Contra la vacunación obligatoria

Juan R. Rallo reflexiona sobre el intento de imponer la obligatoriedad de la vacunación por parte de cada vez más políticos y personas. 

Artículo de El Confidencial: 

Una chica recibe una dosis de la vacuna contra el coronavirus. (EFE)

Vacunar a alguien en contra de su voluntad es una de las agresiones potencialmente más intensas que pueden darse en contra de su libertad: supone violar su integridad física para inocularle un preparado con posibles beneficios (en forma de inmunización) pero también con posibles riesgos (en forma de efectos secundarios). Debería ser, por tanto, el propio individuo quien, en última instancia, contara con la soberanía para evaluar (con acierto o sin él, desde la perspectiva de un tercero) si le importan más los beneficios que los riesgos o al revés. Resultaría harto peligroso que legitimáramos a largo plazo al Estado a inyectarnos arbitrariamente aquellos fármacos que él juzgue apropiados en nombre del bienestar social, por mucho que en algunos de esos casos —como pueda ser el presente— muchas personas (pero no necesariamente otras) puedan estar de acuerdo en inyectárselos de manera voluntaria.

 

El Estado puede imponer la obligación de vacunarse por dos vías: o a través de la coacción directa (anulación por la fuerza de la disposición del paciente sobre su cuerpo para inocularle la vacuna) o, más habitualmente, mediante sanciones de distinta índole: por ejemplo, multas pecuniarias o, tal como acaba de anunciar Macron, restricciones permanentes a la movilidad para poder entrar en bares, restaurantes, centros comerciales, trenes y autobuses. Por supuesto, la primera es una conculcación de la libertad mucho más brutal que la segunda, pero aun así la segunda resulta muy poco justificable.

El argumento que suele esgrimirse para defender la vacunación obligatoria es que las personas vacunadas son menos propensas a transmitir el virus a terceros no vacunados, de modo que declinar la vacuna generaría una externalidad negativa sobre esos terceros: y si nadie está legitimado a generar un daño sobre terceros, entonces tampoco debería permitírsele a nadie que anduviera suelto sin vacunarse. Ahora bien, toda externalidad negativa derivada de no hacer algo puede caracterizarse alternativamente como una externalidad positiva derivada de hacer ese algo: en este caso, podríamos decir tanto que no vacunarse genera una externalidad negativa sobre terceros (mayor riesgo de infección) cuanto que optar por vacunarse genera una externalidad positiva sobre terceros (menor riesgo de infección). Por consiguiente, tan válido para internalizar las externalidades de la vacunación sería castigar a quien no se vacune como recompensar a quien lo haga.

 

Dado que en este caso las vacunas se están administrando gratuitamente, ya se están subsidiando parte de las externalidades positivas que se generan. Puede que ese incentivo no sea suficiente para vencer la resistencia de los más fervorosos militantes antivacunas, pero en tal caso la solución pasaría por ir incrementando los incentivos monetarios a vacunarse hasta vencer su resistencia (siempre que se considere que el beneficio marginal de vacunarlos supera el coste monetario de hacerlo) y retirarlos por entero cuando se alcance el porcentaje de población vacunada deseado (que idealmente no debería revelarse para evitar comportamientos estratégicos). De hecho, si de verdad nos tomamos en serio el argumento de internalizar fiscalmente las externalidades positivas o negativas, recordemos que, para alcanzar la eficiencia paretiana por esa vía, el beneficiario de suprimir una externalidad negativa o de fomentar una externalidad positiva debería cargar con parte del coste de esa medida (en caso contrario, lo óptimo desde su perspectiva siempre sería reducir a cero las externalidades negativas o fomentar hasta el infinito las positivas): y eso no sucede cuando la externalidad negativa se internaliza con obligaciones unilaterales sobre los no vacunados (y sí sucede, en cambio, cuando la externalidad positiva se internaliza con recompensas hacia los que opten por vacunarse, que son financiadas, en parte, por el resto de la población).

Pero es que, además, existiendo amplia disponibilidad de vacunas, siendo estas enormemente eficaces para prevenir las manifestaciones más graves del covid-19 y estando plenamente subsidiadas para el paciente, quienes quieran evitar contagiarse dentro de una sociedad donde subsisten grupúsculos de antivacunas lo tienen bastante sencillo: vacunarse ellos mismos y, por tanto, protegerse frente a los principales riesgos de cualquier infección que pudiesen provocarles los antivacunas. En este sentido, las restricciones a la movilidad —incluyendo el pasaporte covid— podrían haberse justificado, incluso desde un punto de vista liberal, como la alternativa menos mala para proteger a terceros inocentes frente al riesgo de contagio, pero solo hasta el momento en que existieran mecanismos más eficientes —y respetuosos con la libertad individual— de hacerlo: a saber, hasta que diéramos con una vacuna que cada cual pudiera decidir si administrarse o no.

 

Haríamos muy mal en normalizar lo excepcional, en otorgar al Estado nuevas potestades sobre los cuerpos de las personas a cuenta de la crisis sanitaria del covid-19. Una vez contamos con líneas defensivas frente al coronavirus, una vez hemos tenido tiempo de adaptarnos individual y socialmente frente a él, los poderes extraordinarios que adquirió el Estado durante un breve periodo deberían retroceder y desaparecer más pronto que tarde. Jamás incrementarse todavía más. Por desgracia, los hay que, incluso en nombre del liberalismo, abogan por seguir expandiendo esas potestades extraordinarias, hasta el punto de abogar por la vacunación obligatoria contra ciudadanos que (aun equivocándose muy probablemente) rechazan hacerlo. ¿Vale todo permanentemente frente a una pandemia o existen límites morales que no deberíamos quebrantar?