José Carlos Rodríguez analiza los tres mecanismos que están empleando los políticos para someter nuestras libertades y vidas a sus arbitrios.
Artículo de Disidentia:
Una de las últimas ideas del Ayuntamiento de Madrid gobernado por Manuela Carmena fue la creación de una Alcaldía de la Noche. Es el claro ejemplo del cambio de la izquierda española: del “quien no esté colocado, que se coloque” de Tierno Galván al pastoreo político del ocio nocturno.
No cabe esperar mucho de un alcalde-batman que vigile la noche armado con un ejército de burócratas. Especialmente cuando observan absortos, pero indignados, los frutos de su propia política. “Es tan brutal la especulación que vivimos en el centro, que muchos locales emblemáticos están desapareciendo. Es una pérdida irreparable”. Lo que llama especulación tiene que ver con que el propio Ayuntamiento cerró Madrid a la construcción de casas y locales, lo cual encareció artificialmente los espacios ya ocupados. Cerrar una ciudad y lamentar los cambios que se producen en la oferta de ocio es muy conservador, pero es en lo que ha quedado nuestra izquierda.
Pero, como es difícil dar todos los pasos en falso, alguno parecía ir más encaminado. El Ayuntamiento se planteaba reducir el botellón ampliando la oferta de ocio, abriendo locales del propio Consistorio si fuera necesario. Y ampliando el horario del Metro.
El consumo de alcohol en la calle se ha generalizado. Los ayuntamientos están buscando ponerle coto de algún modo, y he repasado las hemerotecas de La Vanguardia, ABC, El Mundo y El País para comprobar qué imaginativas ideas proponían para encauzar el ocio nocturno a otros usos. A excepción del alcalde-Batman de Más Madrid, no encuentro nada interesante. Un breve editorial de La Vanguardia se lamenta de que ‘El tren del botellón’ lleve a Mataró a jóvenes dispuestos a chuzarse barato, el Ayuntamiento atiza a los infractores de las ordenanzas con montañas de multas, pero con ello sólo ha conseguido aumentar sus ingresos.
El Gobierno preparó una ley que preveía prohibir el consumo en la calle salvo en las terrazas, los happy hour en los locales, o la venta de alcohol en tiendas de conveniencia, y la televenta de alcohol. También preveía obligar a los locales a vender barata el agua, algo que interesará más a los aficionados a las pastillas que a quienes quieren ingerir alcohol. Y, por último, el bálsamo de fierabrás para todo político: el aumento de los impuestos sobre el alcohol en las tiendas. Rebajar los impuestos a la venta de alcohol en locales no parece que se les haya ocurrido.
Eso sí, lo que no se le había pasado por la cabeza a nadie era la posibilidad de imponer un toque de queda para acabar con el botellón. Sólo en Cataluña, se ha impuesto la prohibición de pisar la calle en 136 municipios. Una medida que afecta a seis millones de ciudadanos. Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana… El toque de queda se extiende por gran parte de España.
El motivo que se alega, claro está, no es la lucha contra el consumo de alcohol, sino la extensión de la pandemia. Pero esta lógica es más fallida de lo que puede pensarse. No sólo porque se empiece a vacunar a los jóvenes de la edad del botellón, sino sobre todo porque se ha roto la relación entre el contagio y lo realmente relevante: las estancias en las unidades de cuidados intensivos, y en última instancia las muertes.
Parece que el recurso a los toques de queda agota sus posibilidades, después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Es verdad que la sentencia ha llegado año y medio tarde, pero como me dijo un politólogo colombiano hace unos días, mejor que llegue tarde y respalde el orden constitucional, a que llegue a los tres meses para respaldar las violaciones de los derechos individuales, como ha ocurrido en su país.
La pandemia ha permitido al Gobierno, de forma ilegal, asaltar los derechos más fundamentales de los españoles, como son el de reunión y el de circular por la calle. En política, hay un elemento fundamental que es el antecedente. Hay territorios que no se transitan porque todo el mundo entiende que, simplemente, no se deben cruzar. Pero una vez el Gobierno rompe la veda, una vez que esos territorios han sido transitados, aparecen ante la opinión pública como transitables. Y lo que hace dos años nos parecía impensable, ahora se ven como medidas posibles, asimilables, o incluso necesarias.
Hay otro mecanismo político que hemos podido ver estos meses. La política se ve como un entramado de medios y fines. La ideología estatista, a izquierda y derecha, dice que los fines justifican los medios, y el liberalismo dice que todo medio debe ser respetuoso con los derechos de la persona, en la confianza de que si eso se cumpliese, la sociedad daría respuesta a sus propios problemas. Mejor, incluso, que sometiendo a la sociedad al mandato de los burócratas. Pero la mentalidad estatista es mayoritaria, y hay fines que tienen tanto predicamento, que cualquier medida que socave nuestra libertad parecerá adecuada a ojos de la mayoría, si se adopta para acercarnos a un mayor bien. Este es el caso de la salud.
Y hay un tercer mecanismo político que se ilustra trágicamente en estas fechas: la crisis permanente. El Gobierno de los Estados Unidos adoptó medidas que bordeaban la Constitución en su lucha contra el terrorismo, tras el atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Las bordeaban por fuera, quiero decir. Esa reacción puede parecer comprensible, quizás incluso necesaria, en su momento. Pero el asunto adquirió un cariz diferente cuando el vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney, dijo que el terrorismo era una amenaza permanente. Y que, en consecuencia, las medidas adoptadas contra el terror no debían decaer.
Lo mismo ocurre con el clima. No es ya que haya un cambio climático originado por el hombre y de carácter catastrófico, sino que estamos instalados en una permanente “crisis climática”, como cacarean los medios de comunicación. Y parece que lo mismo se quiere hacer con la pandemia. Se habla de una quinta ola que nadie ha visto, y que se desmiente sin más que mirando a los datos. Y se ha instalado una política de miedo para justificar cualquier medida a costa de nuestra libertad.
La ruptura de los consensos, la justificación de los medios por los fines, y la proclamación de crisis permanentes son tres mecanismos para someter nuestras vidas al arbitrio de los políticos.
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