Elentir expone el nuevo paso dictatorial del gobierno (PSOE y Unidas Podemos) que se va a producir con la anunciada reforma de la Ley de Seguridad Nacional, y que se vuelve a saltar diversos derechos fundamentales de la Constitución.
Otro suma y sigue de este esperpento de Gobierno, que sigue actuando impunemente contra las libertades y derechos de los ciudadanos, sin consecuencia alguna o bajo la complicidad de muchos.
No hace falta imaginar si una barbaridad legislativa así fuera propuesta por otro partido...
Artículo de Contando Estrelas:
Desde que llegó a La Moncloa, Pedro Sánchez no parece tener otro propósito que perpetuarse en el poder a base de ir erosionando nuestro Estado de Derecho.
Una reforma de la LSN para otorgar aún más poder al gobierno
El último capítulo de esa hoja de ruta autoritaria fue filtrado este sábado a un medio afín al gobierno, el diario El País, que ha anunciado una reforma de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) con este titular: “Todos los mayores de edad podrán ser movilizados en España en caso de crisis”. Según ese periódico socialista, si la ley llega a aprobarse, en un estado de crisis -declarado por el propio gobierno- “todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades.” Una afirmación que suena muy mal teniendo en cuenta que procede de un gobierno que ha usado la pandemia como una excusa para lesionar nuestros derechos constitucionales.
Los españoles podrían ser obligados a realizar prestaciones no remuneradas
En la citada noticia, El País señala lo siguiente: “las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. Quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrán derecho a ser indemnizados. En sus primeras redacciones, la ley excluye el pago de indemnización a quienes sean obligados a realizar una prestación personal“. Es decir, que podrían obligarte a trabajar gratis para el gobierno, sin especificar por cuánto tiempo. Eso es, directamente, expropiar a los españoles como personas, dando por hecho de que nuestro tiempo y nuestro trabajo carece por completo de valor para el Estado.
Además, El País añade que la reforma de la LSN que prepara el gobierno también afectaría a los medios de comunicación: “el anteproyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo“.
Sánchez se salta el Artículo 81 de la Constitución con esta reforma
El pequeño detalle que no parece importar al gobierno es que la actual Ley de Seguridad Nacional, aprobada en 2015, es una ley ordinaria, no una ley orgánica. Me remito a lo que señala el Artículo 81 de la Constitución Española:
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Los derechos constitucionales que resultarían lesionados
En su Sentencia 76/1983, el Tribunal Constitucional señaló lo siguiente: “el art. 81.1, al definir las materias propias de Ley orgánica, se refiere al «desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas», que es precisamente la rúbrica utilizada para designar el conjunto de los artículos comprendidos en la Sección Primera del capítulo II”. En dicha Sección Primera de la Constitución podemos encontrar algunos de los derechos fundamentales que se verían afectados por la reforma filtrada por el gobierno a El País:
- El derecho a la libertad (Artículo 17), que se ve afectado por la pretensión del gobierno de movilizar a los ciudadanos y someterlos a sus órdenes.
- La libertad de circulación (Artículo 19), un derecho estrechamente vinculado con el anterior, y que el gobierno ya ha lesionado gravemente durante los dos estados de alarma.
- La libertad de información (Artículo 20), al obligar a los medios de comunicación a publicar informaciones dictadas por el ejecutivo.
Estos tres derechos sólo pueden ser desarrollados con una ley orgánica, pero el gobierno pretende limitarlos con una ley ordinaria. Además, también se verían afectados derechos comprendidos en la Sección 2ª:
- El derecho a la propiedad privada (Artículo 33), al establecer requisas obligatorias de bienes.
- El derecho a la libre elección de oficio y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia (Artículo 35), al obligar a ciudadanos a hacer prestaciones personales sin ninguna compensación.
- El derecho a la libertad de empresa (Artículo 38), al obligar a la suspensión de actividades a empresas.
Todos estos derechos se verán afectados, además, por una reforma de una ley, la LSN, tergiversando la propia definición de seguridad nacional que figura en su preámbulo: “la Seguridad Nacional se entiende como la acción del Estado dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”. Cada vez es más y más urgente desalojar del poder a esta banda de aprendices de tiranos. Ya va siendo hora de que nos devuelvan la palabra a los españoles y haya nuevas elecciones.
—
Foto: Efe.
No hay comentarios:
Publicar un comentario