duda el comité de expertos que ha estudiado la reforma por encargo del Gobierno. No sólo los activos verían mermados sus ingresos sino que deberían estar trabajando más tiempo para que cada pensionista (que ha aportado toda su vida en condiciones distintas a las que recibirá) cobre una cantidad muy inferior.
Existe un aspecto novedoso en la propuesta, el de equidad intergeneracional. Supone la introducción efectiva de la esperanza de vida del trabajador en el momento de alcanzar su jubilación y el ajuste de su pensión en consecuencia. Este concepto, que parecería un avance respecto a la situación actual, introduce, sin embargo, aspectos de gran injusticia. El más importante es que hay dos elementos cruciales que determinan en parte ese tiempo que queda por vivir: el sexo (las mujeres viven más) y la profesión del trabajador. Respecto del primero, la UE prohíbe la discriminación por sexo en todo tipo de seguro; el legislador tendrá que trabajar duro. Del segundo, sólo señalar que un grupo de investigación de la universidad coreana Wonkwang observó diferencias de hasta 12 años según la actividad previa del finado.
Así pues, estamos ante un nuevo intento de mantener vivo a un sistema condenado al fracaso. Vuelve a perderse la oportunidad histórica de plantear una reforma completa del sistema de pensiones, que pasa necesariamente por uno de capitalización.
Juan Manuel López Zafra es profesor titular de Estadística e Investigación Operativa de Cunef."
Fuente: El Mundo
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