Un artículo sobre la dictorial reforma de la Ley de Seguridad Nacional propia del chavismo que prepara el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos).
Artículo de Libertad Digital:
La Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno socialcomunista tuerce el espíritu de la Constitución y pervierte los mecanismos que garantizan el normal funcionamiento de una democracia. A tenor de lo que vamos conociendo, el riesgo de involución democrática de España es cada vez más patente debido a un presidente con aspiraciones dictatoriales y unos socios de Gobierno comprometidos en la destrucción de la obra nacional surgida de la Transición.
El anteproyecto de ley elaborado por el Gobierno incluye medidas fuertemente restrictivas de los derechos individuales recogidos por la Constitución, a pesar de que ese ámbito solo puede legislarse a través de una Ley Orgánica, que implica su aprobación por mayoría cualificada en su paso por las Cortes Generales. Pero, más allá de esa cuestión básica, que el Gobierno socialcomunista ha obviado con la incuria jurídica que lo caracteriza, lo cierto es que el articulado de esta norma resulta muy preocupante porque otorga al presidente del Gobierno unos poderes de tintes dictatoriales.
Así ocurre con la obligación impuesta a toda persona mayor de edad de realizar las "prestaciones personales" que exijan las autoridades competentes, un concepto tan inespecífico que puede dar cabida a cualquier abuso gubernamental. Pero es que Sánchez pretende también poner toda la propiedad privada también a su servicio, al incluir en su anteproyecto de ley la facultad de requisar todo tipo de bienes, tanto de particulares como de empresas, en caso de que el Gobierno lo considere necesario según su particular criterio.
A medida que vamos conociendo más contenidos de esta malhadada ley más crece la sensación de que estamos ante un embate contra la libertad que podría ser definitivo. Sánchez no disimula su ambición de poner el Estado a su servicio exclusivo, máxime ahora que las encuestas le muestran la peor cara. La oposición y la sociedad civil tienen que mostrar su absoluto rechazo a esta norma que, de aprobarse como lo quiere Sánchez, degradará nuestra democracia a niveles propios del chavismo.
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