Daniel Lacalle analiza la situación energética en España, su relación con la competitividad (y en consecuencia con los salarios y empleo) y los retos energéticos de España para mejorar la competitividad y reducir el coste de la luz.
Artículo de El Español:
“Our one source of energy, the ultimate discovery, electricity” Paul Humphreys, Andy McCluskey
España no se puede plantear un futuro de crecimiento, mejores salarios y cambio del patrón de crecimiento si no pone como centro de su política la competitividad. Uno de los elementos esenciales de esa competitividad es el coste de la energía. En un entorno global en el que las materias primas están perdiendo peso y además no contribuyen al espejismo inflacionista (como explicamos aquí), no podemos seguir aceptando el unicornio de que la energía debe ser cara porque algún día, tal vez, el petróleo suba.
En esta columna hemos explicado cómo España tiene hoy una factura de la luz cara (vean) y repleta de costes fijos y subvenciones. En “pobreza energética y demagogia” daba ideas para reducir la tarifa.
A pesar de que los costes han bajado de manera muy importante, hasta un 70%, seguimos pagando la energía solar a un coste tres veces mayor que el petróleo. Ese es el verdadero impuesto al sol, la carga brutal que los consumidores pagan por una energía que supone menos del 6% de la producción y más del 20% del coste.
Es incongruente que España, con un 40% de sobrecapacidad instalada, siga subvencionando a clientes por la opción de “interrumpibilidad”. Una “ayuda” que paga el consumidor en la tarifa y que supone casi 500 millones de euros al año.
La factura eléctrica se ha cargado de costes fijos regulados que no han parado de subir mientras la demanda se estanca, con la eficiencia y el menor consumo tras la crisis. El concepto “energía consumida y redes” (kilovatios, transporte y distribución) habría subido casi un 12% en el período 2005-2014, mientras que el segundo, costes regulados por el gobierno, se habría elevado en más de un 189%. El coste de la luz en España ha subido más de un 65% desde 2008 hasta 2014.
La reforma eléctrica ha permitido terminar con el déficit tarifario. Ahora hay que preservar este equilibrio tarifario en el futuro, sin nuevas burbujas que eleven los precios y destruyan la competitividad.
Es el momento de iniciar reformas para mejorar la competitividad, abaratando el coste de la luz.
Se deben retirar cargas políticas de la factura eléctrica, como (i) el sobrecoste de las islas y enclaves, que por ser asunto de ordenación del territorio deben pasar a los Presupuestos del Estado, (ii) la financiación del esfuerzo en la acción por el clima (las renovables), que debe dejar de ser cargada en exclusiva a la electricidad, y (iii) el coste de la deuda del déficit tarifario. Junto al IVA, estamos hablando de la mitad de la factura.
Es necesario abordar una visión amplia del futuro de la energía en España. Si queremos avanzar en la descarbonización del mercado energético, se deben tomar amplias medidas en un periodo de transición, hasta conseguir el objetivo:
Apoyar las renovables vía incentivos fiscales y no subvenciones. Como se ha hecho en EEUU. Parece lo mismo, pero no lo es. Las subvenciones crean un efecto llamada y una señal de demanda artificial, que paga el consumidor, los incentivos fiscales solo se generan cuando se casa demanda y oferta, y abaratan la tarifa.
En Alemania, acudir a los subsidios ha llevado a duplicar la tarifa al consumidor y, encima, no reducir la dependencia del carbón, que sigue siendo más del 44% de la producción. Que se instalen renovables con un ritmo constante a medida que la demanda y la retirada de tecnologías obsoletas lo requiera, a lo largo de un periodo que permita una cadena logística que abarate el producto, no que se convierta en un efecto “llamada” a construir cuando los subsidios son excesivos sin beneficiarse de la bajada de costes posterior. Esto ayuda a crear un sector sostenible, competitivo y que cree empleo de calidad, no otro subterfugio de modelo constructor-promotor buscando subvenciones. Las subastas garantizan que la competencia baja los precios.
Ampliar la vida de las centrales nucleares, que no emiten CO2. Es necesario extender su vida útil de forma segura, para garantizar la sustitución por renovables en un periodo largo que garantice: (i) que el desmantelamiento se hace de forma escalonada y eficiente, no de golpe como en Alemania donde se ha duplicado la factura eléctrica, (ii) que se mantiene una factura competitiva, y (iii) que se adapta al ritmo de producción e instalación de renovables competitivas.
Disponer de potencia de respaldo de las tecnologías renovables intermitentes. El sistema eléctrico ha de suministrar el consumo en todo momento; y el viento y el sol son recursos intermitentes. Este respaldo solo lo puede dar hoy en día el gas natural en centrales de ciclo combinado, por su respuesta rápida y flexible. Los ciclos combinados no funcionan muchas horas, ante la abundancia de suministro, así que han de percibir un pago específico por estar disponibles. Este pago se puede fijar con mecanismos de subasta, que aseguran la competencia y bajan el coste.
Continuar reduciendo el uso del carbón como combustible en producción eléctrica. Las minas no competitivas tienen una senda de cierre, antes de fin de 2018. En tanto se están liberando ayudas sociales para las comarcas mineras.
Que los impuestos verdes aprobados sean finalistas. No puede ser que se aprueben “tributos verdes” y no se usen los ingresos para minorar el coste del consumidor, pagando parte de las primas, etc. No se puede hacer una política impositiva que sea exclusivamente recaudatoria y, con ella, ni se desincentiva el consumo de energías contaminantes, ni se reduce la tarifa. El consumidor está pagando las primas, los impuestos “verdes” y las subvenciones al carbón. Todo.
Abordar el bono social (lean). Es necesario implicar a los servicios sociales de las Administraciones para que liberen fondos de protección en colaboración con las empresas comercializadoras.
Respecto al autoconsumo, a la producción de electricidad en casa del consumidor, conviene dar libertad de elección, preservando la seguridad de las instalaciones para evitar accidentes, lo que requiere su registro, aplicando un cargo por el uso de la red, y evitando subvenciones como el balance neto, pero valorando los excedentes de energía con una referencia al precio mayorista de producción, como explicamos aquí y se está haciendo en EEUU.
Tenemos una oportunidad única de aprender de los errores de Alemania y los nuestros a la hora de orientar el sector energético. Debemos aprovechar la experiencia de esos desastres de planificación para poner como pilar esencial de la política energética la competitividad y la sostenibilidad. Apartar el modelo rentista que solo busca desplazar a tecnologías baratas para crear un modelo de competencia real, como el que existe en EEUU, donde las renovables y el gas han conseguido bajar las emisiones de CO2 y abaratar la factura del consumidor.
Si no lo hacemos, y seguimos pensando que el consumidor puede pagar 100 euros más al mes de tarifa por defender subvenciones injustificables, continuaremos viendo industrias desplazarse a otros países con costes menores. El patrón de crecimiento no se va a cambiar cargando al país de costes fijos porque lo decida un comité.
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