Lamentable la nueva enmienda pactada por el PSOE y el PP e introducida por sorpresa y sin debate y que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), y que no hace otra cosa que aumentar las críticas y la dependencia judicial al poder político.
La nueva medida (que hasta ahora beneficiaba los jueces y fiscales que habían ocupado cargos inferiores al de ministro o consejero de una Comunidad Autónoma, y siempre dentro del ámbito de la Justicia) se hará extensiva ahora a todos los cargos políticos de confianza, incluidos los titulares de cualquier cartera, así como a los que fueron elegidos eurodiputados, diputados nacionales y autonómicos, senadores y miembros de una corporación local.
Además, se hará con efecto retroactivo, es decir, que se reconocerá a estos jueces y fiscales como años de ejercicio de sus profesiones los que han desempeñado en un cargo político, por lo que ganan antigüedad (beneficiándose en salario y ascenso).
También se les mantiene la categoría, reservándose así la plaza que dejaron o de categoría similar.
El nuevo proyecto de ley que ya ha entrado en vigor, sin que hayan transcurrido los 20 días de «vacatio legis» que son habituales, ha levantado críticas entre los jueces, haciéndose por sorpresa y de espaldas al CGPJ, que le correspondería elaborar un informe por afectar a la Ley Orgánica del Poder Judicial y, por tanto, a jueces y magistrados.
Y es que como defienden los jueces y magistrados, «compromete la credibilidad de muchas resoluciones judiciales futuras», pues hace al Poder Judicial «permeable» a la actividad política, y es que también se «potencia» un «descrédito» que nace de «regulaciones normativas ilógicas o designaciones personales de influencia».
Además se hace «eludiendo todo debate público», y se demuestra que al aplicarse con efecto retroactivo para quienes actualmente desempeñan cargos políticos «del mayor nivel», pone en evidencia que «la reforma se impulsa por complacencias personales y no por los intereses generales que deben presidir cualquier regulación institucional que afecte al núcleo esencial de control en un Estado democrático».
Pues nada, me nombran con un cargo político importante. Hago y deshago en función de los intereses de mi partido, y una vez salgo o me echan del gobierno, vuelvo como si nada y manteniendo todos mis privilegios a mi antigua función, y de paso puedo también devolver todos los favores que hagan falta, desde mi nueva y elevada posición judicial.
Viva la democracia y la independencia de la justicia. Realmente lamentable.
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