Elentir analiza los tres varapalos judiciales a la ley de género de Madrid (aprobada por el PP y respaldada por los distintos partidos con representación en su momento, PSOE, Cs y Podemos), por atacar (como ya denunciamos muchos) derechos fundamentales del ciudadano.
Una ley mordaza que persigue al ciudadano por razones ideológicas y que ataca derechos esenciales como la libertad de educación, el derecho a la presunción de inocencia y la libertad de expresión, y que el gobierno de Madrid (el del "socialismo o libertad" de boquilla) sigue (y seguirá) sin retirar o modificar.
Artículo de Contando Estrelas:
Hace cinco años la Asamblea de Madrid aprobó una polémica ley de género a petición del lobby LGTB y que lesiona derechos constitucionales.
Dos ‘leyes mordazas’ para imponer la ideología de género en la Comunidad de Madrid
Aquella norma (la Ley 3/2016, que se puede leer aquí) fue aprobada con los votos de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos (las cuatro formaciones que tenían representación en la Asamblea de Madrid) con el pretexto de combatir la “LGTBIfobia”, y se aprobó sólo tres meses después de otra muy similar (la Ley 2/2016) cuya excusa era combatir las discriminaciones contra los transexuales.
Ambas leyes, prácticamente redundantes, imponen la “inversión de la carga de prueba” -es decir, que el acusado tiene que probar su inocencia (como refleja el Artículo 48 de la Ley 2/2016 y el Artículo 66 de la Ley 3/2016), e imponen las tesis de la ideología de género en todos los centros educativos (Art. 22 de la Ley 2/2016 y todo el Capítulo XI de la Ley 3/2016) y en los medios de comunicación (Arts. 40 y 41 de la Ley 2/2016 y Art. 12 de la Ley 3/2016).
La primera multa por motivos de opinión y el primer revés judicial
El 16 de julio de 2016 alerté aquí sobre los peligros de la Ley 3/2016, señalando que era una amenaza para derechos fundamentales como la libertad de educación, el derecho a la presunción de inocencia y la libertad de expresión. Era una “ley mordaza” en toda regla y en sólo dos meses fue aplicada como tal: a finales de septiembre de 2016, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (del PP), ordenó investigar al director de un colegio privado por el mero hecho de criticar esa ley en una carta. Después de que la Inspección educativa y la Fiscalía no hallasen motivos para sancionar al director, Cifuentes decidió imponerle una multa de 1.000 euros en diciembre de 2016, todo ello en medio de un linchamiento mediático contra ese director.
El multado podía haber pasado por el aro, pero le hizo un favor a la causa de la Libertad y recurrió judicialmente la sanción. En octubre de 2018 la Justicia anuló la multa señalando que vulneró diez artículos constitucionales. Nadie en el PP pidió perdón por ello ni sugirió derogar la ley que había servido para perpetrar ese atropello contra la libertad de expresión.
La segunda sanción contra un libro y el segundo revés judicial
La segunda cacicada al amparo de esa Ley 3/2016 llegó también en diciembre de 2017: Cifuentes ordenó imponer una multa de 1.500 euros a una asociación por publicar un libro criticando los abusos de las leyes de adoctrinamiento sexual (ver PDF). Como había ocurrido con el director del colegio antes multado, en este caso ni la Fiscalía ni la Justicia observaron delito alguno en dicho libro. Pero a Cifuentes le dio igual, pues a fin de cuentas, esa ley fue creada para usurpar funciones exclusivas de los jueces, ya que sólo ellos tienen competencias para sancionar cualquier extralimitación de la libertad de expresión.
Una vez más, la Justicia dio la razón a los censurados y condenó a la Comunidad de Madrid. Para cuando eso ocurrió, y como ya había ocurrido con el director del colegio, la asociación censurada ya había sufrido el correspondiente linchamiento mediático. Una vez más, nadie del PP pidió perdón por ese nuevo atropello a la libertad de expresión ni sugirió que se derogase esa ley.
La tercera sanción ha sido la más elevada: un nuevo revés judicial
La historia se repitió en abril de 2019. Una “coach” que ayudaba a homosexuales que no se sentían satisfechos con su orientación fue multada por la Comunidad de Madrid en base a la citada Ley 3/2016, que también prohíbe ofrecer ayuda a quienes se encuentran en esa situación. Esta vez la multa fue de 20.001 euros, sanción que llegó nuevamente acompañada de una campaña de linchamiento mediático instigada por el propio gobierno regional madrileño.
La Asociación Española de Abogados Cristianos ayudó a la “coach” a recurrir judicialmente la sanción. Finalmente, la Justicia ha dado la razón a la multada y condena a la Comunidad de Madrid a devolver el importe de la multa y pagar las costas del juicio. Según ha comunicado la citada asociación, la Justicia advierte que la Comunidad de Madrid incurrió en un “fraude de ley” y recalcó que “las irregularidades procedimentales han supuesto una efectiva indefensión de la recurrente”. La presidenta de Abogados Cristianos ha denunciado que el procedimiento “se ha alargado 5 años el procedimiento sin ninguna justificación. Se ha tratado de una clara persecución ideológica a esta coach por parte del lobby LGTBI, amparada por la Comunidad de Madrid, en especial por el anterior vicepresidente, Ignacio Aguado”.
Una ley que se utiliza para iniciar persecuciones por motivos ideológicos
Como acabamos de ver, esa ley se ha utilizado tres veces para iniciar persecuciones ideológicas que son impropias de una democracia, unas persecuciones en las que políticos y funcionarios usurpan funciones exclusivas de los jueces, con el fin de imponernos lo que podemos decir y lo que no, al capricho del partido gobernante de turno. Que exista una ley así ya habría sido una anormalidad democrática aunque no se hubiese aplicado nunca, pero se ha aplicado esas tres veces y las tres han acabado en varapalos judiciales contra la Comunidad de Madrid por lesionar derechos fundamentales.
Hace un año Vox pidió derogar esa ley: el PP y Cs se negaron
Como ya señalé aquí en marzo, en el verano de 2020 el PP de Ayuso se negó a aceptar la condición de Vox de derogar esas leyes de género, una negativa a la que también se sumó Ciudadanos. Ahora cabe preguntarse: ¿cuántos varapalos judiciales más por lesionar derechos fundamentales hacen falta para derogar esas leyes totalitarias? No tiene sentido que el PP vaya a unas elecciones identificándose con la causa de la Libertad frente al socialismo, como hizo Ayuso en mayo, y mantenga ahora tres leyes que la Justicia ha puesto por los suelos por violar derechos constitucionales. Decídete ya, Ayuso: ¿socialismo o Libertad?
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Foto: Comunidad de Madrid.
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