Ignacio Moncada analiza el bono cultural creado en Italia, un programa aplaudido con entusiasmo por políticos en España y de fácil aceptación por el electorado español (siempre propicio para la implantación de medidas populistas), pero que es un programa "nefasto porque es un arbitrario, corruptor, empobrecedor e injusto privilegio".
Artículo del Instituto Juan de Mariana:
A partir del próximo 15 de septiembre el Estado italiano entregará un cheque de 500 euros a cada joven que este año cumpla 18 años con una condición: que lo gaste en productos culturales. Los agraciados con el bono cultural tendrán hasta el final de 2017 para fundirse los 500 euros en cine, música, teatro, libros, museos, exposiciones y otros artículos y eventos. El objetivo oficial de la medida, según el propio subsecretario del Consejo de Ministros italiano, Tommaso Nannicini, es “dar la bienvenida a la edad adulta recordando lo importante que es el consumo de la cultura”. El hecho de que los cheques se estén regalando en exclusiva a los jóvenes que por primera vez disfrutarán del derecho a votar es una mera casualidad.
Como era de esperar, esta medida ha entusiasmado a los políticos españoles. Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, afirmó que se trata de una “buena medida cultural para los jóvenes”. Ibán García del Blanco, secretario de Cultura del PSOE, considera que ésta es “una apuesta política importantísima y una inversión relevante”. Jorge Lago, miembro del Consejo Ciudadano de Podemos en las áreas de Cultura y Formación, opinó que a su partido “le parece bien todo lo que esté destinado a aumentar el público cultural”. Y la responsable de Cultura de Ciudadanos, Marta Rivera, que no quiso quedarse atrás, aplaudió la medida y aseguró que le daba “una envidia tremenda”.
Aunque en comunidades autónomas como Extremadura o el País Vasco se han adoptado programas similares, ninguna se acerca en importancia y coste a la iniciativa italiana. Y visto el consenso absoluto entre los cuatro grandes partidos en torno a esta cuestión, lo sorprendente es que en España todavía no hayan implantado a nivel nacional un bono cultural como el italiano. La mayoría de los políticos patrios se deben de estar preguntando cómo no se les ha podido ocurrir antes.
Pese a que el electorado español es un caldo de cultivo muy propicio para la implantación de medidas populistas como el bono cultural, pese a que probablemente la mayoría de los españoles no puedan resistirse a un canto de sirena tan atractivo, el bono cultural es un programa político nefasto. Y es nefasto porque es un arbitrario, corruptor, empobrecedor e injusto privilegio. Vayamos por partes.
Probablemente una de las primeras dudas que le surgen a uno cuando lee acerca del bono cultural es: ¿Qué productos pueden comprarse realmente con esos 500 euros? ¿Qué se considera “cultura”? Por ejemplo, ¿son productos culturales que deberían incluirse en este tipo de programas el fútbol, los toros, los videojuegos, los juegos de rol, grupos musicales antisistema o el arte erótico o subversivo? La respuesta dependerá de a quién se pregunte, porque no todo el mundo tiene la misma concepción de cultura: lo que para muchos es cultura para otros puede ser una aberración. Para resolver este problema, inevitablemente será el Estado quien seleccione qué productos sí pueden acceder a este privilegio y cuáles no. Al ser arbitrario, por tanto, este programa otorga al Estado un enorme poder de manipulación de la sociedad al convertirse en el filtro censor entre lo que es cultura y lo que no.
El segundo problema del bono cultural es que, además, genera unos incentivos perversos generadores de corrupción. Cuando los políticos pueden discriminar qué productos pueden adquirirse con el bono cultural y cuáles no, los vendedores de este tipo de productos tendrán el incentivo de ejercer sobre dichos gobernantes las habituales presiones públicas o privadas para tratar de obtener el privilegio de ser seleccionados. Por ejemplo, tras anunciarse que en un principio la música en soporte físico o digital está excluida de este programa, el presidente del lobby musical italiano no ha tardado en salir a denunciar la discriminación de quedarse fuera del reparto del botín. Además, los incentivos perversos del bono cultural no se limitan a políticos y grupos de presión: no se extrañen si perciben un repentino aumento de jóvenes de 18 años revendiendo artículos culturales de segunda mano. No tardarán en encontrar la forma de monetizar este programa gubernamental.
El tercer problema, incluso más grave que los anteriores, es que el bono cultural es empobrecedor. Supone un coste de 290 millones de euros (equivalente a más de un tercio del presupuesto del Ministerio de Cultura de España) que se extrae a la fuerza de los bolsillos de los ciudadanos. De ese modo se impide que las familias gasten ese dinero en lo que consideren prioritario, y se obliga a gastarlo en actividades relacionadas con el ocio. Si bien el consumo de productos culturales y el disfrute de manifestaciones artísticas es enormemente enriquecedor a nivel individual y social cuando se realiza de manera voluntaria y libre, se vuelve empobrecedor cuando la coacción estatal interfiere en el proceso. Es preferible dejar esos 290 millones de euros en los bolsillos de los ciudadanos para que éstos decidan libremente si prefieren gastarlo en cultura o en otras cosas que consideren prioritarias.
Pero sin duda el problema más grave de todos es que, desde una óptica liberal, programas como el bono cultural son profundamente injustos. Supone la obtención de un injustificable privilegio por parte de organizados e influyentes grupos de presión a costa de los desorganizados contribuyentes. En general, arrebatar coactivamente a las personas el dinero que de manera legítima han obtenido supone una violación de sus derechos de propiedad. Pero ésta es aún peor cuando ni siquiera se trata de un asunto de máxima urgencia o de satisfacer unas necesidades mínimas vitales, sino de entregar dichos recursos a adolescentes para que se los gasten exclusivamente en ocio.
En conclusión, el bono cultural que este mes se estrena en Italia, y que con tan buenos ojos ven los políticos españoles, es una medida que deberíamos rechazar por arbitraria, corruptora, empobrecedora e injusta. La producción y disfrute de producciones culturales es un proceso individual y socialmente enriquecedor, pero debería tratarse también de algo libre y espontáneo. La interferencia del Estado en este ámbito no sólo distorsiona y corrompe el valioso proceso cultural, sino que lo convierte en socialmente empobrecedor y en una fuente de injustos privilegios.
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